Diego Valderas: "La reforma local nace con fecha de caducidad y transitoriedad"

El vicepresidente de la Junta cerró las jornadas en las que, en la UAL, se ha analizado la modernización de las administraciones También participaron Matarí o el exministro socialista Fernando Ledesma

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, en el Auditorio de la Universidad de Almería.
Rafael Espino

08 de marzo 2014 - 01:00

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, puso ayer fin a las jornadas de Modernización del Régimen Local en España que se han celebrado durante jueves y viernes en el Auditorio de la Universidad de Almería. El líder de Izquierda Unida fue tajante y volvió a renegar de la recién aprobada Reforma de Administración Local, apostillando que es posible que el Tribunal Constitucional la tumbe al encontrar tachas de inconstitucionalidad dentro de los recursos que se presenten, entre ellos el de su administración, la Junta de Andalucía: "La ley nace con fecha de caducidad y vocación de transitoriedad porque no surge mediante un acuerdo de Estado. Lo sensato sería hacer una moratoria de la ley hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie".

El vicepresidente explicó los motivos que llevan a su partido y a la administración andaluza a rechazar esta normal: "El Gobierno Andaluz ha adoptado una oposición en contra de esta ley fundamentada en los derechos del estatuto de autonomía. Andalucía tiene un estatuto municipalista y descentralizador y, por eso, es nuestra obligación salir en su defensa. Limita la capacidad de acción de los ayuntamientos. Se resiente la democracia, se le da cobijo y responsabilidad a las diputaciones, invadiendo el terreno de los ayuntamientos, que se convertirán en una pura administración de tramitaciones".

La desolación económica que puede traer por delante la aplicación de esta reforma es, para Valderas, la pérdida de 200.000 puestos de trabajo en España y 40.000 de estos en Andalucía., además, sentencia que "desprotege las leyes locales de autonomía, y la Ley de Participación de los Ayuntamientos en los Tributos de la Comunidad Autónoma".

Critica la imposibilidad de haber aportado requisitos a la ley: "Hemos tratado de que el Gobierno paralizara la ley tras los informes que hemos obtenido de los servicios de régimen jurídico de la Junta, pero no ha habido voluntad de diálogo ".

En el acto también estuvo presente el diputado almeriense por el PP en el Congreso, Juan José Matarí, quien explicó que la reforma "se ha tramitado de forma transparente y dialogada, dándose audiencia a las comunidades autónomas que han presentado alegaciones, así como a las Entidades Locales, y han sido innumerables las reuniones del Ministerio y de los Grupos Parlamentarios con todos los sectores afectados".

Además, insistió en que "no hay merma de principios democráticos, ni de autonomía municipal. Lo que se hace con esta Reforma es profundizar en la transparencia y eficiencia de la gestión de los servicios locales y se garantiza la participación de los municipios en los mecanismos de coordinación con las Diputación". Mataría respondió a las quejas que hablan de la reforma como inconstitucional por parte de la Junta: "Su oposición no es por defender la autonomía municipal, es porque va a tener que pagar a los ayuntamientos todos los servicios que prestan que son competencia de la Junta. No se puede deber 200 millones a los Ayuntamientos y decir que se presenta un recurso para defenderlos".

En la mesa redonda de Matarí también estuvo presente el diputado por Badajoz, Ignacio Sánchez Amor, quien sentenció que "la ley es uno de los ataques más injustificados a la autonomía local", añadiendo que históricamente, "se ha dado el caso de que cuando ha habido una reducción del poder local es porque la calidad democrática del país no es muy elevada y se ataca a los ayuntamientos, es como si entramos en el quirófano y nos operan la pierna buena. Ha sido una solución drástica que daña la autonomía política".

Sánchez Amor precisó que, antes, "la preocupación era cómo dotar mejor a lo que los ayuntamientos ya estaban haciendo y eso se iba asentando poco a poco y ahora se va en la dirección contraria".

A primera hora de la mañana, en el auditorio se daba cita Miguel Rodríguez-Piñero, consejero del Consejo de Estado y expresidente del Tribunal Constitucional, quien, con respecto a la reforma, manifestaba que "está centrada en la estabilidad presupuestaria, delimitación de competencias y se ha ocupado menos de lo que hoy se llama gobernanza, que no implica solo que las cuentas salgan bien, es algo más profundo".

Piñero hizo un repaso por la historia de los municipios en España, así como de la influencia de movimientos como la Revolución Industrial francesa y de cómo los ayuntamientos fueron víctimas del debate constitucional, antes de esto, en la transición, explica, "se pensó en los municipios como tema central de la formad de gobernar, pero las competencias municipales no han encontrado unos límites definidos. La autonomía local no es solo un principio jurídico que refleja la separación de poder, tiene un sentido de autogobierno".

De la misma forma, atendiendo a la aparición de las comunidades autónomas, dijo que "la convivencia entre la administración regional y local no ha sido fácil porque las autonomías han tenido que dar codazos para hacerse y un hueco en el espacio político y ha asumido espacios del gobierno local".

Por su parte, Fernando Ledesma, consejero del Consejo de Estado y ex Ministro de Justicia, profundizó en el estado de los ciudadano dentro de las sociedades actuales para entender la forma en la que se rigen los sistemas que los encauzan: "Los europeos creíamos que nos habíamos afincado en el estado del bienestar, pero en las sociedades ricas las desigualdades se están disparando. Está desapareciendo la certeza de que la clase media que ha perdido un puesto de trabajo vuelva a recuperarlo", agregando que "a esto hay que hacerle frente con la razón convertida en la correcta aplicación de las leyes y toma de decisiones eficaces".

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