Destruyen 500 vehículos implicados en crímenes, drogas, embargos y accidentes

La Consejería de Justicia e Interior ha impulsado un proceso para la destrucción de 501 vehículos, de un total de 1.842, que se encuentran en depósito judicial en Almería como consecuencia de un proceso judicial ya finalizado y que no tienen ningún valor económico para seguir conservándolos. Se trata de vehículos que han estado bajo investigación implicados en todo tipo de casos, desde asesinatos, homicidios, operaciones de tráfico de drogas, embargos o incluso accidentes de tráfico, según indicaron desde la propia Junta de Andalucía a este periódico.

Esta tarea, que ya se ha iniciado, se está realizando en la provincia a través de la Delegación del Gobierno andaluz y en coordinación con la Audiencia Provincial y la secretaria coordinadora, que conjuntamente han determinado cuáles son los vehículos afectados que son susceptibles de ser destruidos, así como de verificar los procedimientos judiciales a los que están vinculados, con el objetivo de confirmar que no es necesaria su conservación.

Con esta medida, que a la par se está desarrollando en otras provincias y que en total suman más de 700 coches los que se van a destruir, la Administración autonómica pretende deshacerse de aquellos vehículos que no tienen ningún valor para su conservación, lo que supondrá un importante ahorro económico y de espacio en los enclaves donde están almacenados. La destrucción de estos coches se realiza a través de las empresas que gestionan los depósitos judiciales donde se encuentran almacenados y la llevarán a efecto empresas especializadas en las tareas de desguace y destrucción de vehículos fuera de uso.

Según avanzaron desde la Delegación del Gobierno en Almería, actualmente se está a la espera de la oportuna autorización judicial para comenzar con la destrucción, aunque el proceso ya está en marcha y es cuestión de días. No obstante, como explicaron, previamente la presidenta de la Audiencia Provincial habrá de publicar un edicto por el que se acuerde la correspondiente autorización y se otorgue un plazo de dos meses para que los órganos judiciales depositantes se manifiesten en sentido contrario, si así lo estiman oportuno. La Consejería de Justicia, a través de la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas, es la responsable de coordinar y gestionar los depósitos judiciales. Se hace cargo de los gastos que origine su depósito tan solo en aquellos supuestos en los que el procedimiento judicial concluya con absolución del procesado, sobreseimiento de la causa o declaración de rebeldía o insolvencia del condenado en costas.