Las organizaciones agrarias de Almería, en pie de guerra contra el acuerdo de Mercosur

Las organizaciones agrarias, ASAJA y COAG, en la provincia de Almería, han convocado, secundadas por el apoyo de Coexphal, una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno de Almería para protestar contra los Acuerdos Comerciales con terceros países, y más en concreto contra el Acuerdo UE-Mercosur; además de denunciar los recortes previstos para la próxima convocatoria de la PAC.

El sector agrario está llamado a concentrarse dentro de una jornada de movilizaciones convocada en toda Andalucía y en el conjunto del país. La protesta pone el foco en dos ejes que amenazan directamente la viabilidad y la supervivencia del campo europeo, como son: los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y terceros países, incluido el de Mercosur, y la reducción de apoyos y cambios estructurales en la Política Agraria Común (PAC).

En concreto, el pacto con Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— ya ha sido aprobado por la Comisión y el Consejo Europeo, estando pendiente de su ratificación por el Parlamento Europeo, lo que debe ocurrir antes de mayo de este año. Así, y tras más de veinte años de negociaciones, dicho pacto ha modificado ahora su estatus, pasando de ser un Acuerdo de Asociación a convertirse en un Acuerdo Comercial que involucra estrictamente relaciones comerciales, lo que va a suponer un impacto dramático no solo, aunque sí principalmente, para el sector agrario, sino también para el propio modelo europeo de producción de alimentos.

Desde las organizaciones agrarias se denuncia que los únicos beneficiarios de iniciativas de este tipo son los grandes fondos financieros que especulan con el sector agrario, además de industrias ajenas al campo, como la automoción o el sector farmacéutico. Por el contrario, las pequeñas y medianas explotaciones familiares agrarias, base del sistema agrario europeo, asumen los mayores costes, estando en peligro su viabilidad y supervivencia como sistema.

Las consecuencias van, por tanto, mucho más allá de la rentabilidad económica. La entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de otros países, y más en concreto ahora de Mercosur, plantea serias dudas en materia de seguridad alimentaria. ASAJA y COAG, de Almería, llevan años advirtiendo de los peligros de las importaciones de terceros países sin control, así como denunciando que las prácticas fitosanitarias y los modelos productivos abusivos, permitidos en estos entornos, no se permitirían en el contexto de la Unión Europea, donde se vela por el bienestar social, la salud y el medio ambiente.

Así, y sin garantías efectivas de reciprocidad, los productos importados llegarían al mercado comunitario sin cumplir los mismos estándares sanitarios y de trazabilidad que se exigen a los productores europeos, siendo un riesgo para la población en general.

De la misma manera, se denuncia que el acuerdo ignora las profundas diferencias en materia de derechos laborales, salariales y de protección social, lo que, además de esconder prácticas deshumanizadas, se traduce en una ventaja competitiva basada en menores costes y en una presión añadida sobre los precios en origen en Europa.

“No se puede hablar de libre comercio cuando las reglas del juego no son iguales para todos”, insisten desde ASAJA y COAG Almería.

También se cuestiona la eficacia de las cláusulas de salvaguarda incluidas en el acuerdo. Estos mecanismos son claramente insuficientes y ofrecen más una garantía política que una protección real. Su aplicación estaría supeditada a complejos procedimientos administrativos y a la demostración de daños graves al mercado, cuando el impacto sobre los precios y la rentabilidad de las explotaciones ya sería difícilmente reversible.

Además, su credibilidad se encuentra en entredicho por el débil contexto de control en origen y la ausencia de un sistema europeo de fronteras eficaz, lo que hace prácticamente inviable verificar que los productos importados cumplan los estándares exigidos en la Unión Europea. En este sentido, es necesario recordar que incluso países dentro de Mercosur ya han expresado públicamente sus reticencias a aceptar controles adicionales, lo que deja estas salvaguardas en una posición de absoluta debilidad y de difícil aplicación real.

En paralelo, la situación se ve agravada por los recortes y la pérdida de peso de la Política Agraria Común. El nuevo marco presupuestario europeo apunta a una reducción de fondos y a una desaparición de la singularidad de la PAC como política estratégica. Menos presupuesto, más exigencias y mayor burocracia dibujan un escenario que dificulta la continuidad de miles de explotaciones y acelera el abandono del medio rural. Debilitar la PAC es acabar con la capacidad de Europa para garantizar su soberanía alimentaria.

Así, se reclama a los responsables políticos que escuchen al campo antes de dar por cerrado el acuerdo con Mercosur, o cualquier otro pacto con terceros países, y antes de consolidar unos recortes que consideran incompatibles con un modelo agrario sostenible.

El campo, como "moneda de cambio"

“El campo vuelve a ser utilizado como moneda de cambio en decisiones comerciales y presupuestarias que no tienen en cuenta sus consecuencias a largo plazo sobre la sociedad en general”, señalan los responsables de ambas organizaciones agrarias.

La movilización del 29 de enero en Almería llega para exigir al sector político europeo un cambio de rumbo total ante la ratificación del Acuerdo con Mercosur y un compromiso claro frente a otros países, para frenar este tipo de iniciativas de lleno.

Asimismo, se pretende trasladar a la sociedad un mensaje importante: el campo no es solo un sector económico; es el lugar donde se producen los alimentos seguros que nos alimentan a todos, el lugar donde se protege la salud de los ciudadanos y donde se sostienen y mantienen vivas economías locales y amplias zonas rurales.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de agricultores y ganaderos, sino el modelo de alimentación, de territorio y de protección social que Europa quiere preservar.