Andalucía

La implicación de Caballos y Vallejo deriva de que "podrían haber conocido" la concentración de las ayudas

  • La Guardia Civil sostiene que "aunque parezca curioso" Guerrero fue el primero que advirtió del "desvío de fondos públicos" en la Sierra Norte.

El atestado de la Guardia Civil relacionado con la concentración de 55 millones en ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla implica al parlamentario andaluz del PSOE José Caballos y al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo porque los agentes de la Unidad Central Operativa considera que ambos "podrían haber conocido" la consecución de las subvenciones a favor del grupo de sociedades vinculadas a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago.

Sobre Caballos, el atestado dice en concreto y en un solo párrafo que, "a juicio policial, se deduce que José Caballos podría haber conocido la consecución de estas ayudas y el trato de favor que estaban recibiéndolos investigados por parte de la Consejería de Empleo".

En otros dos párrafos despacha la Guardia Civil la implicación del ex consejero Vallejo, del que asegura "podría haber conocido de la sucesión de las mismas, ya que durante el tiempo que fue presidente de la agencia Idea se suscribió un convenio de colaboración de ayuda a favor de Matadero de la Sierra Morena por importe de 1.150.000 euros". Esta ayuda, continúa el informe policial, fue aprobada en una sesión del Consejo Rector presidida por Vallejo el 26 de marzo de 2008, y además durante el tiempo que presidió la agencia que pagaba las ayudas "se realizaron pagos por importe de 6.129.918 euros a favor de las empresas investigadas".

Tanto Caballos como Vallejo son citados en un apartado especial del atestado titulado "indicios sobre el posible conocimiento de estas ayudas por parte de otros responsables públicos" y en el que también se incluyen a otras tres personas: los ex directores del IFA Francisco Mencía Morales y Miguel Ángel Serrano Aguilar, y el ex gerente provincial del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez, que fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2013 en el marco de la segunda fase de la operación Heracles.

Sobre Francisco Mencía, los investigadores concluyen que "conocía el trato de favor que se les daba a las empresas de la Sierra Norte, como el mismo reconoció durante su manifestación policial", en la que afirmó que "la sensación que tuvo siempre fue que existía por parte de la Consejería de Empleo un interés especial en favorecer a esta zona geográfica", en alusión a la Sierra Norte. Durante el tiempo que fue director general del IFA (de enero de 2003 a mayo de 2004) suscribió junto a Guerrero, convenios de colaboración a favor de las sociedades del tándem Rosendo-Sayago por importe de 13,2 millones.

Sobre su sucesor en el cargo, Miguel Ángel Serrano Aguilar, la Guardia Civil señala que suscribió en representación de Idea un convenio de colaboración a favor de la empresa Matadero de la Sierra Morena por importe de 1.150.000 euros.

Por último, sobre el ex gerente del IFA Manuel Enrique Rodríguez, el atestado recuerda que hizo el informe de viabilidad del proyecto de Matadero de la Sierra Morena, previa "petición del mismo por parte de José Antonio Viera", de acuerdo con las declaraciones del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El atestado recuerda, siempre siguiendo la declaración de Guerrero, que en la reunión que mantuvieron en la cafetería del Parlamento andaluz estaban sentado José Antonio Viera, el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y el propio Guerrero. Posteriormente "se incorporó José Caballos" y cree que también estaba presente Manuel Enrique Rodríguez. En esa reunión, Guerrero y Rivas "pusieron reticencias a las ayudas que se concedían" a las empresas de Rosendo y Sayago, por cuanto los empresarios sólo ponían el capital social de las sociedades, "algo que era considerado escaso, y que suponía que prácticamente todo el dinero que se ponía para el proyecto era dinero público".

La Guardia Civil concluye esta parte del atestado afirmando que el desvío de fondos públicos a favor de este grupo empresarial supuso un "grave detrimento a las arcas públicas andaluzas", unos hechos que, según los investigadores, "se advirtieron, aunque parezca curioso, por el propio Guerrero al inicio de la concentración de estas ayudas en una reunión de la cafetería del Parlamento, según él mismo declara", concluye el informe policial.

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