En este más de año y medio en que la población convive con la crisis sanitaria el sector agrícola ha demostrado su carácter esencial y su saber estar en los momentos complicados y esto ha sido elogiado por los representantes de las administraciones; sin embargo, esas palabras no van acompasadas de las acciones y no se devuelve con la cara de la moneda el esfuerzo del campo, ni siquiera en la representación y defensa de sus intereses, al menos así lo ven los principales actores implicados como son los productores y las comercializadoras.

Uno de los momentos de la movilización agrícola antes de arrancar la marcha por la capital

Esta mañana el campo almeriense ha vuelto a cambiar la tierra por asfalto. Las pancartas se repiten en comparación con las expuestas en la gran movilización de 2019 y es que, como apunta Antonio Navarro, presidente de Asaja Almería, las cosas apenas han cambiado y las que lo han hecho han sido para peor, con unos costes de producción que no hacen otra cosa que aumentar y con las importaciones de terceros países agravadas, algo que estos días atrás se ha puesto de manifiesto con la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que insiste en anular el acuerdo entre Marruecos y la UE, al contemplar territorio saharaui. “¡Basta ya a las importaciones de terceros países!”, dice Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería y responsable nacional de frutas y hortalizas en esta organización, quien dirige expresamente su mensaje al Gobierno de España personificado en el ministro de Agricultura, Luis Planas. Para Góngora, si bien los acuerdos se llevan a cabo en la UE, a quien se les escucha es a los gobiernos de cada Estado, “es el Gobierno español el que tiene que poner en marcha las iniciativas en el Parlamento, Consejo y Comisión europeos para que de una vez los acuerdos de asociación se cumplan”. Respecto a la sentencia del TGUE, señala “la vergüenza para todos los agricultores españoles en el sentido de que el primero en salir diciendo que el comercio con Marruecos va a continuar haya sido el ministro de Agricultura, cuando debería haber hecho justo lo contrario que es exigir el cumplimiento de esta sentencia. Así que lo único que puede hacer Luis Planas, si tiene dignidad y quiere ser el defensor de los agricultores, es irse del Ministerio”. Según Góngora el ministro defenderá otros intereses de multinacionales o la gran distribución, “no nos olvidemos que Marruecos es un país y el que trae los productos son empresas instaladas allí, eso hay que controlarlo”. En este sentido, el representante de Coag también redirige su discurso a la Junta de Andalucía a la que insiste en controlar los puertos andaluces y el etiquetado, “ya está bien de que se diga que se abren expedientes sancionadores sin dar nombres y apellidos y la sanción que tienen y que debería ser el cierre de la empresa”.

Juan Antonio González, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (Coexphal), igualmente pone el foco en la insensibilidad de las administraciones: “No se ha hecho absolutamente nada, ni con el tema de agua, ni chabolismo, ni nada con el reetiquetado. Al no hacer nada no sabemos ya a dónde correr y se nos complica la situación con el aumentos de los costes”. Hay que recordar que la semana pasada, la asociación exponía en su asamblea general que en la pasada campaña agrícola los costes registraron una subida entre un 5 y un 7%, dependiendo del tipo de cultivo, como consecuencia del incremento de precios de los insumos, no sólo por los derivados del petróleo sino también por el elevado coste de energía; y esta temporada no pinta mejor, al contrario siguen en aumento. El representante de Asaja ahonda en este problema aludiendo también a otra variable: la subida del salario mínimo interprofesional, “me gustaría que la señora ministra (Yolanda Díaz) viniera al campo de Almería y viera cómo se trabaja aquí y la fatiga que tienen que pasar las familias y los trabajadores. Es muy fácil decir que hay que subir el salario porque las empresas ganan mucho dinero, que se venga al campo y pregunte a agricultor por agricultor qué le queda año tras año”.

Sobre los acuerdos con terceros países, González apunta que, como ya pasara con la judía, la situación de Marruecos y el tomate está impactando en la tierra almeriense, “nos están machacando, en Almería ya hay en torno a 1.000 hectáreas menos de tomate, que vamos a derivar a otros productos que vamos a fastidiar también. La situación es muy complicada”. Esta movilización va acompañada de un paro agrario, así las empresas de Coexphal tienen cerradas sus puertas durante todo el día a la entrada de género, solo trabaja el manipulado y salidas.

Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, en línea con los anteriores señala que las soluciones a los problemas expuestos hace dos años han sido nulas mientras los costes de producción se multiplican hasta por tres y los acuerdos con terceros países, concretamente el de Marruecos, siguen sin cumplirse, “tendrá que haber un acuerdo, pero debe respetarse y debe tener unas condiciones que se cumplan como son los contingentes, el pago de aranceles y el control en las fronteras y no solo las españolas también de Holanda y Francia, por ejemplo”. Iglesias hace hincapié en que se cumpla también el principio de reciprocidad, “los agricultores de Almería han sido capaces de hacer un cultivo sostenible y respetuoso con el medioambiente; nosotros estamos orgullosos con esa producción pero tenemos una serie de condiciones como el hecho de que no se nos tiene en cuenta cuando vamos a los mercados europeos, que optan por un producto de menor calidad por tener menor precio y eso no se puede mantener”. Para la responsable de UPA se requiere el respaldo institucional o de lo contrario la “muerte” les llegará, sobre todo a las explotaciones familiares sobre las que se sustenta el Modelo Almería.