La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha impuesto una fianza civil de 3.323.672,49 al ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, quien en febrero pasado se acogió a su derecho constitucional a no declarar cuando fue citado a declarar por la instructora. La juez también ha impuesto fianzas civiles que superan los 40 millones de euros para tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: Javier Aguado Hinojal (5.091.466,66 euros), Juan Francisco Sánchez García (33.954.784,66), y Lourdes Medina Varo (1.037.712,66).

En un nuevo auto, que tiene fecha de este martes, la juez da un plazo de un día a Antonio Rivas para la prestación de la fianza, "ordenándose el embargo de bienes (previa relación de bienes efectuadas por los inculpados, quienes serán requeridos al propio tiempo), para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere".

La fianza impuesta por la juez Alaya es inferior a los 5.579.696 euros que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que está imputado por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por la autorización en un "considerable número" de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los que, según la instructora, la Junta de Andalucía "además de regalar fondos públicos a personas próximas" a él, como dos cuñados y miembros del PSOE, asumió "arbitrariamente" obligaciones que eran de la empresa por la activa participación del entonces delgado.

La juez Alaya le imputó estos tres delitos porque considera que Antonio Rivas, que fue delgado de Empleo durante una década (entre 2000 y 2010, autorizó esos ERE "con total ausencia de procedimiento", algo de lo que tenía conocimiento el imputado porque "era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial". A pesar de ese conocimiento, continúa la juez, gran parte de las ayudas fueron "comprometidas previamente" por Rivas, quien "de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas, así como en la inclusión de ciertos intrusos", entre ellos su dos familiares.

La instructora citaba expresamente cinco ERE en cuya aprobación intervino Rivas (Mercasevilla, Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox), pero dejaba fuera de la imputación la última investigación encargada a la Guardia Civil respecto al supuesto "incremento patrimonial ilícito" que los investigadores de la Unidad Central Operativa han detectado en el imputado y que está relacionado con personas directamente de su entorno familiar, como una nuera que fue contratada en las empresas del conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas y que percibió 21.840,13 euros entre 2007 y 2009.

Sobre la intervención de Rivas en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007, la instructora le reprocha que no apreciara "dolo, fraude ni la menor irregularidad" en este segundo expediente a pesar de que la cusa alegada en el primero fuera una sobredimensión de la plantilla y que los gastos de explotación de personal superaban el 71% de la cuenta de explotación, mientras que cuando se llevó a cabo el segundo ERE se había contratado prácticamente al "mismo número de trabajadores" y los gastos de explotación seguían superando ese porcentaje. En el ERE de 2003 se incluyeron a cinco personas que no superaban la edad mínima para prejubilarse, los 50 años, y en el de 2007 fue incluido uno de los primeros intrusos de los ERE, Antonio Garrido Santoyo, que fue presidente del comité de empresa de Coosur y secretario de administración de UGT en Sevilla.

Con respecto a la empresa Intesur, Alaya sostiene que Rivas ejerció en 2003 su influencia sobre el director general de Trabajo Francisco Guerrero para que tres conocidos suyos, entre ellos el ex concejal del PSOE en Camas (Sevilla) –donde Rivas fue alcalde muchos años–  José Antonio García Prieto, su cuñado José Acevedo López, y Ricardo Medina Barrios, fueran incluidos en la póliza de esta empresa pese a no haber trabajado nunca en la misma y por lo que percibieron 134.784, 113.356 y 117.540 euros, respectivamente.

En la empresa Surcolor fue incluido su concuñado José Antonio Márquez López, y Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas, que percibieron 60.210 euros y 131.398,30 euros, respectivamente.

La juez también le atribuye haber ejercido en 2010 "de modo activo su influencia" sobre el ex director de Trabajo Juan Márquez para que se incluyera al ex delegado de la Consejería de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés, que recibió 36.000 euros.

La Fiscalía justificó la elevada fianza en el importe de las pólizas pagadas por la Junta en sólo estos cinco expedientes y argumentó que existen indicios de delito en la actuación de Rivas por el "importante volumen de ayudas que se han tramitado" en la provincia de Sevilla, ya que sólo hasta julio de 2009 –según un correo electrónico de la ex asesora de Empleo María José Rofa, también imputada– se habrían tramitado 111 ayudas en la provincia de Sevilla, por un montante de 104.037.261 euros, una cifra en cuanto al número de empresas beneficiadas "muy superior" al resto de provincias -seis en Granada, 11 en Málaga, dos en Almería y 15 en Cádiz-, según detalló el fiscal Anticorrupción.

De otro lado, la juez Alaya ha impuesto fianzas civiles por importe de otros 40 millones a los tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: Javier Aguado Hinojal (5.091.466,66 euros), que ocupó el cargo entre 1994 y 2000; Juan Francisco Sánchez García (33.954.784,66 euros), que estuvo en el puesto entre 2000 y 2004; y a Lourdes Medina Varo (1.037.712,66), que fue secretaria general técnica entre 2008 y 2012.

Alaya considera al primero de estos ex altos cargos, Javier Aguado Hinojal, "uno de los impulsores del sistema de concesión de ayudas sociolaborales prescindiendo del procedimiento legal, así como de la presupuestación de la partida 31L para el pago de estas ayudas mientras estuvo en la Consejería de Empleo". Sobre Juan Francisco Sánchez García, la instructora apunta que es "activo conocedor y partícipe del procedimiento seguido para la concesión y pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31L y de su presupuestación a lo largo de la década investigada, particularmente en el periodo de auge de concesión de estas ayudas" y dice que llegó a tramitar hasta 12 modificaciones presupuestarias que ascendieron a más de 127 millones de euros.

En el caso de Lourdes Medina Varo, Alaya le impone esta fianza por su "competencia en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la Consejería de Empleo y su conocimiento de la Memoria Económica referida al ejercicio 2009, en la que aparece descrito con claridad el objeto y contenido del programa 31L, por su activa intervención en las modificaciones presupuestarias que hubo para incrementar el crédito de las transferencias de financiación, y en tercer lugar, por su indiciario conocimiento del objeto y alcance de la Encomienda de Gestión de 27 de abril de 2010".

En el auto, Alaya vuelve a poner de manifiesto las irregularidades que a su juicio se habrían producido por el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y así destaca que "por los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía se instauraría un sistema de concesión de ayudas sociolaborales, prescindiendo del procedimiento legal de subvenciones, a través de la instrumentación del IFA para el pago de las mismas, mediante las transferencias de financiación allegadas desde la Consejería de Empleo". El sistema, prosigue Alaya, se iniciaría en el año 2000 y perduraría durante una década, y desde el comienzo, "sin contar con fiscalización previa ni bases reguladoras, fue absolutamente discrecional, repartiéndose millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical, bien para las supuestas inversiones que no se controlaban, bien para la prejubilación de trabajadores". El sistema degeneró en "mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad creadas para percibir tales ayudas o subvenciones".

En definitiva, una financiación "sin control, rápida y eficaz" que paso a ser desde el año 2000 uno de los "instrumentos de la política económica de la Junta" que concluyó en un "uso completamente arbitrario de los fondos públicos", incumpliéndose los más elementales principios de actuación de la Administración como son la imparcialidad, transparencia y no discriminación, además de los de publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad.