La Junta, tajante con la urbanización de 1.600 casas en Palomares: "No existe riesgo radiológico"

Levante

Medio Ambiente informa que tanto el Centro de Investigaciones Energéticas (CIEMAT) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han emitido sendos informes que concluyen que la urbanización está fuera del área declarada como contaminada y con restricciones de uso

Alertan del riesgo por partículas radioactivas en la zona donde se prevé construir 1.600 casas en Palomares

Zona vallada en Palomares.
Zona vallada en Palomares.

La reciente aprobación ambiental por parte de la Junta de Andalucía al proyecto para construir una urbanización de más de 1.600 viviendas en el sector PA-4 de Palomares, en Cuevas del Almanzora, ha reavivado el debate sobre la seguridad radiológica en la zona afectada por el accidente nuclear de 1966. Mientras colectivos ecologistas alertan de que los movimientos de tierra podrían remover partículas de plutonio y americio aún presentes en el entorno, la Junta de Andalucía sostiene que no existe riesgo alguno y que el desarrollo se ubica fuera de los terrenos contaminados.

José Ignacio Domínguez, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, advierte de que las obras previstas podrían afectar al subsuelo y reintroducir material radiactivo en superficie. “Las partículas no permanecen estables; pueden desplazarse con el viento, el agua o la fauna. Si levantan la zona para hacer los cimientos, van a levantar también el plutonio”, asegura. Las organizaciones Ecologistas en Acción y GEN preparan alegaciones contra el proyecto.

El plan urbanístico contempla la construcción de 936 viviendas en bloques de cuatro plantas y otras 664 casas unifamiliares, además de un hotel, zonas verdes, equipamientos y un paseo marítimo de 2,2 kilómetros. La Junta de Compensación, integrada por más de 90 propietarios y liderada por el grupo británico Bay Holland, prevé iniciar una primera fase de 240 viviendas, una vez culmine el proceso administrativo.

“No existe riesgo radiológico”

Ante las críticas, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente aclara que la Autorización Ambiental Unificada (AAU) emitida el pasado 23 de octubre aún no es definitiva, ya que el expediente se encuentra actualmente en periodo de audiencia y presentación de alegaciones. Esto significa —subraya la Junta— que cualquier persona o colectivo puede formular observaciones antes de la resolución final.

Además, el Gobierno andaluz destaca que durante la tramitación se solicitaron informes al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los dos organismos estatales competentes en protección radiológica y que según la Junta, el primero concluye que el sector PA-4 se encuentra fuera del área declarada como contaminada y con restricciones de uso tras el accidente nuclear de 1966, y precisa que las parcelas que sí presentan contaminación residual están clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección por el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTALA). Por tanto, insiste la Delegación, el proyecto no afecta a dichos terrenos.

Por su parte, el CSN, en un informe fechado el 31 de octubre de 2024, afirma que “no aprecia impedimentos radiológicos para el desarrollo del proyecto”, aunque recomienda establecer mecanismos de coordinación técnica con el CIEMAT. Entre ellos, mantener las obras de abastecimiento y canalización dentro de zonas de libre uso, respetar los límites de la finca de titularidad del CIEMAT y notificar con antelación el inicio de los trabajos para garantizar que pueda aplicarse el programa estatal de vigilancia radiológica ambiental.

La Junta añade que la AAU incorpora un Plan de Vigilancia y Control Ambiental, que obligará al promotor a informar de cualquier incidencia y permitirá a la administración autonómica realizar inspecciones periódicas. El CSN, además, supervisará las actuaciones relacionadas con seguridad radiológica durante la ejecución de las obras.

“De acuerdo con los informes citados, la actuación se ubica fuera de las zonas afectadas por contaminación residual derivada del accidente nuclear de 1966, y no se prevén afecciones radiológicas derivadas del desarrollo del proyecto”, concluye la Junta, que defiende que el procedimiento garantiza “la máxima transparencia, rigor técnico y coordinación con los organismos competentes”.

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