El caso ‘Poniente’ llega a su fin. Al menos en las sedes judiciales de Almería, porque no tardarán en llegar al Tribunal Supremo (TS) los recursos a un fallo hecho público este viernes, más de veinte meses y medio después de que finalizase la vista oral contra 47 acusados en julio de 2021. Tras meses de sesiones en el palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce, las acusaciones mantenían sus posiciones y pedían penas que mareaban sólo con leerlas.

¿Y cuál sido el resultado? Pues posiblemente no el esperado por nadie. Finalmente han sido 32 los condenados, entre ellos el exalcalde Juan Enciso y el exinterventor municipal, José Alemán. Sin embargo, las penas distan en gran medida de las que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción o la Abogacía del Estado, por ejemplo. Para empezar, los magistrados Társila Martínez, Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad no han tenido en cuenta ninguno de los delitos contra la Hacienda Pública, que eran los que engordaban en gran medida las peticiones de cárcel.

Todo ello, porque “de lo actuado en la causa se infiere que ninguno de los encausados fueron interrogados en las declaraciones que prestaron en el Juzgado de Instrucción” por este motivo. “Así lo reconoció expresamente el Ministerio Fiscal en su intervención en la vista de cuestiones previas (…) Los delitos contra la Hacienda Pública no habían sido objeto de investigación ni en las prolijas diligencias preprocesales instruidas por la propia Fiscalía Anticorrupción desde el año 2007 ni, una vez judicializada la causa a partir de abril de 2009, en las diligencias previas”.

Los jueces durante el juicio del caso Poniente en el Palacio de Congresos de Aguadulce

De los 47 acusados por un total de 380 delitos iniciales, si bien sólo José Alemán, su mujer Isabel Carrasco, y los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán y Jesús Aragón han sido condenados por cinco delitos, mientras que otros 27 han sido penados por un único delito. En el caso de Juan Enciso, se le imponen cinco años y tres meses de prisión y otros 13 años de inhabilitación por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. En cambio le absuelve de los delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, delito societario y cohecho.

A Alemán no sólo se le atribuye la comisión del mismo delito de malversación continuada por la que deberá cumplir 5 años y 3 meses de cárcel, amén de 13 de inhabilitación, sino que también se le achaca un delito de cohecho pasivo por que se le pena con otros dos años y tres meses de cárcel y otros 6 de inhabilitación. Ha sido absuelto de los delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, delito societario y cohecho.

LOS GRUPOS EMPRESARIALES

La sentencia hace referencia a distintos grupos empresariales, el primero de ellos el de José Amate, quien durante tres años fue director de producción de ElSur y aprovechó su “posición” para subcontratar a mercantiles “controladas por él” en las que figuraban al frente “testaferros y miembros de su familia” (esposa, hijos...), que facturaron 53.058.400,98 euros entre 2002 y 2009.

Amate ha sido condenado a cinco años de prisión por “todas las malversaciones derivadas de las sobrefacturaciones a Elsur durante los años 2002 a 2009 de las empresas del denominado Grupo Amate (...) que ascienden a 24.688.222,63 euros, de las que se lucró personalmente junto con los miembros de su familia y otras personas.

Juan Enciso, el exalcalde de El Ejido, durante el juicio.

Otro grupo es el del empresario Juan Antonio Galán, dueño de tres subcontratas de ElSur con las que junto a su esposa y su hija ha “obtenido unos beneficios muy elevados que han desviado, mediante facturación injustificada o por otros medios, a sus sociedades patrimoniales (…) y a otras sociedades de otros acusados (…) repartiéndose de este modo las ganancias ilícitas obtenidas”.

En su caso, ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por todas las malversaciones derivadas de las sobrefacturaciones a Elsur durante los años 2002 a 2009, que ascienden a 15.649.200,99 euros, de las que “se lucró personalmente junto con los miembros de su familia y otros socios minoritarios”.

Entre los socios de Galán se encuentran precisamente Enciso, Alemán y su mujer Isabel Carrasco (condenada a tres años y tres meses de prisión), así como los empresarios Ambrosio Cuevas (tres años y dos meses de prisión) y Jesús Aragón (tres años y dos meses de prisión).

El exinterventor José Alemán tiene su propio grupo empresarial, constituido directamente o a través de familiares, y los magistrados destacan que “aprovechándose de su condición de (...) fiscalizador de todos los movimientos económicos del Ayuntamiento, unido al hecho de ser consejero de la empresa mixta Elsur, permitió, a cambio de grandes prebendas económicas, que los hechos enjuiciados tuvieran lugar”.

Con este grupo empresarial obtuvo además “fuertes ingresos que se invierten en crear un importante patrimonio inmobiliario, adquirir vehículos de gama alta, valores mobiliarios y gastos de lujo”.

EL MODUS OPERANDI

Se ha concretado que la trama de saqueo en torno al Ayuntamiento de El Ejido, a través de la empresa ElSur, malversó 58.851.790,50 euros. Según la sentencia, “mediante subcontrataciones a precios desorbitados, el canon cobrado por ElSur al Ayuntamiento de El Ejido ha resultado ser abusivo en relación con los servicios prestados”. “El mecanismo básico utilizado en esta trama para justificar este canon ha sido la sobrefacturación efectuada a ElSur por las empresas subcontratadas de los distintos grupos implicados (...) y la facturación emitida por su socio mayoritario”

Todo ello “simulando la realización de servicios que fueron cobrados muy por encima de su valor de mercado, o bien, ni llegaron a efectuarse”.” Esta sobrefacturación habría sido consentida por el grupo accionistas de ElSur”, añaden los magistrados, toda vez que aseguran que desde su constitución, se sucedieron los “hechos favorables a los intereses privados de varios grupos empresariales” que “han contribuido a esquilmar las arcas municipales usando como parapeto la empresa mixta”.

De forma general, y al incluir a todos los grupos empresariales, contratos, subcontratas y sobrefacturaciones, los magistrados concluyen que el total defraudado en el periodo 2002-­2009 asciende a a 2.046.688,59 euros, en el caso del socio privado de ElSur; a 14.501.398 euros en el caso del socio privado Aygesa; a 24.688.222,63 euros en el de las empresas del ‘Grupo Amate’ y a 1.966.280,29 euros en cuanto a Urdial Mariyya, lo que hace un total de 58.851.790,50 euros.

JUAN ENCISO

Caso curioso es el de Enciso, pues el fallo sostiene que fue “perfecto conocedor” de las actividades ilícitas y de los entramados empresariales que se beneficiaban de la empresa mixta y del “lucro ilícito obtenido por el socio privado” por “ficticios servicios de apoyo a la gestión por los que facturaban ingentes cantidades”, en “connivencia” con Alemán. “Todas esas actividades ilegales fueron consentidas por ambos acusados, quienes permitieron, haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control de los fondos públicos del municipio, que las mismas pudieran tener lugar”, subraya.

Sin embargo, los magistrados afirman que, aunque tanto el ex alcalde como su esposa constituyeron una sociedad entre ambos por la que llegaron a ingresar un total de 671.000 euros, y sostienen que “no se ha acreditado que dichos pagos encubrieran donaciones o comisiones ilícitas” en su condición de regidor municipal y tampoco “se ha conseguido prueba suficiente del enriquecimiento personal”.