El 90% de las familias del edificio Vistaverde de Aguadulce están en situación de vulnerabilidad

El 90% de las familias que residen en el edificio Vistaverde de la calla Catania de Aguadulce se encuentran en situación de vulnerabilidad. Así lo han expuesto en una rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves Javier Rodríguez Ortiz, presidente de la comunidad de vecinos, y Jesús Yebra Herreros, abogado que está asesorando a los damnificados de este caso de especulación que podría acabar con los inquilinos de estos inmuebles en la calle.

El conocido como 'banco malo', tras días de protestas por parte de los vecinos y de un procedimiento que ya ha explorado las vías administrativa y judicial a lo largo de los últimos años, esgrimía este miércoles que las viviendas no se iban a poner a la venta y abogaba por trabajar junto a los afectados para dilucidar quiénes podrían ser considerados como vulnerables y, en ese caso, buscar las alternativas junto a los servicios sociales para facilitarles un alquier social.

Los inquilinos, a través de su presidente comunitario y el representante legal, estuvieron reunidos este mismo miércoles en "las más altas instancias del poder legislativo", el Congreso de los Diputados, con distintos representantes políticos, todos del ala progresista de la cámara baja. Martina Velarde, diputada de Podemos; Zakarías Lekal, concejal de IU y Podemos por el Ayuntamiento de Roquetas; Toni Valero, diputado de Sumar y coordinador de IU por Andalucía; Juan Antonio Lorenzo, diputado del PSOE y vocal de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana e Ignasi Conesa, diputado por Barcelona y portavoz del grupo socialista en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, fueron los parlamentarios que recibieron a los afectados y les ofrecieron distintas alternativas para hallar una solución a su caso.

Todos los encuentros mantenidos en sede parlamentaria resultaron ser altamente satisfactorios, si bien el cursado con el diputado socialista Juan Antonio Lorenzo resultó ser el más definitorio. Lorenzo había logrado mediar con Sareb, "algo que, según nos cuentan, es muy difícil", subraya Rodríguez Ortiz, y, tras ello, facilita a los afectados unos contactos para que puedan comenzar a sentar las bases de un posible acuerdo que satisfaga a todas las partes implicadas. "Lo que nos había costado años de esfuerzo, a través de la fuerza política, que son realmente los que tienen esa posibilidad de acceder a ciertos poderes, nos han contestado. En ningún momento habíamos tenido la posibilidad de hablar con el Sareb", ha expresado el presidente de la comunidad.

De este modo, el asesor legal y Sareb han iniciado ya los primeros contactos para tratar de encauzar una situación que estuvo a punto de encallar cuando los vecinos obtuvieron una orden de desahucio que debía efectuarse el próximo 5 de junio. Un lanzamiento que ha sido finalmente suspendido, "de forma oficiosa" a expensas de confirmarse judicialmente. Se ha producido, por tanto, "un acercamiento" entre las partes para ver cuáles son las necesidades de cada una de ellas, a la postre lo que las 53 familias han intentando desde un principio. "Tenemos nuestros contratos de arrendamiento en regla con la empresa promotora y lo que buscamos ahora es regularizarlos con la Sareb", explica Rodríguez.

Porque los vecinos llevan desde finales del año 2023 sin pagar el alquiler. "No porque seamos unos morosos o queramos vivir por la cara", recalca el presidente, "sino porque no nos han dado la opción de pagarlo". Algo que sí habían hecho hasta entonces, al igual que habían asumido al coste y la reparación de todas aquellas carencias que presentaba el edificio y que la empresa promotora de su construcción no subsanó. "El resultado es que ahora mismo disponemos de un edificio totalmente operativo y funcional, en perfectas condiciones, pero no gracias a la empresa ni al antiguo propietario, sino a una mensualidad que pagábamos todas las viviendas de 30 euros mes tras mes y año tras año", abunda Rodríguez.

Más casos en la provincia

Los vecinos de la calle Catania no son los únicos sobre los que se cierne la nube de la especulación en torno a la vivienda. Destaca Javier Rodríguez que a raíz de hacer público su caso se han puesto en contacto con él otros damnificados en situaciones similares: Los vecinos de dos edificios de Aguadulce y otro de El Toyo han acudido al presidente del inmueble Vistaverde esperando encontrar una mano amiga.

Al hilo, el representante ha destacado la importancia de visibilizar esta realidad y hacer partícipe a la opinión pública de ella. "Si individualmente nos llega una empresa de estas, nos machaca, nos arrastra, porque para ellos solo somos un número, una referencia, un porcentaje, una comisión en una cuenta de resultados", argumenta. Pero, "detrás de todo eso estamos personas y, si no nos unimos no podemos hacer nada", apostilla.