En el 47 aniversario de la Constitución

Se cumple el 47 aniversario de la Constitución. Una fecha que los demócratas debemos de celebrar cualquiera que sea nuestra ideología. No me parece adecuado esa moda de autodenominarse constitucionalistas que han adoptado algunos partidos, como si los demás no lo fueran. Lo importante de las leyes no es que te gusten o te dejen de gustar, sino que se cumplan. El sometimiento a lo establecido en la Constitución es requisito indispensable para participar en la vida política y todos los partidos que ocupan escaños en el Congreso, desde VOX hasta Bildu, son constitucionales. Es cierto que para algunos puede ser un texto que se haya quedado obsoleto, mientras que para otros sea un texto sagrado que no admita modificación. Ni la Constitución es infalible, ni hay que hacer borrón y cuenta nueva. Los tiempos cambian y en la propia Constitución está previsto que pueda ser modificada, en función de los cambios que se producen en la sociedad. A la vista del deterioro que está sufriendo la sanidad pública, con clara tendencia a la privatización en algunas comunidades autónomas, creo que la salud no está suficientemente protegida en la Constitución. Las palabras pronunciadas por el CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el Hospital de Torrejón de Ardoz instando a sus directivos a ahorrar en la asistencia sanitaria para aumentar los beneficios económicos, son significativas. Sería conveniente modificar la Carta Magna para incluir el derecho a la sanidad pública en la sección primera del capítulo segundo, donde se reconocen los derechos fundamentales. La protección a la salud aparece en el capítulo tercero que no habla de derechos, sino de los principios rectores de la política social y económica, que viene a ser lo mismo que una declaración de intenciones. Es cierto que desde la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011, la sanidad pública se ha consolidado como un derecho, pero se trata de un derecho regulado por leyes ordinarias, cuya modificación está a merced de futuros gobiernos. Su elevación a derecho constitucional, es necesaria para que ningún gobierno pueda ponerle límites. No estaría demás otorgar rango constitucional al derecho a la sanidad pública garantizando su permanencia.