"Espero una sentencia ejemplar contra Pedro Mena en el caso de Sol y Arena"

Romero recuerda que no se ha sentado en el banquillo a Fernando Ciria, ex delegado provincial de Agricultura · Piden 11 años de cárcel e indemnizaciones de ocho millones a la comunidad y a la Junta

Juan Romero durante la entrevista concedida a Almería Actualidad.
I.m.g. / Roquetas De Mar

01 de diciembre 2008 - 01:00

El presidente de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, Juan Romero, considera que el actual juicio al que se está sometiendo Pedro Mena "es el final de un largo camino para el que hemos tenido que esperar mucho, pasando por la denuncia en el juzgado o la auditoría, y después de diez años y ocho meses se celebra la vista, esperando que se dicte sentencia y sea favorable a los nuevos intereses de la comunidad. Creemos que hay pruebas de sobra y deseamos que finalmente haya una sentencia ejemplar y la comunidad sea indemnizada por unos daños por todos conocidos". Romero estima que una sentencia justa, según la ley, sería la que han pedido de once años de cárcel y una indemnización de cinco millones para la comunidad de regantes y aproximadamente tres para la Junta de Andalucía, si bien hay que probar como delitos todos los hechos denunciados.

En las sesiones que se han celebrado hasta ahora Juan Romero considera que la única novedad ha sido que Pedro Mena "haya reconocido su voz en la cinta de audio de la asamblea del año 1993, en la que supuestamente fue autorizado para firmar los préstamos y autorizar las obras, y finalmente por lo que se escuchó en la cinta simplemente fue autorizado para hacer gestiones y no para firmar y ejecutar tanto los préstamos como las obras. Eso sí que tiene un valor importante en la medida en que viene a demostrar que no estaba autorizado para lo que ha hecho, con lo cual desde el principio todo el montaje viene a caerse abajo. En esa asamblea de 1993, meses antes de que saliese a concurso la obra, ya dijo Pedro Mena que la obra la iba a llevar a cabo Tecniriego, lo que viene a confirmar que todo estaba amañado desde el principio y estaba entre los dos acusados todo más que convenido".

En una de las múltiples ruedas de prensa que se celebraron en aquellos años, Pedro Mena reconoció ante los medios que su mayor error fue "meter a mi familia en el negocio. Nunca tenía que haberlo hecho", recalcó hace años ante los micrófonos. Recordando este dato, Juan Romero afirma ahora que "no sabemos si tenía razón o no, aunque al final alguno de sus familiares no accedieron a sus pretensiones, que eran que se le pagara a la empresa Tecniriegos más allá de lo que realmente había ejecutado. Mena pretendía que se le pagara un reformado de la obra que tenía un coste en torno a los 400 millones de las antiguas pesetas y, gracias a que su sobrino se negó a firmar esas certificaciones, la comunidad no tuvo que hacer frente a ellas ni se comprometió a deberle a Tecniriego esas obras que realmente no ejecutó. Por lo tanto imagino que se refería a eso, a que pensaba que su familia iba a acceder a todas sus pretensiones y finalmente en el último momento no accedieron, quizá porque en 1997 el conflicto ya estaba larvado en el seno de la comunidad, llevaba meses funcionando la Plataforma y nadie quería comprometerse más allá de aquello que le pudiera salpicar".

Romero estima que Pedro Mena fue uno de los principales instigadores de la presunta estafa, "pero quizá no están acusados todos los que fueron, pero sí todos los que hemos podido conseguir pruebas de que fueron los actores de la estafa. Consideramos que hubo otros artífices intelectuales, pero no hay pruebas de peso, salvo irregularidades administrativa que a efectos penales no tienen suficiente entidad para haber sido acusados en este juicio."

El actual presidente de Sol y Arena no tiene problemas en señalar al ex delegado provincial de Agricultura y presidente del IARA, Fernando Ciria, "de quien hay informes de la propia Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Consejería, que vienen a poner peros y cautelas en toda la tramitación del expediente de las obras aunque finalmente este señor tira para adelante a pesar de todos estos informes en contra. Creemos que debió haber colaboradoreS para que en una obra que debe estar supuestamente fiscalizada por la Junta de Andalucía finalmente ocurra lo que ocurrió".

Uno de los asuntos más escandalosos de aquella época fue el impago de una deuda de unos tres mil millones de pesetas con Cajamar, dinero que a día de hoy todavía se sigue pagando poco a poco por parte de los usuarios de Sol y Arena en sus recibos mensuales de consumo de agua. Romero recuerda que "con el aval de mil comuneros ante notario fuimos entonces al Tribunal Supremo. El problema era que en ese momento la Ley de Enjuiciamiento Civil acaba de aprobarse y aún no se habían dado competencias al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para entender de recursos, por lo que había que recurrir al Supremo y sólo para aquellos casos que procedían de sentencias. En nuestro caso el acuerdo al que llegó Pedro Mena con Cajamar se hizo mediante un Auto, por lo que el Supremo no podía entrar a discutirlo y tampoco podíamos ir al TSJA al no haber competencias. Al no haber otra salida jurídica la justicia no ha entrado a valorar los aspectos que nosotros denunciábamos del préstamo de esa cantidad y ahora se corrobora que no estaba Pedro Mena facultado para hacerlo. Éramos y somos una comunidad de bienes y no se podía demandar a toda la comunidad sino a todos los comuneros. Seguimos pensando que ahí hubo irregularidades, pero en todo caso acatamos la acción de la justicia en cuanto que no podemos seguir recurriendo a ningún otro órgano. Simplemente se está ejecutando el Auto que en su día se dictó en Almería y Cajamar está cobrando vía precio del agua y algún día se acabará de pagar la deuda. Todavía queda mucho por pagar porque los intereses pactados eran altos y la situación en que dejó la comunidad la anterior directiva era bastante lamentable". Juan Romero afirma confiar en que se haga justicia en este caso "porque hubo una repercusión importante a nivel social y político de este conflicto y creemos que está en juego la credibilidad de las instituciones para que no queden impunes los delitos por los que han sido acusados estos señores. Es obvio que recurriremos la sentencia si consideramos que no es suficientemente de acorde a la que debiera ser teniendo en cuenta las pruebas que hay".

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