Archivada la causa por coacciones contra la alcaldesa de Cantoria y su marido

El Juzgado de Instrucción 1 de Huércal-Overa (Almería) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE), y su marido, el secretario general del PSOE local, Antonio Cerrillo, al no apreciar indicio alguno de delito en las denuncias por coacciones y prevaricación interpuestas por miembros del PP.

En un auto fechado el 13 de noviembre, al que ha tenido acceso EFE, la juez decreta el archivo de las diligencias previas iniciadas tras la denuncia de Domingo Jesús Serrano Pallarés y otros cuatro particulares.

Los denunciantes acusaban a la regidora y a su esposo de delitos de coacciones, acoso, amenazas y prevaricación, alegando que habían ordenado cortar el suministro de agua potable a sus viviendas por motivos políticos, dado que el denunciante es secretario del Partido Popular en el municipio.

La resolución judicial afirma que, tras la instrucción practicada, "no resulta posible acreditar siquiera indiciariamente la perpetración de ningún ilícito penal". La juez señala que el conflicto subyacente entre las partes debe dirimirse, en todo caso, en la vía contencioso-administrativa, pero que los hechos no tienen encaje en la jurisdicción penal.

El tribunal argumenta que no existe "dato objetivo alguno" que demuestre que los cortes de suministro fuesen una decisión "injusta, arbitraria y dictada con conocimiento consciente de su injusticia". Por el contrario, la instrucción ha revelado que las interrupciones se debieron a obras de mantenimiento, renovación de redes y mejora de la potabilizadora, un "proyecto global de municipio" que se inició en el núcleo urbano y se extendió a las barriadas.

El auto destaca las declaraciones de los trabajadores municipales, quienes testificaron que "no recibieron instrucción alguna de la alcaldesa", sino de los encargados técnicos de la obra, cuya finalidad era anular un depósito en mal estado para conectar el agua potable directamente a la red.

Asimismo, la juez descarta las amenazas y el acoso, al no acreditarse ninguna comunicación directa en la que se advirtiera a los denunciantes sobre la suspensión del servicio.

La defensa de los investigados, ejercida por los letrados Carlos Aránguez y Javier Salvador, ha valorado el archivo señalando que se desmontan las cinco acusaciones penales. Según explican desde Aránguez Abogados, los afectados por el corte se abastecían de un "depósito privado que llenaban desde un enganche a la red antigua" que no constaba para el Ayuntamiento.

"Ninguna de esas casas paga al Ayuntamiento por el consumo que genera", sostienen los letrados en un comunicado, aclarando que los moradores pagaban a los arrendadores por "impulsión de agua", pero no al consistorio.

Tras este archivo, el equipo jurídico de la alcaldesa ha adelantado que la situación da luz verde a una segunda causa por presunta "defraudación de fluido eléctrico", al considerar el Ayuntamiento que los enganches descubiertos a raíz de esta denuncia son ilegales.