Le embargan más de 1.000 euros por la zona azul y demanda al Ayuntamiento de Almería

Las sanciones de la zona azul y los embargos bancarios practicados por el Ayuntamiento de Almería para hacerse con el cobro de las mismas han vuelto a los pasillos judiciales. Una usuaria del sistema de regulación y ordenación del aparcamiento (ROA), ha optado por interponer un recurso contencioso en el que reclama la devolución de más de mil euros, “cobrados indebidamente” a cargo de su cuenta por antiguas multas que, según su representante legal, se encuentran prescritas. Al menos 18 y fueron impuestas en 2011 y 2016.

Según la denuncia presentada ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Almería, la mujer en cuestión ha visto cómo le embargaban la cuenta tras haber acumulado un gran número de sanciones hace más de cuatro años, el plazo estipulado legalmente tras el cual el derecho de cobro se pierde. “Es una persona sin trabajo alguno, salvo contraprestaciones temporales por obra y servicios que no llega al salario mínimo interprofesional”, se expone en el recurso interpuesto, posterior a una notificación enviada a la afectada por el Ayuntamiento.

En dicho escrito, el Consistorio reconoce prescripciones y, por tanto, la ausencia de capacidad para ejercitar las acciones de liquidación y cobro que pudieran corresponderle del historial sancionador. El Ayuntamiento ha hecho una evaluación económica en la que admite un derecho de devolución inferior a 200 euros que compensa con otras multas pendientes de cobro por lo que la demandante solo tendría pendiente de pago 44,38 euros.

Aún así, se ha decidido a reclamar, ya que, según la demanda, son más de 1.000 euros los que debería el Ayuntamiento devolverle al considerar, además de la caducidad, “la dudosa legalidad” de las multas de la zona azul al “no estar ratificadas por agentes de la Policía Local”. Un viejo debate éste que fue motivo una década atrás de sentencias a favor de los demandantes.