“Seguimos trabajando para garantizar la seguridad ciudadana en Adra”: el subdelegado responde a la presión tras el crimen

“Seguimos trabajando en dos líneas: para esclarecer el crimen y para garantizar una cuestión básica como es la seguridad ciudadana”. Así se ha pronunciado este lunes el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, al cumplirse una semana del asesinato a tiros de José G.M., un joven de 23 años del clan de Los Lateros, en la barriada de Puente del Río, en Adra. El presunto autor, un hombre de entre 50 y 60 años perteneciente al clan rival de Los Saúles, continúa en paradero desconocido.

Lejos de enfriarse, la tensión ha ido en aumento durante los últimos días. A la conmoción vecinal se han sumado los actos violentos posteriores, como la quema de cuatro viviendas y de un vehículo junto a la iglesia del barrio. La Guardia Civil mantiene un dispositivo especial para contener posibles represalias entre clanes familiares y garantizar la convivencia. Sin embargo, en las últimas horas han comenzado a circular por redes sociales —especialmente WhatsApp y TikTok— audios y vídeos grabados por miembros de Los Saúles, en los que insisten en que el homicidio fue “un accidente”, niegan buscar venganza y piden ayuda institucional para regresar a sus casas.

Frente a estas presiones, el subdelegado del Gobierno ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y firmeza. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no descansan en su labor. En coordinación con la Policía Local, intensifican su presencia para asegurar que Adra sigue siendo un lugar seguro para todos sus vecinos”, ha subrayado Martín. También ha recordado que la semana pasada se celebró una Junta Local de Seguridad extraordinaria para reforzar la cooperación institucional ante esta escalada de violencia.

“En el momento que haya alguna novedad sobre la investigación, se comunicará en la medida de lo posible y siempre que la autoridad judicial así lo permita”, ha afirmado, en referencia directa a la búsqueda del presunto autor del crimen, considerado el desencadenante de este nuevo episodio de conflicto entre clanes familiares.

Los mensajes difundidos por Los Saúles aumentan la presión. Uno de los más extensos defiende que la muerte de José fue “un accidente” y relata que el padre del presunto autor intentó socorrer a la víctima. “No somos asesinos de niños ni de mujeres”, insiste el orador, aunque lanza una amenaza explícita: “Cuando menos te lo pienses vamos a traer 20 hombres y vamos a ver quién tiene más huevos y quién se queda con el pueblo”.

Otro de los mensajes, dirigido al alcalde de Adra, Manuel Cortés, y al propio subdelegado, reivindica el derecho a volver a sus casas y exige ayuda pública. “No quiero jaleo, pero no me voy a quedar en la calle. Si nos quieren matar, que nos maten”, afirma, mientras reclama indemnizaciones por las viviendas quemadas y plantea la posibilidad de trasladarse a otra provincia con su familia.

En un tercer vídeo, otro miembro del clan habla entre lágrimas: “Mis hijos parecen bichos. Prefiero que me maten antes que verlos así. Me voy a mi casa”, dice. “Y si me matan, será culpa de ustedes”, advierte, en referencia directa a las autoridades. “Que nos paguen las casas y nos vamos a vivir en paz a otro pueblo”, concluye.

El trasfondo del conflicto no es nuevo. La barriada de Puente del Río ha sido señalada en varias investigaciones como uno de los enclaves de actividad delictiva vinculada al narcotráfico y al contrabando de combustible para narcolanchas, el conocido petaqueo. En 2024, la Operación Ovidio ya situó a miembros de estos clanes en el epicentro de una red logística que abastecía a embarcaciones ilegales.

En febrero de este año, un coche patrulla fue incendiado en La Alquería, en lo que se interpretó como una represalia directa contra la Guardia Civil. Desde entonces, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado declarar el Poniente almeriense como zona de especial singularidad y ha exigido más medios humanos, materiales y legales.

Mientras tanto, en Puente del Río, el miedo y la incertidumbre siguen latentes. Los vecinos piden soluciones duraderas. Las autoridades insisten en que están actuando. Y los mensajes que se filtran por redes sociales alertan de que el conflicto podría escalar en cualquier momento. “Estamos más cerca de lo que pensáis”, avisa uno de los audios.

“La pacífica convivencia es básica para una sociedad democrática como la nuestra”, recordaba este lunes el subdelegado del Gobierno. El desafío ahora no es solo judicial o policial: es político, social y comunitario. Y afecta directamente a la seguridad de cientos de vecinos que solo desean recuperar la normalidad en las calles del barrio.