Una red criminal facilitó desde Almería la entrada de migrantes a Europa: arranca el juicio a ocho acusados

La Audiencia Provincial de Almería ha comenzado este lunes a juzgar a ocho personas acusadas de integrar una red criminal que, entre 2022 y 2023, facilitó la entrada clandestina de migrantes —principalmente de origen sirio y argelino— por el litoral almeriense, gestionando su posterior tránsito hacia países como Alemania.

Tres de los procesados han reconocido los hechos al inicio de la vista oral, tras rebajar la Fiscalía sus peticiones de cárcel. En concreto, M.B. ha visto reducida su pena de 11 a 6 años, M.C.M.C. de 8 a 4, aunque no se solicitará su ingreso en prisión por su discapacidad psíquica, y A.C., alias 'Isa', de 7 a 4 años.

El escrito de acusación describe una estructura criminal estable y jerarquizada, activa desde septiembre de 2022, que coordinaba desde Argelia la salida de pateras hacia la costa de Níjar, especialmente en San Isidro y San José.

Según la Fiscalía, la red estaba liderada por E.M.F. y M.B., que ejercían labores de coordinación, organizaban recogidas, enviaban dinero mediante sistemas como HAWALA, RIA y Western Union, y gestionaban el transporte y alojamiento de los migrantes.

Cada acusado tenía una función específica: S.C., alias 'Slowo', actuaba como conductor y vigía para esquivar controles, además de ser el enlace con organizaciones en Argelia; mientras que R.A. se ocupaba de logística y acompañamiento, como la manutención o reserva de billetes.

Por su parte, M.C.M.C. proporcionaba alojamiento y recursos básicos, utilizando su propia tarjeta bancaria, mientras que Y.O.K. alquilaba vehículos para transportar a los migrantes hacia otros destinos y compraba pasajes de avión, y A.C. ('Isa') y Y.B. ('Idir') ofrecían sus viviendas y garajes como puntos de acogida temporal a cambio de una cuota mensual.

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y solicita penas de entre siete y once años de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Durante esta primera sesión, el abogado del principal acusado, José Miguel Ramos, ha pedido la nulidad de las intervenciones telefónicas, solicitud a la que se han adherido otros letrados, como Piedad Moreno.

Algunos de los acusados se encuentran en prisión provisional, mientras que otros están en libertad a la espera de juicio. La causa se apoya en una investigación desarrollada por la UCE-3 de la Guardia Civil, unidad especializada en inmigración irregular, que permitió desarticular la red mediante intervenciones de comunicaciones, seguimientos y localización de viviendas utilizadas como refugio para los migrantes.