La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para marcar agenda mediática y para movilizar a su electorado con declaraciones impactantes. Sin embargo, en esta ocasión ha cometido un error de gran calado institucional al insinuar que la imputación de su pareja, Alberto González Amador por presuntas irregularidades fiscales podría estar influida por una maniobra política orquestada desde el gobierno y en particular, por el Partido Socialista. Esta línea argumental no solo es arriesgada desde el punto de vista político, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en la independencia del Poder Judicial y descoloca el discurso del propio Partido Popular. Las acertadas políticas de La `presidenta madrileña han logrado acaparar un segmento de voto trasversal que hace incuestionable su liderazgo en la mayoría de las encuestas, por ello resulta incomprensible este error de bulto en un asunto que ella misma ha puesto en la actualidad informativa.
En un Estado de Derecho el respeto a la independencia judicial no es una opción política sino un pilar constitucional. Los procedimientos de investigación y eventual enjuiciamiento de un ciudadano, independientemente de su vinculación personal con un dirigente público, deben desarrollarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso. Cuestionar dichos procedimientos desde la máxima representación de una comunidad autónoma introduce la sospecha de que la justicia puede ser instrumentalizada según intereses políticos coyunturales, algo que socava la percepción de neutralidad de los jueces y debilita la arquitectura institucional.
La contradicción de Ayuso es evidente si se contrasta con la línea oficial de su partido. El Partido Popular bajo el liderazgo de Núñez Feijóo ha defendido públicamente la necesidad de respetar las resoluciones judiciales y de no caer en la tentación de desacreditar a los jueces cuando las resoluciones son desfavorables. De hecho, uno de los principales argumentos que el PP ha utilizado contra el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido precisamente la crítica a lo que perciben como una degradación institucional y una politización de la justicia en episodios como la reforma del delito de sedición, los indultos a los condenados por el “procés” o las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Resulta incoherente que, frente a estas acusaciones, una de las figuras más visibles del partido se aparte de esa narrativa y adopte el mismo tipo de discurso que se reprocha a los adversarios políticos.
El error estratégico es doble: por un lado, al victimizar públicamente a su pareja, Ayuso corre el riesgo de transformar un caso judicial de naturaleza tributaria en un conflicto político de primer nivel, lo que amplifica su impacto mediático y le resta margen de maniobra. Por otro, al sugerir que existe una persecución orquestada desde La Moncloa, contribuye involuntariamente a legitimar la idea de que el Gobierno tiene la capacidad de interferir en causas judiciales, algo que hasta ahora el PP había combatido con firmeza para mantener la confianza de su electorado en la separación de poderes.
No menos relevante es el mensaje que se envía a los votantes del PP. El electorado conservador, en general, valora la estabilidad institucional y el respeto a las reglas de juego. Las declaraciones que ponen en entredicho el funcionamiento de los tribunales generan desconcierto en ese segmento, que asocia la fortaleza del Estado de Derecho con la independencia y el prestigio de los jueces. La ausencia de una corrección pública por parte de la dirección nacional del partido podría interpretarse como una aceptación tácita de esta deriva, lo que a medio plazo puede deteriorar el capital político del PP en su discurso sobre regeneración institucional. Por último, existe un componente ético que no puede obviarse. Los responsables públicos tienen una especial obligación de ejemplaridad. Si bien es comprensible que Ayuso defienda la inocencia de su pareja en el plano personal, debe abstenerse de cuestionar las instituciones desde su posición de poder. Confundir la legítima defensa política con la deslegitimación de la justicia es una frontera que resulta difícil volver a establecer sin costo reputacional.
Las reiteradas insinuaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre una supuesta persecución judicial constituyen un error político de gran magnitud. Dañan la credibilidad de su propio partido, ponen en riesgo la confianza ciudadana en la justicia y contradicen el discurso de defensa institucional que el PP ha esgrimido en los últimos años. Si el Partido Popular aspira a mantener una imagen de respeto a la separación de poderes, debería marcar con claridad que estas declaraciones no representan su posición oficial. Callar ante esta contradicción elemental podría tener consecuencias que trasciendan el ámbito personal de la presidenta madrileña y terminen erosionando la confianza de los votantes en uno de los pilares fundamentales de la democracia española. La independencia judicial ha de ser defendida frente a cualquier desavenencia.
