La ley de cadena alimentaria disipa sus objetivos en un mar de multas

Tenía que ser la gran salvadora del campo español pero sus efectos parecen haberse difuminado. La ley de Cadena Alimentaria, uno de los proyectos estrellas del ministro Luis Planas, está teniendo problemas para combatir los abusos del mercado para los que estaba prevista.

En el tercer trimestre de 2023, la AICA, Agencia de Información y Control Alimentario, desveló lo que ASAJA ya había adelantado. 107 empresas fueron multadas por diversas infracciones. Son Nestlé, Día o Carrefour, entre otras.

Día es una “clásica” dentro de las multas por incumplimientos dentro de la ‘Ley de Cadena Alimentaria’. Fue apercibida a finales del mes de febrero y, nuevamente, en el mes de mayo. La empresa de supermercados tiene una importante red de establecimientos a lo largo de la provincia, contando con presencia en la mayoría de barrios de la capital.

La presidenta de ASAJA en la provincia, Adoración Blanque, ya recordó hace unas semanas la necesidad de precios justos para los agricultores. “Recalcamos, nuevamente, la importancia para el desarrollo del sector, la sostenibilidad económica, que parte de obtener unos precios rentables para el agricultor”, expresó entonces al analizar los datos de superficie plantada de pimiento y tomate.

La venta a perdidas es una de esas pesadillas que sufre cualquier agricultor mes a mes, campaña a campaña. Un fantasma que puede parecer sorprendente fuera del mundo agrícola, trabajar perdiendo dinero, y que la nueva norma debía poner fin. Pero, como suele pasar, se ha quedado en el “debía”.

“Estaremos vigilantes, informaremos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y exigiremos que se cumpla la ley”, prometieron hace unos días las asociaciones que defienden los derechos de los agricultores, afectados por una crisis de precios que se ha sumado a la pertinaz sequía en el campo español, que ha afectado a buena parte de los cultivos.

“Los agricultores son el eslabón principal, los que hacen el mayor esfuerzo, los que asumen el mayor riesgo y los que menos márgenes tienen”, recuerdan desde ASAJA. Una situación, la del incumplimiento de la ley, que no es nueva. “Si la ley funcionara correctamente, no habría la necesidad de que los agricultores denunciaran a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)”, denunciaron hace unos meses en un foro. La situación, según parece, seguirá igual.

España se enfrenta, mientras tanto, a un cambio de gobierno incierto aún, por la situación parlamentaria que provocaron las elecciones del pasado 23 de julio, donde la ‘Ley de Cadena Alimentaria’ se enfrenta a una situación compleja, al haber tenido el voto en contra de PP y Vox, que la rechazaron en su trámite inicial. El ministro Planas aseguró en junio que sigue dando “mayor protección al eslabón más vulnerable de la producción alimentaria, los productores”, aunque las asociaciones demuestran lo contrario.

“No se trata de burocratizar el funcionamiento de la cadena, sino todo lo contrario, de crear valor, estímulo empresarial y rentabilidad, y de que haya una posición de equilibrio entre los distintos eslabones”, prometió entonces el ministro, garantizando que sería una norma beneficiosa para todos, aunque las prácticas criticables que suponía la venta a perdidas parece no haberse corregido un año y medio después de aprobada la ley, por lo que cabe analizar si su efectividad ha sido la esperada.