El sector pesquero se reúne estos días con las distintas administraciones de cara al Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebra en diciembre y en el que, entre otros asuntos, se decidirán los días de pesca que se permitirán en 2022 para el arrastre, en el marco del plan plurianual para los recursos demersales en el Mediterráneo occidental. Así el lunes, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, mantenía un encuentro con el Grupo de Trabajo del Mediterráneo, con el que compartía la posición que defenderá España de mantener las posibilidades de pesca, mientras ayer fue el turno para la reunión con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que en estos momentos representa a todas las comunidades autónomas en Bruselas.

Según difunde el Ministerio, a la espera de conocer la propuesta de la Comisión sobre posibilidades de pesca para 2022, desde la Secretaría General de Pesca se mantiene el enfoque de sostenibilidad integral, que reconozca todos los pilares de la Política Pesquera Común, social, económico y el ambiental. La defensa de estos argumentos se apoya en el intenso trabajo que están desarrollando los institutos científicos españoles en materia de cierres espacio-temporales y selectividad, y en su recomendación de permitir a las medidas ya implantadas y las que están en estudio, el margen temporal suficiente para valorar sus efectos científicamente.

En esta línea, el Ministerio se posiciona al lado del sector a la hora de no respaldar una reducción adicional de los días de pesca hasta que no se analicen los resultados de los estudios científicos que miden el impacto que han tenido sobre los stocks pesqueros las medidas en marcha desde 2020 y que no estarán disponibles hasta el próximo año. Hay que tener en cuenta que ya el ejercicio pasado se cerraba con un acuerdo de reducción en un 7,5% del esfuerzo pesquero para este año, al que hay que añadir la restricción del año anterior y que el objetivo del plan es el de alcanzar el RMS (rendimiento máximo sostenible) en 2025 en base a una reducción progresiva del esfuerzo de hasta un 40% en el conjunto del período.

Lo que no dejaba satisfecho al grupo de trabajo pesquero tras el encuentro con Villauriz es la propuesta con la que España acudirá al Consejo para no ir con las manos vacías: el borrador de una orden ministerial con medidas técnicas para la selectividad de las especies, que se refiere al cambio de malla de 40 a 45 milímetros, según detalla José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y vicepresidente segundo de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), quien mantiene: “Este no es el camino a seguir”. Actualmente, en base al reglamento europeo de 2006, se puede emplear una red de malla cuadrada de 40 milímetros o romboidal de 50.

El sector se muestra preocupado por el hecho de que España vaya en esto por delante y ponga en riesgo la sostenibilidad de la actividad. Como expone el Ministerio, en este año se ha diseñado un ambicioso proyecto, en el que ha participado el sector pesquero, para analizar la aplicación de las medidas de selectividad, basándose en los mejores dictámenes científicos disponibles. Este proyecto ha sido financiado por la Secretaría General de Pesca, y, según el Gobierno, “los estudios preliminares ofrecen resultados positivos para la conservación y recuperación de los recursos demersales”. Sin embargo, el sector considera que lo oportuno es que el proyecto finalice antes de hacer propuestas, ya que según Gallart, el Instituto Español de Oceonografía (IEO) aún está realizando pruebas en Andalucía y zonas de Baleares.

Por otro lado, la flota de arrastre ha decidido mantenerse amarrada los días 13 y 14 de diciembre coincidiendo con la celebración del Consejo como muestra de su disconformidad ante nuevas restricciones.