Manosear la Constitución

No hay que ser un gran cátedro para saber que una Constitución es algo importante, tanto que la de los ingleses no está ni siquiera escrita (no hay nada más serio que la palabra que no necesita del papel para ser cumplida). A lo largo de su historia, España ha tenido siete constituciones (ocho, si contamos con el Estatuto de Bayona otorgado por Bonaparte), pero hasta la de 1978 todas se elaboraron desde el sectarismo, imponiendo las directrices de una determinada facción y obviando los anhelos y principios de las demás.

España, como nación política (que no cultural y espiritual), se fundó con la Constitución de 1812, un texto glorificado por la historiografía liberal española, pero que fue escrito e impuesto por las élites intelectuales a espaldas del sentir general del reino, de ahí ese tortuoso siglo XIX plagado de guerras civiles. Las “dos Españas” no nacieron en 1936, sino en el arranque de nuestra historia constitucional.

Al igual que a la Constitución de 1812 se la conoció como la Pepa, a la vigente la llamaba Aquilino Duque la Nicolasa, porque se aprobó un 6 de diciembre, onomástica de San Nicolás de Bari. Los padres de la Nicolasa intentaron evitar los errores históricos y elaborar una constitución que fuese más útil que perfecta. Un texto que no podía contentar a todos completamente, pero que ha servido durante décadas para una aceptable convivencia entre los españoles. Ni a todos les gustaba la Corona ni a todos les gustaban las autonomías, pero la gran mayoría de los españoles (el 87,78% de los votantes) dijo sí. Y hasta la fecha.

A partir de la crisis de 2008 han surgido voces muy críticas con la Constitución, desde el republicanismo de Podemos hasta el antiautonomismo de Vox (por no hablar del intento de voladura golpista protagonizado por el independentismo catalán). Nada que objetar: son voces críticas que tienen derecho a serlo. Pero lo verdaderamente preocupante es el manoseo que sufre el texto desde el propio Gobierno de la nación, quien la incumple continuamente al no presentar los Presupuestos o intentar reformarla por la puerta de atrás con la Ley de Amnistía. Ahora, para mayor inquietud, anuncia su intención de reformar el texto para incluir en su articulado lo que llaman “el derecho al aborto”. Y lo hacen no por convicción (saben que la práctica está más que garantizada) sino por estrategia electoral y conociendo que no tienen los números para conseguirlo. Da igual: el objetivo es manosear a la Nicolasa y polarizar a los españoles. Y todo a mayor gloria de Sánchez.