"La culpa de que Antas tenga que pagar 3 millones de euros es de Bartolomé Soler, exalcalde del PSOE"
CASO SPANCRETE
La exregidora Isabel Belmonte asegura que denunció una ilegalidad como hubiera hecho cualquiera en su lugar
Muestra su disposición a ayudar al alcalde a negociar con la Junta de Andalucía "si me lo pide públicamente"
Isabel Belmonte (Partido Popular) fue alcaldesa de Antas entre 2007 y 2019. Por tanto, conoce a la perfección los detalles del ‘Caso Spancrete’ por el que el Ayuntamiento antense deberá pagar más de 3 millones de euros por la venta irregular de unas fincas en el paraje conocido como Caballón y Campo de la Ballabona.
La exregidora, actualmente en la oposición, ha mostrado su malestar por el comunicado hecho público el jueves por el alcalde, Pedro R. Zamora, en el que, entre otras cosas, acusaba a Belmonte de “haber tomado la decisión más dañina y perjudicial para el Ayuntamiento y todos los vecinos de Antas en toda la historia de nuestro pueblo”, por haber llevado el asunto a los tribunales.
Isabel Belmonte ha querido dejar claro que “el PP llevó a los tribunales el acuerdo de Pleno por el que se acordó la modificación del Inventario de Bienes Municipales para la venta de los terrenos en el año 2000, y no en 2007 poco antes de las elecciones, como manifestó el actual alcalde”. Una decisión de la que no se arrepiente: “Que no me echen la culpa, porque hice lo que tenía que hacer. Llevar al contencioso algo que era ilegal”.
Por eso, la exalcaldesa de Antas lamenta que el actual regidor quiera “exculpar” a Bartolomé Soler (alcalde del PSOE cuando se realizó la venta de los terrenos). “No cometió un error, fue una ilegalidad. Bartolomé Soler Cano y los tres concejales que votaron a favor son los causantes de todo lo que nos viene ahora”, asegura tajantemente.
Belmonte ha recordado que en el año 2000, cuando se produjo la venta a Spancrete, el asunto “dio mucho que hablar” y contó con la desaprobación de una gran parte del municipio. “Se entregaron más de 400 firmas en contra, entre ellas la de actual alcalde y su familia”, indica. Y aunque aclara que no puede asegurar que detrás de esa venta existieran algunos beneficios ocultos, “si es cierto que vas uniendo cabos, te crea muchas sospechas”.
En su día, cuando el Partido Popular decidió acudir al contencioso-administrativo, podría haberlo hecho a la justicia penal contra las personas que creía culpables del delito. Sin embargo, asegura que no lo hicieron porque “ni quería, ni le deseo a nadie la cárcel. Solo pretendíamos que rectificaran y no siguieran para adelante”.
Con respecto a la situación que se avecina, con la imposición de un pago de unos 3,1 millones de euros (hay que recordar que el presupuesto anual de Antas para 2020 es de 3,7 millones), la líder del PP considera que la única opción que queda es negociar con las partes interesadas. No obstante, cree que “se podrían pedir responsabilidades a las personas que fueron causante, pero debe ser el Ayuntamiento como parte perjudicada”.
No obstante, Belmonte asegura que si el actual alcalde se lo pidiera públicamente le ayudaría a negociar con la Junta de Andalucía, una de las partes a las que hay que pagar la deuda. “Ahora hay que saber negociar y tocar a las puertas oportunas. Si me llama y me pide ayuda, en un minuto estoy sentada junto a él en el coche”, asegura.
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