La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que fija un precio mínimo en la venta de productos agroalimentarios y ganaderos para el productor y que tiene que obligatoriamente cubrir sus costes de producción está generando un intenso debate esta semana. Y eso que aún, y pese a que se aprobó en febrero, la pandemia por COVID-19 ha impedido establecer a las autoridades un seguimiento de la misma y se desconoce que de momento haya multas a este respecto.

La comercialización ha avisado, una vez más, de que esta obligación supondrá una crisis mayor en el sector, ya que esta obligación de cotización mínima no se puede mantener en todos los momentos de la campaña pues, apuntan, a que se corre el riesgo de que los productos dejen de comprarse y favorecer que la distribución opte por los de terceros países, donde es más barato producir. Además, están intentando explicar esta situación a los agricultores y también a sus representantes sindicales, además de recomendar al Gobierno que recapacite sobre esta reforma y opte por subvencionar a los propios agricultores o ganaderos antes de cambiar las reglas de un mercado en el que el resto de países no entrarían.

El ministro, Luis Planas avisa: Su cumplimento no es una opción, es una obligación legal”

En este contexto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado esta misma semana en el Pleno del Congreso de los Diputados, que la voluntad del Gobierno de España es seguir avanzando en su compromiso de modificar la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Además, ha asegurado que el Gobierno va a trabajar en los próximos meses para lograr “una cadena alimentaria más justa, más equilibrada, y que forme valor en cada uno de sus elementos”. En definitiva, que sea el reflejo de lo que ha sido el sector agroalimentario español. Según ha recalcado, la ley y su cumplimiento “no es una opción, es una obligación legal”. Por lo tanto, que los costes de producción sean la base de la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario “no está sujeto a condición”. Planas ha aclarado que, con esta reforma legislativa, el Gobierno busca corregir los desequilibrios de la cadena de valor, que desde el año 2013 hasta ahora se ha producido de una forma cada vez más significativa. Con esa nueva norma “se fomenta la transparencia en la formación de precios y se protege al eslabón más débil, es decir, nuestros agricultores y ganaderos”.

Por su parte, organizaciones como Coag aplauden esta medida, y su propio secretario provincial en Almería, Andrés Góngora, subraya que “oponerse a esta Ley es oponerse a la rentabilidad del agricultor”