Si el pasado 24 de noviembre era el campo almeriense el que trasladaba sus protestas a la capital española, dos meses después será el sector pesquero el que lo haga, en esta ocasión para alzar la voz frente a las decisiones adoptadas recientemente en el seno de la Unión Europea.

El sector pesquero de la modalidad de arrastre del Mediterráneo andaluz, con asistencia de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) así como de una delegación de armadores de cada puerto afectado por el plan plurianual de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental -adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020 con el objetivo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2025 de un 40%-, celebraba este pasado sábado una reunión en Motril (Granada) para analizar el resultado del Consejo de Ministros de Pesca la Unión Europea celebrado en Bruselas los días 12 y 13 de diciembre, que fijaba el nuevo marco de reducción del esfuerzo pesquero.

La pesca de arrastre andaluza considera que las nuevas medidas suponen un nuevo castigo al sector y una amenaza para su supervivencia. Por este motivo ha decidido llevar a cabo una manifestación en Madrid contra las políticas comunitarias el próximo 28 de enero. En síntesis, el consejo de ministros, con el voto en contra de España, optaba por reducir en un 6% los días de esfuerzo para la flota de arrastre (reducción adicional que se suma al 20% de reducción de los dos últimos años, sin contar con los 13.800 días que se dejaron de pescar por COVID-19), por el establecimiento de un nuevo régimen para el palangre y por la aplicación de un TAC (total de capturas admisibles) fijado en 872 toneladas anuales para la gamba roja, medida nueva para especies de fondo en el Mediterráneo y que provocará muchas complicaciones en la gestión pesquera del día a día. El sector, junto al Gobierno español y autonómico, consideran que esto es un jarro de agua fría pues no existen argumentos socioeconómicos ni científicos que respalden las nuevas medidas y defendían que las decisiones se tomaran cuando se dispusiera de los resultados científicos que muestren el impacto de las medidas ya implementadas durante los dos últimos años como la reducción de los días de pesca ya ejecutados, vedas espacio-temporales, vedas permanentes, paralizaciones temporales de dos meses, etc.

Las nuevas medidas chocan contra los principios rectores de la Política Pesquera Común (PPC): combinar la protección del medio marino con el mantenimiento de la economía y el empleo de las zonas costeras, y es que las propuestas de la Comisión Europea, encabezada en el ámbito pesquero por el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, parecen no atender los últimos dos aspectos que constituyen dos patas del ‘trípode’ de las sostenibilidad: social y económica, además de ambiental.

De acuerdo a los datos de Facope y Faape, actualmente, la flota andaluza de arrastre está compuesta por 92 embarcaciones (de ellas 43 en la provincia de Almería) y ella da empleo directo a 600 personas, así como propicia 3.000 empleos indirectos.