La ciudad y los días
Carlos Colón
Mamá, yo quiero ser Felipe
El decreto aprobado por el Gobierno sobre la regularización migratoria de personas extranjeras que viven en España sin papeles, es una medida que beneficiará a cientos de miles de personas que se encuentran en situación irregular y, posiblemente, a patronos que necesiten mano de obra para ciertos trabajos que los españoles no están dispuestos a desempeñar. Recuerdo una anécdota del tiempo que estuve ejerciendo de jefe de Servicio de Administración Laboral y recibí una llamada telefónica de un ciudadano que me dijo: “Yo no tengo gente para trabajar y tengo a mi lado un marroquí sin papeles que no tiene para comer. Dígame usted qué hago”. La ley no permitía que pudiera solucionar su problema y no supe qué contestar. Regular la situación de inmigrantes, mediante el decreto aprobado por el Gobierno, permitirá en unos casos dar trabajo a inmigrantes en paro que ya viven en nuestro país, y en otros legalizar situaciones donde se están realizando trabajos en negro. No han pasado tantos años desde que eran muchos españoles quienes hacían la maleta para buscarse la vida en Alemania y contribuían con su trabajo al desarrollo de un país del que España se encontraba, económicamente, en las antípodas. Si hoy son extranjeros quienes vienen a trabajar a nuestro país, es debido al progreso que ha convertido una España donde la escasez obligaba atravesar fronteras para poder vivir, a una España en desarrollo donde la llegada de inmigrantes es necesaria. No lo entiende así la derecha que considera la llegada de inmigrantes como un coladero de delincuentes que circulan por España, con el visto bueno de Pedro Sánchez. Se necesita ser cerril para condenar la llegada de inmigrantes a un país, cuando su presencia significa que dicho país está en pleno desarrollo. Nada de extraño tiene que la derecha se oponga al decreto aprobado por el Gobierno para regular la situación de inmigrantes, pero el argumento que utilizan demuestra la ignorancia de sus dirigentes. Dice Núñez Feijoo que se trata de una estrategia para “aumentar el censo en más de 800.000 personas”. Un individuo que aspira a ser presidente del Gobierno no sabe que los inmigrantes que obtengan permiso de residencia, podrán trabajar, pero no podrán votar en unas elecciones generales.
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