Es la demografía, estúpido

En el manual de cualquier aprendiz de historiador figura el papel trascendental de la demografía como marcador casi infalible de los impulsos y las crisis económicas y sociales, incluso las ligadas a los declives de ciertas civilizaciones y el orto de otras. Por eso resulta tan sorprendente la ceguera voluntaria de nuestras sociedades, las europeas y occidentales, ante los datos incontrovertibles de que hoy disponemos, con una fiabilidad prácticamente total.

Limitándonos a España, y ahora que andamos de celebraciones y balances sobre los últimos cincuenta años, el demógrafo Alejandro Macarrón, quizá el más prestigioso y conocido de los españoles actuales, quien lleva muchos años advirtiendo de la deriva suicida que emprendimos hace unas décadas, ha amenizado los fastos con la siguiente batería de datos: si en 1975 el 85% de los adultos menores de 30 años estaba casado, ahora no se llega al 15%; si entonces más del 90% de los españoles se casaba al menos una vez en la vida, ahora lo hacen menos del 50%. En consecuencia, entre 1975 y 2025 la natalidad de niños de madres españolas ha caído un 67%, de forma que son ya 20 las provincias españolas, entre ellas Madrid y Barcelona, donde en 2024 nacieron al menos un 40% de niños con, al menos, un progenitor extranjero. Al mismo tiempo, cada año mueren 200.000 españoles más de los que nacen –ninguna guerra ha conseguido jamás semejante marca–, y la población envejece a una velocidad nunca imaginada. La conclusión de Macarrón es poco discutible: “En lo relativo a familia y natalidad […], el último medio siglo ha sido un completo desastre”.

¿Lo suplimos con la inmigración? Al margen de las consecuencias culturales que atrae en su forma masiva e incontrolada, en el plano puramente socioeconómico la sustitución simplemente no funciona: exportamos ingenieros y médicos, formados a un alto precio, y nos llega gente sin formación. La resultante es también arrasadora: según el mismo experto, de los 575.000 extranjeros acogidos en los últimos 12 meses, el 34% de ellos, entre 20 y 64 años, están en paro o inactivos, pero todos ellos gozan de techo y de los servicios básicos y prestaciones de la población española. Y la presión es cada vez mayor en medio de la absoluta negligencia política y de la aún mayoritaria apatía ciudadana.