“Las víctimas viales son las grandes olvidadas de la justicia y los medios”

“Explícale tú a una madre que el que mató a su hijo en un paso de peatones va a pagar solo 700 euros de multa.” La frase, directa y sin adornos, resonó este miércoles en el salón de actos del Colegio de la Abogacía de Almería durante la intervención del fiscal jefe de Seguridad Vial en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez León, en la primera mesa redonda del X Congreso Nacional de la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes (ADEVI).

Desde su creación en 2007, la Fiscalía especializada en Seguridad Vial ha tratado de combatir la impunidad que durante años acompañó a muchos siniestros en carretera. Pero, según Rodríguez León, aún queda un largo camino para que las víctimas de accidentes de tráfico sean tratadas con la dignidad y la atención que merecen.

“Las víctimas viales siguen siendo invisibles. Ni los medios ni las leyes reflejan el daño que se les causa. Es como si sus muertes valieran menos.”

Una pedagogía del silencio

El fiscal denunció que las muertes por violencia vial siguen sin generar un rechazo proporcional al drama que suponen. “Hay asesinatos que ocupan portadas durante semanas. Pero 1.800 muertos al año en nuestras carreteras apenas merecen una nota al pie o una campaña antes del puente”, lamentó. Frente a la cobertura masiva de otros tipos de delitos, Rodríguez León acusó a los medios de contribuir a una “conciencia social distorsionada”.

El problema, según expuso, no es solo comunicativo, sino también legislativo y judicial. Puso como ejemplo los casos de homicidio imprudente por conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol o las drogas, donde las penas pueden oscilar entre multas de unos cientos de euros y condenas que rara vez superan los cuatro años de prisión. “La gente no entiende que la vida de su familiar cueste 700 euros”, afirmó.

Educación vial: asignatura siempre pendiente

Otro de los ejes de su intervención fue la educación vial, o más bien, su ausencia. A pesar de que varias leyes educativas han contemplado la obligatoriedad de su inclusión en el currículo escolar desde 1961, la realidad andaluza es demoledora: de los más de 1,7 millones de alumnos no universitarios, solo unos 5.000 reciben formación efectiva en seguridad vial.

“Educamos a los adolescentes sobre salud sexual, lo cual está bien, pero nadie les enseña cómo circular por la ciudad o cómo enfrentarse al tráfico. Nadie les ha dicho que cruzar una calle puede costarles la vida”, denunció con crudeza.

Rodríguez León instó a la Junta y al Estado a cumplir de forma real y medible esa obligación educativa, como instrumento de prevención y de justicia social.

Protocolos de urgencia y víctimas indirectas

El fiscal también quiso destacar los avances logrados con la implementación de protocolos conjuntos entre policías, sanitarios, bomberos y jueces, que buscan una respuesta más eficaz y coordinada tras un siniestro.

Subrayó la importancia de documentar cada paso para que la investigación penal no quede en nada. “Los jueces no estuvimos allí. Si no está por escrito, no existe. Todo lo que hagan los primeros intervinientes debe quedar registrado”, recordó.

Además, puso el foco en las llamadas víctimas indirectas o sobrevivientes: familiares que presencian los hechos, personas atrapadas con sus seres queridos fallecidos en el coche o testigos directos del accidente. “Esos hombres y mujeres también están rotos por dentro. Necesitan apoyo psicológico inmediato. No podemos olvidarlos.”

Una llamada a los medios

Rodríguez León concluyó su intervención con una apelación directa a los medios de comunicación: “O cambiamos la percepción social de estas muertes, o seguiremos fallando como sociedad. No puede ser que se valore más una vida en función de lo que venda en una portada”.

El congreso de ADEVI, que se celebra por primera vez en Almería, reúne durante dos días a decenas de profesionales del Derecho, la medicina, las fuerzas de seguridad y asociaciones de víctimas, con el objetivo de mejorar la protección legal, sanitaria y emocional de las personas afectadas por accidentes de tráfico.

Una causa que, como recordó Rodríguez León, “no es técnica ni jurídica: es profundamente humana”.