Una cuestión de derechos. Porque derechos los tenemos todos. ¿Tengo derecho a ir a la playa todos los días? Pues claro. ¿Y tengo derecho a ir al médico en la Seguridad Social si estoy enfermo? Por supuesto. ¿Tengo derecho a acudir a las urnas cuando se convocan algunas elecciones, o a participar como candidato? Nadie lo duda. Pero, aun teniendo esos derechos, ¿tengo algún tipo de obligación de disfrutarlos? No lo creo. Tener un derecho significa que puedo ejercer el derecho que se me reconoce. Pero es evidente que no tengo por qué ejercer mi derecho. Acogerme a él depende en buena medida de mí. Depende de que yo crea que es oportuno o que está de acuerdo con mis intereses. Es una diferencia radical entre obligación y derecho. Lo primero debo respetarlo quiera o no quiera. Lo segundo, se puede ejercer o no. Existe el bono de la electricidad. También el de la calefacción. Ambos están sujetos al cumplimiento de unas tenues condiciones, porque no son totalmente universales. Todas las personas, todas las familias que las cumplan tienen el derecho a recibir las ayudas. Sin embargo, son unas condiciones bastante laxas y son muchas, quizá demasiadas, las personas y familias que las pueden cumplir. Tal vez por incuria a la hora de redactar la noma ha podido convertirse en una especie de coladero. Es decir, que permitía que los solicitaran y se le concedieran a familias que realmente no los necesitaban. Está claro que los que se hayan visto beneficiados sin necesitarlo no han cometido ninguna ilegalidad; nada más lejos. Pero en mi opinión han carecido de una cierta (mínima) sensibilidad ética, o estética, o simplemente solidaria. Por ejemplo, el mero hecho de ser familia numerosa, independientemente de los niveles de renta, no debería ser razón suficiente para recibir la ayuda. Pero la norma lo admite. Por eso, los hay que con unos niveles de ingresos que superan con mucho la media nacional han solicitado y recibido muchos euros como ayuda para la electricidad, o se han visto beneficiados con la ayuda para la calefacción. ¿Cuál puede ser su talante ético? ¿Cuál su espíritu solidario, sabiendo que, por ejemplo, el bono social lo tienen que pagar otros abonados que, quizá, tengan niveles de renta bastante inferiores? En modo alguno comparto ni su talante ni su espíritu. O el legislador o ellos se han olvidado de "a cada uno según sus necesidades". Y eso es lo que debería hacer el Estado al repartir ayudas.