Brahim y su mujer tendrán que pagar dos euros al día, cada uno, durante los próximos tres meses. Así reza el auto de sentencia que acaban de recibir tras haber sido denunciados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por ocupación del parque público de viviendas pertenecientes a la agencia. La familia ha recurrido ya el auto al entender que fueron víctimas de una estafa.

Brahim, su mujer y sus dos pequeños de 2 y 6 años fueron desalojados de su vivienda de El Puche el pasado mes de diciembre por medio centenar de Policías Nacionales. Aunque hubo concentración vecinal en la puerta de la vivienda, el desalojo se produjo. La familia salió de la vivienda sin oposición. Pero siempre han defendido que sido víctimas de un engaño y no creen legítimo que deban ser desalojados. Así que volvieron a su domicilio.

La casa les costó 20.000 euros y la operación se realizó en una gestoría

Brahim trabaja en un invernadero y gana menos de 700 euros al mes. A su pareja le es imposible acceder a un empleo por discapacidad. En 2001 llegaron al barrio de El Puche. Se asentaron en un edificio de la calle Antonio Mairena pagando alquiler. Hace dos años, en 2015, alguien les ofreció, en el mismo bloque, la compra de una vivienda por valor de 20.000 euros. Lo vieron con buenos ojos y la compraron. Se iban a gastar la mayoría de sus ahorros, pero al tener una estabilidad dentro de su trabajo en el campo, la idea tomó forma y lo compraron. Un año más tarde comenzó a recibir cartas de la Junta de Andalucía diciendo que era un ocupa. La vivienda es propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y forma parte del parque público residencial en alquiler de la Junta. Fueron víctimas de una estafa y han perdido la inversión realizada hace apenas dos años.

El día del juicio, los vecinos de Brahim mostraron, otra vez, su apoyo. Se concentraron en las puertas de la Ciudad de la Justicia.

"Brahim compró la casa al adjudicatario en una gestoría con un contrato, pero estas personas no saben ni leer ni escribir español, pensaron que todo era legal e incluso el contrato decía que se la iban a adjudicar a él", explica Nadia Azougagh, portavoz de la asociación de vecinas y vecinos El Puche.

"Él lleva 12 años trabajando en el mismo invernadero, con un sueldo precario que no le permite otras viviendas que propone la Junta, porque la administración dice que han buscado una alternativa habitacional pero le ofrecen una casa en Pulpí (Almería), que es inviable porque trabaja en el barrio de La Cañada de Almería, y la otra en Roquetas, con un alquiler mensual de 300 euros que no puede asumir", ha subrayado.

La portavoz vecinal señala que la Junta también ha propuesto mediar con distintas inmobiliarias pero que ésta es una propuesta que "nunca ha cuajado".

Señala en este sentido que ayer mantuvieron una reunión con del delegado de Fomento y Vivienda en Almería y la directora provincial de la AVRA, encuentro en el que éstos les habrían propuesto que Brahim y su familia entregasen la llave de la vivienda en la que vuelven a residir tras el desalojo a cambio de intentar encontrar una solución en "una o dos semanas" con una inmobiliaria.

"No pueden aceptarlo al no estar por escrito. Por eso tenemos este juicio por usurpación en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Almería. Pero no es el único caso y en un porcentaje muy grande, en la inmensa mayoría, hay situaciones similares aunque haya otras casuísticas como cesiones de familiares, etc.", concluye la portavoz, quien está pendiente en todo momento del acontecimiento.