Tres días sin luz en Almería: 43 puntos apagados y 2.000 vecinos atrapados por un corte “deliberado”

Un administrador de fincas denuncia un “corte deliberado” después de recibir llamadas y mensajes que considera coacciones de un asesor energético externo

Una narcolancha se hace fuerte durante dos días en la playa de la Granatilla

Imagen de un cuadro de fusibles.
Imagen de un cuadro de fusibles. / D.A.

Gustavo Adolfo Guerrero Moya aún habla en presente cuando recuerda los días 11, 12 y 13 de noviembre, como si el apagón siguiera encendido dentro de su cabeza. “Esta semana me ha reventado la vida”, dice sin levantar la voz. Lo repite varias veces, no como una frase hecha, sino como quien aún intenta comprender que una sola decisión administrativa —un cambio de comercializadora eléctrica que creía inocuo— terminó dejando sin luz a 27 comunidades, afectando a dos mil vecinos y obligándolo a enfrentarse a uno de los episodios más duros de su vida profesional.

Gustavo dirige Asesoría Indamar, una administración de fincas que lleva casi treinta comunidades en distintos puntos de la provincia. Su voz no es la de alguien que exagera; es la de alguien que aún está exhausto. “Me llamaron a mediodía y pensé que sería una avería. Empezaron a escribirme vecinos de varios portales y todos me decían lo mismo: no funciona el ascensor, no hay luz en las escaleras, no va la bomba de presión del agua. Era un caos”, recuerda. No tardó en descubrir que no había ninguna avería. “Me encuentro con que la empresa nueva había ordenado cortar los suministros. Cuarenta y tres puntos. Todos a la vez.”

La historia empieza unas semanas antes, cuando un asesor energético externo —una figura que suele ayudar a los administradores a mejorar tarifas— gestionó en su nombre un cambio de compañía a Reciclajes Ecológicos Nagini S.L.. Ese cambio, según explica, se hizo de forma irregular. “Me encuentro con que este asesor había puesto los contratos a su nombre. Yo no sabía nada. Me entero un sábado. Lo llamo, discutimos, me dice que está todo hecho y que va a hablar con ellos. Pero al final los cortes llegan igual.”

El 11 de noviembre, a primera hora, empiezan a caer los suministros. “Era todo por fases. Primero una comunidad, luego otra, luego cinco más. De pronto, me veo con 43 puntos apagados. Y yo diciendo: ¿pero qué está pasando aquí?”. Gustavo intenta contactar con la comercializadora. Dice que al principio le cogen el teléfono, pero enseguida cambian de actitud. “Me empiezan a pedir dinero. Me dicen que hay una deuda. Les digo que no existe ninguna factura, que no hay consumo, que no han mandado nada. Y me responden que si no les hago una transferencia inmediata, no reactivan nada. Querían 250 euros por punto. Más de diez mil euros.”

Lo repite con una mezcla de incredulidad y cansancio. “Era una barbaridad. Pero lo peor es que la gente estaba sin luz. Tenía a vecinos mayores atrapados, gente que no podía ir a sus citas médicas porque los ascensores no funcionaban. Había quien tenía que subir a oscuras con linternas. Yo no podía pagar ese dinero porque no existe ninguna factura, las cuentas son mancomunadas y necesito autorización de los presidentes. Y, sobre todo, porque era un chantaje.”

Gustavo se pasa los siguientes días sin apenas dormir ni comer, atendiendo cientos de llamadas. “Fueron días horribles. Pensé que me arruinaban. La gente me decía que me iban a denunciar, que yo tenía la culpa. Y yo sin poder hacer nada.” Finalmente, decide una salida de emergencia: reconectar todos los suministros pero directamente con Endesa, saltando por completo a Nagini. Esa operación, técnicamente compleja, se logra en tiempo récord. “En dos días conseguimos restablecer casi todo. Casi 43 puntos. Eso fue gracias a todo mi equipo, que estuvo conmigo sin parar, apoyándome a cada minuto.”

Gustavo quiere que se mencione a quienes le ayudaron. Lo considera un acto de justicia. “Fontanería Moisés, Grupo Ortiz de Endesa, Indapower, Avetel Telecomunicaciones y Electricidad, Fontanería EVA y El Brillante fueron fundamentales. Estuvieron conmigo cuando yo me veía hundido, y trabajaron sin descanso para que la gente no estuviera más tiempo sin luz.” Lo dice con gratitud, como quien sabe que ese trabajo le salvó más que una semana: le salvó la profesión.

El caso de Gustavo no es aislado. Y es que el despacho Lex Iberia Servicios Jurídicos ha tenido conocimiento de una querella procedente de Barcelona por episodio muy similar. Su relato coincide en la secuencia: una oferta con precios muy bajos, un cambio masivo de suministros, una llamada exigiendo dinero, una amenaza explícita y un corte que deja varias comunidades a oscuras. “Todo lo que me cuenta Gustavo es lo mismo que ha ocurrido en otras provincias”, asegura Antonio Molina, abogado del despacho.

Antonio Molina, abogado de Lex Iberica.
Antonio Molina, abogado de Lex Iberica. / D.A.

Molina explica que estos hechos no son simplemente un abuso comercial. “Hablamos de posibles delitos de coacciones, extorsión, estafa agravada y usurpación de estado civil. Y estamos viendo que hay patrones que encajan en distintos puntos de España”, afirma. El abogado remarca que una empresa no puede ordenar un corte sin factura, sin deuda comprobada y sin el preaviso legal de quince días. “La luz de una comunidad de vecinos no se corta así. Es imposible. Eso es lo que me sorprende y me preocupa.”

El letrado reconoce que la coincidencia con otros casos es casi calco. “Hay una querella presentada en Barcelona contra esta misma empresa. Y describe el mismo modus operandi: captación con precios bajos, migración irregular de puntos, exigencia de dinero sin factura y cortes para forzar el pago.” Molina asegura que la situación podría repetirse en otras ciudades.

Gustavo ya ha iniciado el proceso para presentar su propia querella con Lex Iberia Servicios Jurídicos. Lo hace por los daños sufridos, por el intento de cobro indebido y por el perjuicio económico que, según él, aún está cuantificando. “He perdido clientes, he tenido que pedir disculpas por algo que no he hecho, y me he visto completamente solo hasta que conseguí reaccionar.” “Si vuelven a recuperarlos y me vuelven a cortar, me destrozan”, responde sin dramatismo al preguntarle si teme que la compañía vuelva a intentar captarlo o migrar los contratos de nuevo. “No estoy hablando de perder dinero. Estoy hablando de perder mi vida.”

Días después de restablecer el último suministro, Gustavo dice que todavía sigue revisando papeles, correos y contratos, intentando asegurarse de que no quede ningún cabo suelto. “Ha sido una locura. Pero ahora, por lo menos, sé que no estoy solo y que hay gente que ya está denunciando esto.” Lo que queda claro al escucharlo es que, para él, el apagón no fue solo eléctrico. Fue un apagón emocional, laboral y humano del que aún está saliendo. Y, sin embargo, lo dice con la serenidad de quien ha sobrevivido al peor golpe: “Lo único que me queda es que hice lo correcto. No cedí al chantaje. Y eso, aunque me haya costado estos días de infierno, era lo que había que hacer.”

“Una querella por estafa y coacciones ya ha sido presentada contra Nagini en la Audiencia Nacional”

La empresa Reciclajes Ecológicos Nagini S.L., el nombre que aparece detrás de diversos cortes irregulares de suministro denunciados en Almería, ya está siendo investigada en otra causa abierta en la Audiencia Nacional. La querella, presentada por un despacho de Barcelona y a la que ha tenido acceso este periódico, describe un modus operandi que coincide de forma casi milimétrica con lo que han relatado administradores de fincas almerienses.

El documento sostiene que la compañía habría captado a diferentes administradores ofreciéndoles tarifas bajas y condiciones ventajosas para migrar los suministros de sus comunidades. Tras obtener los datos, la empresa habría tramitado cambios de titularidad sin consentimiento válido y habría ejecutado migraciones masivas a su nombre. Ese primer movimiento, según la querella, sería el punto de partida de una maniobra más amplia destinada a obtener pagos indebidos.

El escrito detalla que, una vez completados los cambios, la empresa exigía al administrador el pago inmediato de cantidades elevadas, calculadas en función de los puntos de suministro migrados. Esas cantidades se reclamaban sin emitir factura, sin justificar deuda alguna y sin detallar el concepto. Cuando los administradores rechazaban pagar, la empresa habría amenazado con ordenar cortes de luz para forzar la entrega del dinero. La querella afirma que estas amenazas se convirtieron en cortes reales en distintas comunidades, afectando a portales completos y dejando a vecinos sin luz en zonas comunes.

La acusación sostiene que estas acciones podrían constituir varios delitos: coacciones, extorsión, estafa agravada, usurpación de estado civil y, en conjunto, una actuación continuada destinada a obtener beneficios económicos mediante la intimidación. La querella sostiene que la empresa realizó cambios contractuales utilizando los datos de administradores y comunidades sin autorización, atribuyéndose su identidad jurídica en trámites que no habían sido consentidos, lo que encaja, según el escrito, en el delito de usurpación de estado civil.

En uno de los pasajes, la querella menciona que los cortes habrían sido utilizados como herramienta de presión para obligar al pago, incluso cuando no existía deuda ni procedimiento legal. El abogado Antonio Molina, del despacho Lex Iberia Servicios Jurídicos, confirma que los hechos descritos en Barcelona guardan una “similitud completa” con los que han ocurrido en Almería y recuerda que un corte de suministro solo puede producirse tras un procedimiento reglado, con aviso previo y deuda fehacientemente acreditada.

El letrado considera que la existencia de la querella de Barcelona es un elemento clave para entender la dimensión del problema. “Esto no empieza ni termina en Almería. Hay otros administradores en otras provincias que han pasado por lo mismo. Algunos han llegado a pagar miles de euros por miedo a los cortes. Lo que estamos viendo es una práctica coordinada.”

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