Otro argumento para la trama de los ERE. Esta vez, problemas personales. Adicciones. Alcoholismo y ludopatía. El marido de Fernanda García Vilches, imputada por la juez Mercedes Alaya como intrusa en el ERE de Dhul, se fundía su nómina -según declaró ayer ella misma ayer a la instructora- entre la tragaperras y la barra del bar. Ex dirigente de CCOO en Jaén, había sido despedido de Cárnicas Molina, y como tablas de salvación contra el naufragio se agarró al juego y a la botella. Y empezó a hundirse cada vez más.

García Vilches conocía al ex gobernador civil de Cádiz, César Braña, ya fallecido, que le preguntó por su marido, "porque lo veía mal". Ella le contó el problema y Braña le dijo que iba a ayudarle porque "había algo en la Junta de Andalucía sobre desempleados de larga duración". Poco después la imputada recibió en su domicilio una documentación que firmó, envió a Barcelona y, transcurrido un tiempo, empezó a cobrar unos 803 euros al mes.

La mujer reconoció también a la juez que estuvo compatibilizando la percepción de esta ayuda con los 500 o 600 euros que, según Alaya, cobró entre abril de 2007 y mayo de 2009 de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La intrusa declaró que no comentó a nadie lo que estaba cobrando porque no quería que su marido se enterara del dinero y se lo gastara en copas y apuestas.

No obstante, el marido, Damián Jiménez Rueda, secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004, que también declaró ante Alaya, no hizo ninguna alusión a tales problemas. Ratificó su declaración a la Guardia Civil, aunque con matizaciones, ya que si en un principio reveló que las ayudas a su esposa a la mediación llegaron a través del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, ayer coincidió con su esposa en que en realidad fue Braña. Jiménez Rueda afirmó que el ex gobernador civil de Cádiz le ofreció esa ayuda "para que pudiera entrar en su casa algo de dinero" y que "no sabe si su esposa estuvo trabajando de manera efectiva en Faffe, que acudía allí donde pudieran ayudarla".

La Fiscalía pide para los dos miembros del matrimonio una fianza civil solidaria de 55.092 euros, cantidad percibida hasta el rescate de la póliza, y la Junta de Andalucía de 73.672 euros, la cantidad efectivamente abonada por la Administración.

Entre los 75 beneficiarios del ERE de la factoría Dhul hubo cinco intrusos: además de Fernanda García, dos trabajadores autónomos y dos cuñados de Lanzas. Uno de esos autónomos, Miguel Espínola Palma, se acogió a su derecho a no declarar y la juez instructora le ha imputado haber percibido hasta el año 2008 la suma de 93.353 euros, cantidad en la que la Fiscalía Anticorrupción ha situado su petición de fianza civil.

Alaya también había citado a declarar a otro intruso de Dhul, José Egea, que no acudió a la cita con la juez alegando problemas de salud.