Corrupción en Zurgena

Tal vez no sea tan conocida como la operación 'Poniente' de El Ejido, pero la 'Costurero' dio de alguna forma el pistoletazo de salida a las macrocausas judiciales por presuntos casos de corrupción urbanística en la provincia de Almería. El Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Almería, en coordinación con el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, tomó en abril de 2008 el Ayuntamiento de la localidad, practicando distintos registros y deteniendo, entre otros, al en aquel entonces alcalde, Cándido Trabalón, así como al exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras. La investigación había comenzado antes y se centraba en la comisión de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio, cometidos por supuestas actividades urbanísticas irregulares en el término municipal de Zurgena.

No serían los únicos en caer. La práctica totalidad de la corporación local zurgenera se vio implicada de una forma u otra, ocho concejales (Miguel M.R., Emilia J.P., Aniceto L.M., José Antonio R.M., Juan M.D., Josefa S.G., Pedro S.C. y José Juan S.), todos ellos del Partido Andalucista, del PSOE y del PP; teniendo a su vez un papel de destacada importancia el arquitecto Carlos Domingo Berbel, trabajador de una constructora y, al tiempo, del consistorio, para el que emitía informes técnicos.

Así hasta llegar al total de 25 imputados que aparecen en la calificación provisional del fiscal, entre ellos el el administrador de la promotora ZUYDI, Tomás Zurano, el empresario Antonio López; altos cargos de DIZU, de las empresas de Arboleas Promociones Inmobiliarias y Welcome to Sepanish Home, el estudio de arquitectos GyS, el ex técnico municipal y administrador de la constructora New Medina Villas, etc.

Aunque en 2009 la Fiscalía de Almería tenía en el punto de mira a una treintena de alcaldes y concejales, tras la operación 'Poniente' no se ha desarrollado ninguna actuación policial o judicial de la envergadura de las de Zurgena o El Ejido. Lo cual no significa que no se hayan celebrado juicios contra éstos. Así, por ejemplo, el alcalde de Somontín, Ramón Rueda, fue inhabilitado en 2013 durante siete años y nueve meses por los delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos por autorizar el suministro de agua a una vivienda de su suegro. Algo casi anecdótico al lado de asuntos como la 'Costurero'.

El desordenado crecimiento urbano, sobre todo en el Levante de la provincia y la constatación de la existencia de miles de residencias ilegales, llevó a la imputación de los alcaldes y ex alcaldes de Partaloa (Federico Molina), Oria (José Pérez), Albox (Francisco Granero) y Cantoria (Pedro María Llamas) por presuntas irregularidades en la concesión de licencias de ocupación. Algunas imputaciones se resolvieron favorablemente para éstos, otras no tanto.

Pero, en lo que a Zurgena se refiere, cabe recordar que Trabalón se enfrenta a penas que suman 180 años de cárcel y 1.050 años de inhabilitación especial, acusado por el fiscal de un total de 120 delitos, por la concesión, entre otros, de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares". En su día, el juez instructor ya le impuso al exregidor una fianza civil de 571.147 euros.

Para Tijeras, el fiscal pide penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no.

Los hechos descritos en la calificación del Ministerio Público, de 69 páginas son demasiado extensos para resumirlos. Un sin fin de presuntas licencias ilegales y promociones que en teoría fueron promovidas por Trabalón y Tijeras y que se desarrollaron en tres fases que comienzan en marzo de 2003, en este caso con la actuación en solitario del exconcejal de Urbanismo, quien habría concedido 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.

Posteriormente, ya de la mano con Trabalón, se habría dado luz verde a un centenar de permisos a promotoras con licencias aprobadas en pleno, pese a ser contrarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), actividad que presuntamente habrían realizado hasta finales de 2005.

Por último, a partir de febrero de 2006, habrían ideado otra fórmula para poder otorgar las licencias, valiéndose para ello del "silencio administrativo", de forma que éstas eran concedidas de forma automática pasado el plazo de tres meses fijado en los trámites administrativos de este tipo.

Una versión que tendrá que quedar acreditada durante el desarrollo de una vista oral que promete ser tan compleja como mediática. Como decía aquel, la suerte está echada.