“Un consejo largo y complicado”. Ésta era la previsión que hacía el ministro Luis Planas sobre el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que se celebra desde ayer y continúa hoy, prolongándose, como todo apunta, hasta la madrugada, por lo que el resultado sobre las posibilidades de pesca para 2022 no se conocerá hasta mañana.

Las propuestas de la Comisión Europea con las que se sentaban a la reunión no eran de buen gusto ni para el Gobierno español, ni para el autonómico ni para el sector pesquero, especialmente del levante, cuya senda está marcada por el plan de gestión de demersales en el Mediterráneo occidental, en vigor desde enero de 2020. En este sentido, Planas explicaba previamente al encuentro que España, tras un recorte de los días de pesca del 10% en 2020 y del 7,5% en 2021, no podía aceptar la aplicación de una reducción adicional de días de esfuerzo para la flota de arrastre, un nuevo régimen para el palangre, ni la aplicación de TAC (Total Admisible de Capturas) para la gamba de profundidad. En cuanto a lo último, la propuesta de la CE consistía en 800 toneladas anuales, un 13% menos respecto a las capturas realizadas en 2020, si bien finalmente el límite se fijaba en 872 toneladas, pero aún así encontraba la oposición puesto que esta iniciativa también pone en riesgo la selección de otras especies ya que la pesca en el Mediterráneo español es multiespecífica, “esto no es ningún cambio y, por supuesto, ninguna negociación, volvemos a estar en el punto de salida”, decía a media tarde de hoy la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien representaba a todas las comunidades autónomas pesqueras de España en Bruselas y quien manifestaba que a esas horas el avance había sido nulo.

El sector pesquero acudía preocupado a la cita. El vicepresidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), el almeriense José María Gallart, señalaba: “Necesitamos un respiro y nos oponemos a aceptar cualquier restricción adicional hasta que se disponga de resultados verdaderamente concluyentes de las medidas ya implementadas, incluyendo la reducción de los días de pesca, las vedas espacio-temporales, las vedas permanentes y las paralizaciones temporales de dos meses, durante los dos últimos años y que, además de suponer un esfuerzo importante para la flota, han tenido un duro impacto en la rentabilidad de los pescadores”.

Receso en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE en que Luis Planas y la consejera Carmen Crespo junto a representantes del sector pesquero intercambian opiniones

Gallart ha sido uno de los representantes del sector que se desplazaba a Bruselas junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Mariano García; ambos lo hacían con la consejera andaluza. “Andalucía apoya al Ministerio en la defensa de los pescadores españoles”, decía Crespo cuando calificaba la propuesta de la Comisión Europea de inasumible y sin el aval científico necesario. En esta línea se pronunciaba también el presidente de la Faape: “El ministro tiene todo el apoyo, tanto a nivel político de las comunidades autónomas, como del sector pesquero. Ha llegado el momento de pararle los pies al señor Sinkevičius”. Al respecto del comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, José María Gallart lamentaba que “lo único que quiere es destruir la pesca de bajura española”. Crespo explicaba, además, que si hubiera algún recorte en días, que sería, insistía, inasumible no se podría acompañar, además, con un TAC y con medidas técnicas adicionales. Sobre lo último, tras exclamar que el Mediterráneo no aguanta más, detallaba un proyecto piloto que se está llevando a cabo en este momento para la selectividad de las especies y que, según adelantaba Diario de Almería en días atrás, consiste en el cambio de malla de 40 a 45 milímetros. 

La consejera advertía de que tanto la flota del Golfo de Cádiz, a la que sobre todo afecta la reducción de las capturas de merluza que se rebajaba hoy del 18,5% al 12% considerándose aún esta cifra exagerada, como del Mediterráneo han hecho un esfuerzo pesquero impresionante, más en este año de pandemia por lo que la Comisión debería considerar la sostenibilidad, no solo ambiental, sino también laboral y social. “La CE está dando una fórmula que perjudica al sector pesquero y da por sentado que el abastecimiento de Europa se tiene que hacer a través de terceros países o, al menos, es lo que está favoreciendo si la posición se mantiene en esta negociación. Nos parece fuera de lugar”. Finalmente la consejera sentenciaba: “Esto no es la recuperación de los caladeros, es el desmantelamiento de la flota y no lo podemos asumir. Seguimos reivindicando negociación y una postura más flexible por parte de la Comisión Europea”.

Si las medidas planteadas en la propuesta de la Comisión salen aprobadas, se vislumbra un escenario con una desaparición de la flota pesquera del 50%, tal y como señalaba la Faape y Facope, previamente al Consejo de Ministros. De acuerdo a los datos de estas organizaciones, actualmente, la flota andaluza de arrastre está compuesta por 92 embarcaciones, de ellas 43 en la provincia de Almería, y ella da empleo directo a 600 personas, así como propicia 3.000 empleos indirectos.

El sector pesquero del Mediterráneo español, que tuvo acceso al informe del Comité Cientifico Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP/STEFC), que ha servido de base para la toma de decisiones sobre el esfuerzo en el Mediterráneo Occidental en el Consejo de Ministros de Pesca, lamentaba recientemente que el encargo del estudio de la Comisión a este comité solo contuviese escenarios en los que se prima la reducción del esfuerzo pesquero, mediante la disminución de días de pesca por la flota afectada, continuando con el proceso de reducción que impactará negativamente en las consecuencias socioeconómicas, tanto directas como indirectas, de las poblaciones dependientes de la pesca, cuestión que reconoce el STEFC en su informe.

Por ello sector y gobiernos, central y autonómico, consideraban necesario que se proceda a evaluar, de forma urgente, las consecuencias que sobre los stocks han tenido las medidas que hasta ahora, desde la implantación del plan multianual, se han puesto en marcha, como la reducción de días, cierre espacio temporales, etc. “Es inviable esperar a 2025 para realizar una evaluación del MAP, máximo teniendo en cuenta que el mismo STEFC, en su informe, afirma que el rendimiento máximo sostenible (RMS) -estipulado en un 40%- no se va a conseguir en todas las zonas y para todas las especies en ese año. Por ello, es necesario aplazar la fecha pretendida para alcanzar el RMS, planteando, en su caso, una duración del plan de diez años en lugar de cinco. Siendo imprescindible disponer de evaluaciones anuales que orienten sobre los resultados de las medidas”, señalaba el sector pesquero español, que siempre se ha mostrado favorable a la aplicación de medidas que permitan garantizar el mantenimiento de las distintas poblaciones pesqueras y, de ahí, por ejemplo, la política llevada a cabo, conjuntamente con la Administración en todo el litoral español, de establecer épocas de veda y, ello, desde hace muchos años.