La sorpresa ha saltado en la cuarta sesión del juicio de Invercaria por los préstamos a la empresa Fumapa. La ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz explicó al tribunal que la sociedad sufrió el robo de un ordenador portátil durante una mudanza y lo curioso que el aparato sustraído era del entonces director de Promoción Cristóbal Cantos, quien inició la investigación de esta macrocausa con la denuncia que presentó en los juzgados de Sevilla en mayo de 2012 y que finalmente acabó imputado en alguna de las piezas.

Laura Gómiz compareció este jueves a declarar como testigo ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que celebran este cuarto juicio de la macrocausa por los préstamos de 359.581,6 euros concedidos a la empresa Fumapa, y en un momento del interrogatorio el abogado Javier Vidal, que defiende al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, le preguntó por ese robo que hasta ahora no había trascendido en los más de nueve años de investigación de la causa.

La testigo aseguró que el robo del ordenador de Cristóbal Cantos se produjo en agosto de 2010, cuando ella fue nombrada consejera delegada de la sociedad de capital riesgo y se estaba produciendo la mudanza de la sede de la empresa desde la Cartuja al parque empresarial de Nuevo Torneo. Gómiz aseguró que el ordenador de Cristóbal Cantos fue el único que fue sustraído durante aquel traslado y el hecho fue denunciado incluso en el juzgado de guardia, sin que finalmente se descubriera al autor del robo ni se recuperara la computadora.

Lo llamativo del caso es que durante aquel extraño suceso acaecido en la mudanza se produjera el robo de un único ordenador portátil de los trabajadores de Invercaria y que fuese precisamente el del ex director de Promoción de Invercaria, quien a su salida de la empresa denunció las supuestas irregularidades de Invercaria en los juzgados, asegurando que Gómiz le ordenó en mayo de 2011 que "fabricaran" los documentos que faltaban en los expedientes de los préstamos acordados con anterioridad por la sociedad.

Además de la denuncia en los juzgados, Cristóbal Cantos impugnó su despido de Invercaria en los tribunales, pero el juez de lo Social primero y la Sala de lo Social del TSJA, en segunda instancia, confirmaron su despido, que se acordó por la "disminución de su rendimiento en el trabajo". Posteriormente, Cristóbal Cantos presentó una denuncia contra la Laura Gómiz por supuestas coacciones graves y la Justicia volvió a darle un varapalo al ex director de Promoción al absolver a Gómiz en una sentencia en la que la juez puso de manifiesto que resulta "obvio que este procedimiento ha sido incoado como mecanismo defensivo", añadiendo que Cantos preparó las grabaciones que efectuó de sus conversaciones con Gómiz "para conseguir las respuestas que precisaba".

Durante el interrogatorio a Gómiz en la cuarta sesión del juicio, el fiscal Anticorrupción se afanó en tratar de demostrar que la ayuda a Fumapa no pasó por el departamento de análisis e inversiones de Invercaria ni por el comité de dirección, y en el informe se constató que sólo había una ficha informativa incompleta y de "apenas unos párrafos de medio folio y un informe, meramente informativo”. Sin embargo, Gómiz afirmó, a preguntas del letrado Juan Carlos Alférez, que en la causa consta un correo electrónico remitido por Cristóbal Cantos a Tomás Pérez-Sauquillo el 19 de mayo de 2008, previo a la reunión del consejo de administración en la que se aprobó el préstamo a Fumapa, en el que se adjuntaba un archivo con "12 megas" de información, en concreto, un PDF que tenía 164 folios con la documentación que se había analizado de la empresa con carácter previo a la concesión de la ayuda.

Laura Gómiz explicó que cuando se hizo cargo de la compañía puso en marcha la mejora de los procedimientos, porque hasta ese momento no había un archivo físico en papel de la documentación, sino que existía un "archivo común" en la base de datos donde se metían todos los proyectos, una carpeta informática que "no era eficaz y era mejorable", y habían detectado además "muchísimos" Informes de Progreso de Operación (IPO) de los proyector "con errores".

También declaró como testigo el que fuera secretario del consejo de administración de Invercaria Francisco Oyonarte, quien sostuvo que no observó ninguna "tacha de ilegalidad" en las sesiones a las que asistió y quien confirmó igualmente que todos los proyectos que se sometían para su aprobación en el consejo "llevaban documentación" porque si no la hubiesen tenido "no se habría aprobado nada" y él no habría podido redactar el acta de la sesión. Según Oyonarte, "todas las inversiones que llegaban lo hacían con un suporte" y el presidente transmitía que los proyectos habían sido "analizados por el Comité de Inversiones, que los había evaluado positivamente". El testigo, añadió, que elaboraba dichas actas con lo que Pérez-Sauquillo explicaba en las reuniones del consejo o "con los papeles que hubiera sobre la mesa".

Otro consejero confirma que había "documentación"

El ex vocal del Consejo de administración de Invercaria Ramón Martín, a quien la Fiscalía pide seis años de cárcel, aseguró en su declaración que los miembros del consejo siempre recibían antes de cada consejo documentación sobre los proyectos de inversión que se presentaban, aunque señaló que no recuerda si se mandó documentación en el caso de Fumapa. 

En cualquier caso, el vocal aseguró que la custodia de documentación en la sociedad pública era "deficiente", aunque sobre Fumapa ha señalado que tuvieron "bastante información", como por ejemplo que se trataba de una empresa con experiencia en el sector que había facturado en los dos últimos ejercicios "más de un millón de euros", así como que presentaba sus impuestos, pero "tenía problema de liquidez" en 2008 como le ocurría a otras tantas empresas por la crisis económica mundial y por eso buscaba "créditos participativos". Ramón Martín afirmó asimismo que todo lo que se presentaba al consejo habían pasado por el Comité de Inversiones, tal y como había asegurado también en su declaración la vocal Isabel de Haro.

Por su parte, los empresarios de Fumapa Francisco Gutiérrez Cañizares y Fulgencio Canales Rodríguez, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel como inductores de los delitos de prevaricación y malversación, se han acogido a su derecho a no declarar ante el tribunal.