Promotores de Almería, Granada y Sevilla denuncian ante la Fiscalía el impago por vivienda protegida

Varios promotores de Granada, Sevilla y Almería, representados por ACP Granada, APC Almería y Gaesco, han solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue el destino dado por la Junta de Andalucía a 11 millones de euros (11.033.845 €) de fondos para subvenciones del Estado que iban dirigidos a empresas promotoras andaluzas para la construcción de vivienda protegida y que no se han cobrado.

El sector censura que el gobierno andaluz no abone estas subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento certificara haber abonado las citadas ayudas a la Junta de Andalucía para que esta las pagase a los beneficiarios.

Los inmuebles, en su mayor parte vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra, están finalizados y habitados desde hace varios años. Se trata de subvenciones recogidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 y cuyos fondos parten originalmente del Gobierno Central (Ministerio de Fomento).Este, una vez conocidos los expedientes, abona a la Junta de Andalucía las cuantías correspondientes y es la Junta de Andalucía la que debe abonarlas al promotor.

Este complejo proceso se ha ido ejecutando de un modo fluido hasta el año 2010, a partir del cual las subvenciones no han sido abonadas por la Junta de Andalucía. La denuncia se produce por la desesperación de un sector acuciado por la crisis, que a pesar de la misma ha ejecutado viviendas protegidas en Andalucía en unas condiciones financieras adversas; poniendo a disposición de los más desfavorecidos, viviendas a precios prefijados y subvencionados. Estos precios por debajo de coste son posibles al incluirse la ayuda que el Ministerio, a través de la Junta de Andalucía, debería abonar a los promotores, y que al no haber sido abonadas mantienen a las empresas promotoras -muchas de ellas, pequeños negocios familiares- en situación de estrangulamiento financiero.

Las Patronales han dado por extinguida la vía administrativa, tras reclamar la citada deuda en más de 20 ocasiones desde el año 2011. Ante la pasividad de los distintos estamentos reclamados de la Junta de Andalucía y la ausencia de respuesta a los requerimientos de pago, nos vemos obligados a instar a la Fiscalía a que estudie si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito por malversación de fondos públicos y / o gestión fraudulenta de subvenciones.

La cuestión es que años después de ejecutadas las viviendas, resulta del todo imposible tanto a empresas como a las asociaciones seguir investigando el destino de dichos fondos, haciéndose necesario que instancias superiores determinen dónde han sido aplicados los fondos, quiénes son los responsables de que no se hayan dirigido al fin para el que fueron presupuestados, el medio en el que reintegrarlos a sus beneficiarios y en definitiva, el porqué de esta atropellada situación.

El sector reprocha a la Junta de Andalucía que no haya aprovechado en este tiempo los planes de pagos a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para "sacar las deudas de los cajones" y saldar todas las deudas para no seguir poniendo en riesgo la supervivencia de un sector generador de mano de obra y puestos de trabajo.

En este sentido, advierten que esta "normalización de los impagos" por parte del Ejecutivo autonómico en el sector de la Construcción está destruyendo tejido productivo y muchos puestos de trabajo en toda Andalucía.