NOTAS AL MARGEN
David Fernández
Un milagro por Navidad: salvemos al país
El deterioro que está sufriendo la sanidad pública en Andalucía es una obviedad por todos conocida. Según el informe del Ministerio de Sanidad publicado en diciembre de 2024, Andalucía es la comunidad autónoma que tiene más pacientes en lista de espera, con 194.259 personas pendientes de ser atendidos, de los cuales hay un porcentaje elevado con más de seis meses de espera, y un tiempo medio de 176 días. Un tiempo de espera que puede provocar el desarrollo de la enfermedad que sufra el paciente. Usuarios y profesionales han unido sus voces para protestar con una política sanitaria que se está debilitando transfiriendo servicios a compañías de seguros privados y la asociación Marea Blanca lleva años luchando por defender una sanidad pública universal y de calidad en Andalucía. La crisis de la sanidad pública andaluza ha llegado al límite con los fallos que se han detectado en la comunicación de los cribados de cáncer de mama a pacientes que no fueron avisadas de los resultados obtenidos de las pruebas de detección del cáncer de mama. Muchas pacientes de cáncer de mama han sufrido las consecuencias del mal funcionamiento de la sanidad andaluza, ante el temor de que se pudiese haber producido un grave crecimiento en sus tumores. Y según testimonios acreditados, no se descarta la posibilidad de que se haya provocado el fallecimiento de algunas personas. Cuando se descubrió la lamentable situación la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, intentó quitarle importancia, declarando que sólo eran cuatro las personas afectadas y acusó a las víctimas de estar manipulando el sistema de salud andaluz. Después la propia Junta de Andalucía ha reconocido que son 2,000 las mujeres afectadas en los últimos tres años, aunque pueden ser muchas más las personas perjudicadas si tenemos en cuenta que los protocolos utilizados en el caso de las mamografías son los mismos que se practican a los pacientes oncológicos. Con semejante panorama, en ningún momento Rocío Hernández considera que tenga motivos para dimitir y no parece que Juan Manuel Moreno Bonilla tenga intención de apartarla del cargo. Una asociación de las personas afectadas, AMAMA, está dispuesta a emprender acciones judiciales.
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