Martínez Cano dice que el 90% de pymes tiene "tarifa plana" de servicios camerales

No sólo el fondo; también ha dolido la forma. El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Almería se reunió ayer para analizar las consecuencias del anuncio realizado el miércoles por el presidente del Gobierno de eliminar el pago obligatorio del recurso cameral permanente para todas las empresas y la conclusión fue contundente: "No creo que un ahorro de 250 millones de euros, de los que el 95% los aportan grandes empresas, vaya a servir para mejorar la competitividad de España ni la de las empresas", afirmó el presidente de la Cámara de Almería, Diego Martínez Cano, visiblemente dolido, como reconoció, por no ser una "decisión suficientemente meditada" ni "haber contado con los afectados" a la hora de tomarla.

Para Martínez Cano, es entendible que el Gobierno busque soluciones, "en estos difíciles momentos" para mejorar la competitividad, como lo hacen las propias Cámaras y aludió a la vieja demanda de los autónomos por bajarse del carro obligatorio de las cuotas camerales, para decir que se podría haber hablado "sin tener que aprobarse mediante decretazo".

El presidente de la institución ofreció la composición del recurso cameral permanente en Almería, que supone en torno al 40% del presupuesto total y que se encuentra en peligro de extinción. De las 48.424 empresas censadas en la Cámara, el 89,3% tiene "tarifa plana" de servicios de la institución, puesto que 22.709 (46,9%) están exentas de pagarlo, otras 6.135 pagan hasta 10 euros, 7.746 abonan entre 10 y 20 euros y 6.669 desembolsan de 20 a 60 euros. En conclusión, el 6,66% del censo empresarial contribuye con el 80% de los 2,5 millones de euros generados por el recurso cameral permanente en 2009. Una cifra que caerá hasta los 1,4 millones en 2010, anunció Martínez Cano, pues "hay que adaptarse a la realidad en estos momentos".

A juicio del presidente de la Cámara de Almería, "es una medida para cumplir el Pacto de Estabilidad gubernamental, pero quitarle servicios a las pymes va en contra de su competitividad". Y se preguntó quién va a dar ahora estos servicios de innovación, formación e internacionalización con una "tarifa plana de 60 ó 100 euros".

A pesar de todo, dejó una rendija abierta a la posibilidad de que el Gobierno dé marcha atrás a la hora de articular la normativa a través de las comunidades autónomas. No sería la primera vez que este gobierno lanza un 'globo sonda' para medir cómo es recibido por la opinión pública, rectificando después.