El avance de la cultura preventiva en las empresas almerienses en los últimos años, aplicando una serie de medidas fundamentales para erradicar los riesgos y accidentes laborales no han conseguido mermar la estadística de fallecidos ni tampoco la de la siniestralidad, si bien la pandemia ha conseguido rebajar levemente la serie de incidentes en los centros de trabajo. Durante el confinamiento bajó la actividad al restringirse a los servicios esenciales entre marzo y junio y también se extremaron las medidas de seguridad generando un retroceso del 15% en los accidentes. Sin embargo, la cifra de muertes fue mayor que la del año anterior, lo que evidencia que ni tan siquiera la peor crisis sanitaria de la historia reciente ha podido ponerle freno a la siniestralidad.

La principal herramienta del tejido productivo en esta batalla por la salud y protección de los trabajadores son las políticas de prevención de riesgos y la garantía de que se aplican recae en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que levanta el acta de infracción dando paso a la tramitación por parte de la autoridad laboral competente que es la Junta de Andalucía. Diario de Almería ha tenido acceso tanto al registro de infracciones del Gobierno como a la estadística de sanciones de lo que va de siglo de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la administración andaluza.

Manifestación de los sindicatos el 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El organismo estatal ha detectado 4.275 infracciones entre la última década en la provincia, siendo 2019 el año con más incidencia del trabajo de los inspectores. La plantilla se ha reforzado recientemente con un subinspector de prevención de riesgos laborales que intensificará el control y las campañas de vigilancia en los próximos ejercicios. En el último año fueron 418 las infracciones, cifras muy por encima de las 372 de 2015, 360 de 2014 o 278 de 2013. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo es la encargada de instruir los expedientes sancionadores a partir del acta previa de la Inspección y cuenta además con un cuerpo de tres técnicos habilitados del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería que en el último año y los dos primeros meses de 2021 han realizado 952 visitas a empresas para asesorarlas sobre las medidas necesarias en seguridad y salud de los trabajadores.

Si no adoptan las recomendaciones se deriva el procedimiento a la Inspección para que levante el acta por infracción (leve, grave o muy grave) que a continuación vuelve a la Junta. Un trabajo perfectamente coordinado, codo con codo, que permite poner al descubierto errores empresariales antes de que pueda producirse un accidente. La Dirección General de Trabajo de la Junta ha instruido 6.191 sanciones en lo que va de siglo, siendo 2005 el año con mayor número de multas al alcanzar las 553 con una cuantía económica por encima de los tres millones de euros. Durante los años posteriores a la crisis económica las sanciones cayeron por debajo de las 200 y después han venido creciendo hasta las 358 de 2019. Las sanciones leves y graves las tramita directamente la Delegación Territorial, pero las muy graves pasan directamente a la Consejería, al igual que los recursos de alzada.

72 muertes en accidentes laborales desde 2016 en la provincia incluyendo los siniestros tanto en los centros de trabajo como in itinere

La mayoría de las actas que les remite la Inspección de Trabajo para la apertura del correspondiente expediente sancionador corresponden a infracciones graves por no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos, no aplicar el plan de prevención, no realizar los reconocimientos médicos a los trabajadores, no proporcionarles formación y equipos de protección individual en caso de necesitarlo. La Junta también canaliza las sanciones por infracciones en las relaciones laborales y en la última década han sido 1.387. Precisamente el año de la pandemia ha sido el que más expedientes ha generado en este apartado relacionado con no solicitar las afiliaciones de los trabajadores o dar ocupación a los que perciben prestaciones incompatibles con la actividad profesional con 223 por valor de 515.774 euros.

La cuantía de las sanciones impuestas por la Junta contemplan irían de 40 a 2.045 euros para las leves, 2.046 a 40.985 para las graves y 40.986 hasta 819.780 para las muy graves que son menos frecuentes y normalmente se dilatan porque se judicializan al estar asociadas a accidentes de trabajo que pueden saldarse con fallecidos. Ocurrió con Hintes Oil Europa por una explosión que costó la vida a dos trabajadores. El Juzgado de Instrucción nº1 ha sobreseído la causa, pero la Junta determinó una sanción muy grave por importe de 40.986 euros. Entre 2016 y 2021 han sido 34 los expedientes que se han saldado con el peor castigo de la autoridad laboral competente.