La macrocausa de los avales sigue engordando. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha imputado al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz en relación con los avales que por importe de 1.180.000 euros concedió la agencia Idea a la Sociedad Cooperativa Andaluza Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex).

En un auto fechado el 9 de junio, el juez Vilaplana acuerda citar como investigados a un total de 23 personas, entre ellas el ex consejero y el ex jefe del gabinete jurídico, así como otros miembros del consejo rector de la agencia Idea, como el viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, y el ex secretario general Ángel Garijo, entre otros. También figuran entre los investigado 15 miembros del consejo rector de Cofrutex. Todos ellos han sido citados a declarar entre los días 14 y 28 de septiembre próximos, según el auto al que ha tenido acceso este periódico. 

Con estas nuevas imputaciones, la macrocausa de los avales -que en su día fue archivada inicialmente- vuelve a cobrar fuerza, ya que en mayo pasado el magistrado ya decidió investigar a otras 23 personas, con lo que el volumen de imputados en esta investigación se acerca ya al medio centenar de personas.

En relación con las ayudas a Cofrutex, el juez considera que se trata de uno de los casos de avales en los que "se habría hecho una utilización manifiestamente ilícita del régimen de ayudas" establecido por la orden de 5 de noviembre de 2008 y que hace referencia al aval propio concedido por la agencia IDEA el 24 de marzo de 2009, por un importe de 1.180.000 euros, un aval que, insiste el juez, fue "irregularmente concedido" en garantía de un préstamo formalizado por Cofrutex con una entidad bancaria por 1.475.000 euros.

La sociedad Cofrutex, fundada en 1961, se dedicada a gestionar la fruta de sus socios mediante la "explotación de cítricos y frutales, su clasificación, manipulación, envasado y transformación para su posterior comercialización y exportación a través de la sociedad QDF Cofrumark S.L., participada en un 38% por la cooperativa; llevando a cabo también la extracción de zumo en una planta titularidad de la sociedad Zumos Vega del Guadalquivir S.L., participada en un 85% por la cooperativa".

El aval se ejecutó en su totalidad por importe de 1.180.000 euros y, según recoge el auto, "no consta devolución del préstamo a la entidad bancaria, ni reclamación de Idea a Cofrutex por el importe de las cantidades anticipadas o satisfechas, de tal forma que "según la contabilidad de la Agencia Idea, el aval aparece provisionado en su totalidad desde diciembre de 2012, sin que conste Informe alguno con el correspondiente análisis que justificara dicha decisión".

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla declaró el 29 de abril de 2014 a Cofrutex en concurso de acreedores y en junio de 2016 se declaró la conclusión del concurso voluntario y la extinción de la sociedad, "sin que con anterioridad la Agencia Idea se personara en el proceso concursal o comunicara el crédito existente a su favor". El 26 de julio de 2016, concluido el concurso, el director de Inversiones Estratégicas de Idea, Francisco Álvaro Julio, solicitó en una nota interna el pase al contencioso jurídico del aval prestado a Cofrutex "cuyo pago había sido finalizado".

El aval se concedió por un "arbitrario voluntarismo"

Vilaplana destaca que durante toda la vida del aval, y pese a su íntegra ejecución -por importe de 1.180.000 euros- la agencia Idea "no habría llevado a cabo actuación alguna en orden conocer la situación de Cofrutex, ni reclamación o actuación alguna tendente a recuperar los fondos dispuestos en ejecución del aval". En definitiva, prosigue, "de lo actuado es posible deducir que en la concesión del aval objeto de autos mediaron razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo; careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de esta ayuda".

Vilaplana añade que "en conjunción con el otorgamiento de otras -ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía-",  esta ayuda "habría de responder y determinar una ilícita y progresiva 'inyección continuada' de fondos públicos" en favor de Cofrutex, "conculcando la legalidad vigente en los términos recogidos en el Informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE); sin realizar valoración alguna sobre las garantías prestadas por la empresa beneficiaria, y con evidencias -por parte de los responsables de la Agencia IDEA- de la imposibilidad de recuperar tales fondos".

En este sentido, concluye que era imposible recuperar los fondos por la "situación de crisis económica por la que habría de atravesar Cofrutex, la insuficiencia de las contragarantías ofrecidas y el alto grado de endeudamiento mantenido -como de hecho así se ha constató- por la entidad beneficiaria; todo ello, fruto de una irregular administración de fondos públicos, con el consiguiente menoscabo los mismos, por importe de 1.180.000 euros, sin contar con las comisiones devengadas -y no cobradas- que ascenderían a la suma de 86.241,65 euros".