–Esta semana pasada en Carboneras comunicaba que Almería va a recibir 51,8 millones de euros para su Plan Territorial de Transición Justa (TJ), ¿cómo se aplicará ese dinero?

–El plan de Transición Justa es un mecanismo articulado a partir de fondos europeos para zonas geográficas donde se ha producido el desmantelamiento de industrias que usaban combustibles fósiles. La Comisión Europea, en su informe del Semestre Europeo 2020 para España, identifica a la provincia de Almería como una zona de actuación preferente, correspondiéndole una asignación de 51,8 millones de euros. La Junta es la responsable de la gestión de los recursos asignados y ya hemos trasladado al Estado las actuaciones de fomento industrial que se impulsarán. El plan territorial de Almería identifica como sectores especialmente afectados por la transición las actividades de producción cementera, la de piedra natural y el mármol, la agricultura de alta productividad, así como las instalaciones industriales de transporte, logística y almacenamiento, sobre todo, las relacionadas con los puertos de Carboneras y Almería. Este plan prevé la creación y mantenimiento de 6.200 empleos, impactando directamente sobre 300 empresas, así como el desarrollo de 5 proyectos tractores en la provincia.

–¿Cómo se ha abordado la asignación de fondos teniendo en cuenta que Almería se lleva un tercio de los 153,6 millones asignados a Andalucía cuando solo hay un municipio afectado por el cierre de la central de Endesa, mientras en Cádiz hay tres y en Córdoba 11 municipios?

–Eso depende del coste asociado a que desaparezca la actividad anterior. La asignación presupuestaria se ha realizado desde la Administración General del Estado para cada una de las ocho provincias de Transición Justa de España, basándose en las emisiones de gases de efecto invernadero y el empleo de cada una de las provincias.

–¿Se solapan los fondos de TJ y el convenio de TJ?

–Hay que aclarar que una cosa es el convenio de TJ de Carboneras y otra cosa es que la provincia de Almería sea una de las ocho provincias que serán receptoras de los denominados fondos de TJ, un nuevo

"El plan de TJ para Almería prevé crear y mantener 6.200 empleos y el desarrollo de 5 proyectos tractores“

tipo de fondo europeo que se despliega por primera vez en el nuevo Marco Comunitario de apoyo. Siendo cuestiones diferentes, es evidente que los fondos de TJ podrán usarse, entre otros fondos (FEDER, FSE, Next Generation, etc), para apoyar proyectos o iniciativas en Carboneras que respondan a los ámbitos de oportunidad identificados en su convenio. A partir del presupuesto que corresponde a Almería se llevarán a cabo actuaciones de la Junta de Andalucía, que pueden incluir convocatorias de ayudas, que lógicamente tendrán aparejado un proceso de concurrencia pública.

–En línea con el convenio, en marzo del pasado año se firmó el protocolo de actuación para la elaboración del mismo entre su Consejería, el MITECO y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ¿cómo va este proceso?

–Nos encontramos en el desarrollo del protocolo de Transición Justa, cuyo objetivo es el de la definición de las medidas y alcance del futuro convenio de Transición Justa donde se incluirán proyectos tractores que impulsar, la puesta en marcha o el refuerzo de iniciativas empresariales más pequeñas que conformen, junto a los proyectos tractores, un plan de desarrollo y especialización territorial coherente y sostenible y otras actividades que se identifiquen como nichos de empleo particularmente interesantes para las zonas de actuación. Eso se desplegará a lo largo de este año. Para ello se está realizando un trabajo de identificación de iniciativas o proyectos que potencialmente puedan ser desarrollados en Carboneras, y que respondan a los citados parámetros. Estos proyectos tractores se presentarán como ámbitos de oportunidad, no como proyectos concretos que vayan a ser promovidos por empresas concretas. El convenio de TJ en sí mismo no tiene asignado un presupuesto, sino que se centrará en identificar esas operaciones a impulsar. Las diferentes administraciones concentrarán sus esfuerzos en esos ámbitos de oportunidad y desplegarán sus instrumentos de apoyo, que pueden incluir ayudas públicas. En este caso, como principio general, habrá un procedimiento de concurrencia mediante el que cualquier empresa que cumpla los requisitos de las correspondientes bases reguladoras podrá acceder. Se está trabajando para que los instrumentos de la Junta de Andalucía se pongan a disposición de los proyectos tractores u otras iniciativas de las antes citadas lo antes posible, con la meta de este mismo año, al menos, tener publicadas las correspondientes bases reguladoras.

–En su visita a Carboneras conocía dos proyectos incluidos en la Unidad Aceleradora de Proyectos. ¿Qué diferencia hay entre esta unidad y declarar un proyecto de interés estratégico como se hizo con Cosentino?

–La Unidad Aceleradora de Proyectos impulsa y coordina los proyectos de inversión que le sean asignados, promoviendo la agilización de todos los procedimientos de las Administraciones Públicas andaluzas que sean necesarios para llevarlos a cabo. Las empresas pueden acceder a los servicios que presta la Unidad a través de dos vías: siendo declarados de interés estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos disfrutando estos de una tramitación urgente y preferente, de una reducción de los plazos administrativos, cuando ello sea posible, y de un project manager de la Unidad Aceleradora que garantice un seguimiento individualizado del proyecto; o cuando el Consejo de Gobierno toma conocimiento, asignándosele a

El consejero Rogelio Velasco en la sede de Diario de Almería

estos también un project manager de la Unidad Aceleradora que garantice un seguimiento individualizado del proyecto. Hasta el momento, la Unidad Aceleradora de Proyectos tramita casi una treintena de iniciativas relevantes para Andalucía que suma una inversión de 6.540 millones y representa la generación de 17.726 empleos. Por su parte, el Gobierno andaluz ha tramitado desde 2019 la aprobación de doce grandes proyectos estratégicos, que tienen una inversión global asociada de 3.537 millones e implican la creación de más de 10.012 empleos. Entre estas iniciativas se encuentra la consolidación y ampliación del parque empresarial de Cosentino, que supondrá una inversión de 719 millones y la generación de 2.140 empleos.

–Otros de los temas de actualidad en la provincia almeriense es el proyecto del parque eólico marino flotante Mar de Ágata, que está encontrando voces en contra. ¿Han contactado con ustedes sus promotores?

–Sí, se han reunido con nosotros. Se trata de un proyecto que supone una nueva oportunidad de desarrollo económico y social para el territorio. Por supuesto, su desarrollo se deberá realizar de acuerdo con la ordenación del espacio marítimo, que emana de la directiva europea de 2014 relativa a esta ordenación y que busca fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, entre otros aspectos, y, en este sentido, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Administración General del Estado aprobar los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas, entre los que se encuentra el del Estrecho y Alborán.

-Por otro lado, su Consejería ha avanzado que el sector del mármol será el primero en contar con un Plan Crece Industria 2021. ¿En qué consistirá?

–Desde la Junta de Andalucía se reconoce que la extracción y transformación del mármol es la principal actividad económica de la comarca de Macael. Por ello, es especialmente importante que el desarrollo de esta actividad tenga lugar dentro de un marco de seguridad jurídica. Se está trabajando muy intensamente por parte de la Secretaría General de Industria para que se puedan aprovechar todos los recursos endógenos posibles en la zona y fortalecer a las empresas para que sean más competitivas, pero estas también tienen que asumir sus propias responsabilidades, en particular, me refiero a temas medioambientales. Se trata de garantizar la rehabilitación del espacio natural afectado por las labores mineras, así como por sus servicios e instalaciones anejas, en los términos que prevé la normativa de aplicación.

–Entiendo que está hablando de los avales y me consta la comunicación permanente entre la Junta y los empresarios, ¿pero cuál es el escollo que impide que este asunto se resuelva?

–Exacto. El Ayuntamiento de Macael y las empresas explotadoras están trabajando para dar respuesta a la necesidad de actualizar el Plan de Restauración y de Gestión de Residuos, del que derivan las

"El nuevo decreto de ordenación de enseñanzas universitarias podría estar terminado antes de verano”

correspondientes garantías de restauración. A veces los problemas son complejos, vienen de atrás en el tiempo y no podemos hacer tabla rasa porque hay una normativa que hay que cumplir. El principal escollo radica en la complejidad técnica y el alcance de los trabajos que se están realizando para ello, si bien los avances que se están dando son muy prometedores. 

–Volviendo al plan Crece para el mármol, ¿cuándo podría tener salida?

–Sabiendo como trabaja la Secretaría General yo creo que en un plazo de dos meses podría estar ya articulado para poder tomar medidas concretas.

–Imagino que contemplará incentivos …

–Efectivamente, entre las propuestas que se han elevado desde la Junta de Andalucía al Ministerio de Hacienda y Función Pública para la configuración del Plan Territorial de Transición Justa de España 2021-2027, en lo referente a la provincia de Almería, se encuentra la relativa a la transformación del sector de la piedra natural y el mármol en lo referente a sostenibilidad ambiental, mejora de la productividad, expansión internacional y promoción de capital humano, incluyendo inversiones en regeneración y rehabilitación de terrenos y fomento de su identidad minera, por lo que esperamos contar con fondos para su impulso.

–Acortar trámites burocráticos ha sido uno de los retos desde que arrancase su Gobierno. La agilidad se ha visto plasmada, por ejemplo, en la tramitación de ayudas durante la pandemia. ¿Cómo se ha logrado?

–Hemos llevado a cabo un trabajo de revisión de los procedimientos administrativos y burocráticos en lo que es la relación de la Administración con las empresas. De los 450 procedimientos detectados los hemos dejado a la mínima expresión, 150, eso es un 33%; no hemos podido ir más allá porque nos topábamos con la legislación de carácter estatal. Esto se enmarca dentro del Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía y los decretos que en él se articulan es la gran obra de ingeniería administrativa de la legislatura; el mejor legado que podemos dejar para que crezca la inversión y el empleo.

–En el ámbito de la Universidad y la empresa se está constatando la necesidad de impulsar la formación dual. ¿En qué líneas se trabaja desde su Consejería?

–La Consejería está inmersa en la elaboración del nuevo decreto de ordenación de enseñanzas universitarias, que podría incluso estar terminado antes de verano. Este decreto se ajustará a criterios de eficiencia y adecuará la oferta de títulos a la demanda, mirando siempre implementar la calidad y la excelencia en pro de la mejor formación científica, humana y técnica del estudiantado. Este decreto incorporará por primera vez la formación dual, de forma que los grados y másteres podrán combinar periodos formativos tanto en el centro educativo como en la empresa u organización. La formación dual universitaria permitirá mejorar la cualificación práctica del alumnado y facilitará su empleabilidad. El objetivo prioritario de este Gobierno es, además de la ordenación de las enseñanzas, impulsar los programas de colaboración entre universidad y empresa con el fin de fomentar la configuración de un ecosistema favorable a la empleabilidad y a la transferencia de conocimiento. Con ese objetivo, la Consejería está ultimando la elaboración de la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía (EIDIA) 2021-2027, que sienta las bases de la política autonómica de I+D para los próximos años. Este instrumento persigue, entre otros fines, incrementar al 55% la participación de la iniciativa privada en la inversión en investigación y elevar los niveles de transferencia. También se plantea incrementar hasta un 60% el porcentaje de empresas en la región que cooperan con universidades.