De 3.000 pesetas (que hoy serían 18 euros) que pagaba un comerciante en los años 80 por un local en el centro histórico, ahora abonará por el alquiler unos 800 euros. El comercio de la ciudad viene sufriendo en los dos últimos años un reajuste que se ha hecho más visible durante el presente ejercicio. Algunos de los establecimientos tradicionales se han renovado y trasladado y otros han cerrado por varias causas, principalmente por la crisis, la competencia de las grandes superficies y cadenas comerciales y el final de los alquileres de renta antigua, es decir, los referentes a contratos suscritos con anterioridad al 'Decreto Boyer', que entró en vigor en mayo de 1985, y que son regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964, con las modificaciones introducidas en 1994.

La moratoria aprobada a la LAU, por la cual se daba un plazo de 20 años para normalizar el precio de los contratos, expira el 31 de diciembre. Concretamente, la Disposición Transitoria Tercera de la LAU de 1994 estableció diferentes plazos de finalización de los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, pero el plazo máximo siempre es el 31 de diciembre de 2014, incluso cuando los contratos de alquiler celebrados con personas físicas se hayan subrogado.

Con esta ley, los inquilinos han podido mantener alquileres muy por debajo del precio marcado por el mercado inmobiliario, para desesperación de muchos propietarios que veían cómo en el local de al lado se pagaba hasta diez veces más. Los precios se han ido equilibrando con las actualizaciones anuales del índice de precios al consumo (IPC) y la repercusión del impuesto de bienes inmuebles (IBI), asimismo en la regularización de la LAU en 1994 se permite una adecuación a los valores reales de mercado siempre que los inquilinos tengan determinados niveles de renta, salvando a los inquilinos que se encontraban en situaciones económicas más precarias.

Algunos comercios no han podido soportar unas rentas incrementadas con la rentabilidad actual. Al tratarse de contratos privados entre ambas partes, se desconoce el número exacto de tiendas afectadas en Almería; pero en la capital, lógicamente, se han visto implicadas aquellas ubicadas en el casco histórico y en las calles más comerciales de la ciudad.

La Plataforma de Comerciantes, Industriales y Profesionales Afectados por la Extinción de la Renta Antigua en Andalucía se presentaba hace una semana en Almería con el fin de solicitar "una moratoria" en la aplicación de esta ley, que afectaría a unos 700 negocios en la provincia, sobre todo pequeñas y medianas empresas familiares y con regentes y trabajadores de avanzada edad, según los cálculos de la plataforma. "El objetivo de la iniciativa es impedir la destrucción masiva de empleo que impondría la entrada en vigor de la normativa, tanto en los centros históricos de las ciudades como en las zonas turísticas", según explicaba Javier Gutiérrez Jerez, socio del despacho de abogados Martínez Echevarría, representante legal de la plataforma para salvaguardar el futuro de cientos de pymes y autónomos ubicados en localidades como Almería, El Ejido o Roquetas de Mar entre otras.

En la no quedan muchos comercios de 'los de siempre', pero todavía pueden encontrarse algunos en el Paseo de Almería, la Calle Las Tiendas o en el entorno del Mercado Central, cuya propiedad está en manos de los ocupantes. El final de las rentas antiguas ha provocando que los arrendatarios de establecimientos, ya no sólo comercios si no también de la hostelería, hayan estado negociando la renovación de sus contratos puesto que los inquilinos con el año nuevo tienen que pagar mucho más por permanecer en su local, y otros hayan apostado por el traslado o la liquidación y el cierre.

El centro de la capital almeriense, por ser enclave comercial y principal desde el desarrollo de la ciudad, es uno de los que más van a sufrir cambios en su fisonomía. En este sentido, La Dulce Alianza, por ejemplo, se mudará unos metros más arriba de su ubicación actual, al edificio donde se localizaba el restaurante Alcázar, junto a la reconocida zapatería Plaza Suizos.

El propietario de uno de los comercios tradicionales del casco histórico comentaba el pasado año a este diario que por el alquiler del local, a principios de los 80, pagaban en torno a 3.000 pesetas mensuales (18 euros), a partir del Decreto Boyer, esta cifra se ha ido actualizando hasta alcanzar los 500 euros; una cantidad, que de acuerdo a las palabras del comerciante, no difiere mucho de los arrendamientos que se manejan en la zona, si bien pronosticaba que llegado el 2015 abandonará el establecimiento.

La supervivencia de otros comercios deriva de que los comerciantes son los propietarios; también por el hecho de que, aunque estén de alquiler, el local es familiar y llegan a acuerdos, y en otros casos se ha traspasado de padres a hijos con las normas vigentes.