Almería

Absuelven a dos directivos de banca por el préstamo millonario de Rambla Morales

  • La Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes denunció una apropiación indebida que la Audiencia Provincial ha tumbado al entender que no existió y se retiró el saldo bancario de cuatro millones al incumplirse el pago anual del crédito que tuvo que ser cancelado anticipadamente

Una de las asambleas de la Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes de Rambla Morales Una de las asambleas de la Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes de Rambla Morales

Una de las asambleas de la Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes de Rambla Morales / Rafael González

Nuevo varapalo judicial para los regantes de Rambla Morales en su litigio por el préstamo millonario que los abocó a la bancarrota en su intento frustrado de construir la única planta desaladora privada de la provincia, paralizada sin uso y judicializada desde hace años. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha fallado a favor de los dos exdirectivos de Caixabank que firmaron el crédito rechazando que hayan cometido el delito de apropiación indebida y de la entidad en la reclamación en concepto de su responsabilidad civil por el que fueron acusados por parte del Ministerio Fiscal y la Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes Rambla Morales.

La causa procedente del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería tuvo su juicio el 12 de septiembre y una vez escuchadas las partes los magistrados no han aceptado la petición de la Fiscalía que pedía una pena de dos años de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros por apropiación indebida para los entonces director y subdirector de oficina de Caixabank, además de una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de más de cuatro millones de euros que de forma subsidiaria debería abonar la entidad bancaria. La acusación particular que ejerció el colectivo de perjudicados de la comunidad de regantes elevó su petición a dos años y medio de prisión con una compensación económica similar.

El fallo de los magistrados de la Audiencia Soledad Jiménez, Luis Columna y Luis Durbán entiende que no se ha producido ninguna apropiación indebida en torno a los hechos que se remontan a la concesión de un préstamo el 22 de septiembre de 2004 para obras de mejora y reforma en instalaciones de riego y la construcción de una planta desaladora. Quince años después ha llegado la sentencia que absuelve a los directivos de la entidad a los que denunciaron porque el 5 de abril de 2011 fue retirado el saldo que presentaba la cuenta que ascendía a cuatro millones.

Los magistrados argumentan en su fallo que obraron en base a las instrucciones de la asesoría jurídica de Caixabank ante la falta de pago de los comuneros por la que se procedió a un vencimiento anticipado del préstamo otorgado que inicialmente eran 95 millones que después se ampliaron en 29 más. La retirada del saldo una vez presentada demanda de ejecución contra la Comunidad de Regantes, cuyo deuda ya ascendía a más de 103 millones, se ajusta a legalidad y se aplicó a cancelar operaciones de la permuta financiera suscrita. En su fallo entienden que "se dio a los fondos el destino pactado, es decir, justo lo contrario de lo que se requiere para la comisión del delito" y también consideran que no causó ningún perjuicio ni a la asociación de perjudicados denunciante ni tampoco a la Comunidad de Regantes. 

En 2011, la asamblea de comuneros, integrada por unas 500 familias, expresó su "rechazo masivo" a la venta de la planta desaladora a la sociedad estatal Acuamed, lo que provocó la dimisión en bloque de su directiva entonces debido a la "confrontación con La Caixa" y la deuda contraída con esta entidad, lo que mantenía "paralizada de manera absoluta la actividad" de la planta.

El Juzgado de Instrucción 6 de Almería mantiene abierta aún la causa por un delito de estafa contra el que fuera presidente de la comunidad de regantes, Antonio Fernando García Pardo, tras la querella interpuesta por la directiva dimisionaria que detectó presuntas irregularidades durante su gestióntras la querella interpuesta por la directiva dimisionaria que detectó presuntas irregularidades durante su gestión. 

La denuncia, que se presentó en diciembre de 2010, trataba de depurar responsabilidades sobre la situación económica en la que se encontraba la comunidad cuando asumió la presidencia Juan Garrido y ante la sospecha de que habría autorizado contratos con distintos proveedores sin consentimiento de la asamblea y a cargo del crédito otorgado por La Caixa. La denuncia por apropiación indebida contra los dos exdirectivos de la entidad bancaria es una pieza separada del procedimiento que sigue su curso contra el anterior presidente. 

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios