Sentencia de muerte en Purchena

En verano de 2004 abría sus puertas en el paraje Cuesta Blanca de Purchena un centro orientado a la integración sociolaboral de los menores infractores con una atención integral e itinerario formativo en sintonía con los sectores productivos de la comarca del Valle del Almanzora que lo han convertido en un referente para la inserción de jóvenes en riesgo de exclusión. Más de 500 menores han pasado en los últimos quince años por sus instalaciones que han rozado el cien por cien de ocupación hasta que llegó la pandemia del coronavirus y en la actualidad sólo están cubiertas diez de sus 32 plazas. Un descenso provisional de los beneficiarios que ha aprovechado la Dirección General de Justicia Juvenil de la Junta, en su hoja de ruta para la redistribución de las plazas a nivel regional, para sentenciar a muerte este centro de internamiento de adolescentes dejando expirar el contrato que tenía con GINSO y licitando la apertura de una instalación similar en Granada.

Purchena los recibió con los brazos abiertos cuando la instalación de un centro de este tipo suponía un verdadero quebradero de cabeza para la Junta por el rechazo que generaban los recursos de justicia juvenil y propició, con la estrecha colaboración de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, una implantación modélica que con el paso de los años lo ha convertido en una de las señas de identidad del municipio. Pero ni el buen funcionamiento de los programas de inserción real de los menores desde el prisma jurídico, ni su contrastada aceptación social que ha normalizado la presencia de estos centros en la comarca y su trabajo en medio centenar de empresas del Almanzora, ni su contribución a la generación de empleo y a la consolidación de la población en el ámbito rural han podido revertir esta condena burocrática.

La administración andaluza no atiende a las súplicas que en los últimos meses se vienen sucendiendo desde las instituciones locales y los agentes económicos y sociales de la comarca y desmantela una actividad que cuenta cada año con más de dos millones de euros y genera 55 puestos de trabajo directos e indirectos cualificados del equipo técnico, educadores, monitores, personal de administración y servicios y vigilancia privada. El 31 de diciembre concluye la prórroga del contrato con GINSO y, pese a las promesas de que se están buscando alternativas de empleo como un centro para tratamiento de menores con trastornos de conducta, la única realidad es que empiezan el año sin trabajo.

En plena negociación del ERE, el comité de empresa del CIMI de Purchena explica a este periódico que estos profesionales tendrán que buscarse la vida en otros municipios y provincias y posiblemente dejar el Almanzora, peligrando en algunos casos líneas educativas de colegios al residir en pueblos amenazadas por la despoblación. No entienden como después de quince años de sacrificio en la integración de menores conflictivos, una labor con un fuerte desgaste psicológico por el que más de uno renunció, sus empleos pendan de un hilo cada vez más fino. Los trabajadores han hecho su vida en esta comarca y se enfrentan ahora a una difícil coyuntura porque a determinadas edades (entre 45 y 60 años) retornar al mercado se complica y una proporción considerable carece de la titulación que se requiere hoy para puestos similares.

Los profesionales más veteranos no podrían acceder a un puesto de igual categoría en el caso de no tener continuidad en la relación laboral con su empresa porque antes no se necesitaba la titulación de auxiliar educativo que hoy sería indispensable. “Los educadores tenemos la sensación de abandono, aquí se ha trabajado mucho y bien, se ha hecho un esfuerzo que ha caído en saco roto”. La mayoría tuvieron que instalarse en un rincón de la provincia que no habían pisado nunca y allí estructuraron su vida sin pensar que en 2021 tendrían que hacer las maletas. De ahí que no estén en contra de la redistribución de plazas planteada a nivel andaluz, conscientes del déficit existente en Málaga y Granada, pero siempre en base a la apertura de nuevos recursos y no con el desmantelamiento del laureado centro almeriense.

Hace unos meses iniciaron una cruzada junto al alcalde, Juan Miguel Tortosa, para salvar el CIMI de Purchena y han puesto sobre la mesa de la Junta un plan para reorganizar las plazas con la ayuda de su hermano mayor, el centro Tierras de Oria, que es el más grande del país con capacidad para 130 jóvenes y también lo gestiona GINSO. Esta instalación terapéutica de menor capacidad podría asumir como recurso residencial independiente uno de los programas del macrocentro situado a 25 kilómetros. Este reajuste funcional, que también se podría extender al centro El Molino de la capital, permitiría mantener las oportunidades de empleo para una plantilla de trabajadores sociales muy arraigada en la zona.

Y en su intento de revertir el cierre a toda costa no están solos. Todos los ayuntamientos de la comarca han presentado mociones de apoyo, al igual que la Mancomunidad y el GDR Almanzora-Levante, y cuentan con el amparo del Colegio de Abogados, la Universidad de Almería, Diputación, Cámara de Comercio y Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Hasta el Defensor del Pueblo visitaba a finales de octubre la instalación y se comprometía a mediar con la Dirección General de Justicia Juvenil, pero el resultado no ha sido ni mucho menos el esperado como la Proposición No de Ley que elevó el PSOE y no secundaron los partidos del gobierno andaluz. “Todos los menores que han pasado por aquí han mejorado sus condiciones de vida, se han formado y encontrado un empleo, algunos se han quedado en la comarca y otros incluso han accedido a la Universidad”, comenta el primer edil purchenero Juan Miguel Tortosa.

El centro de menores con más de 15 años es un referente en la inserción laboral de los jóvenes y un instrumento imprescindible para los pueblos de esta comarca en la batalla permanente contra la despoblación. Si lo más importante son los menores, los trabajadores del centro exponen en su argumentario que se viene ofreciendo una atención inmejorable y como pruebas están los altos índices de reinserción laboral e inclusión social de los internos, con un proyecto específico en el que se implicó desde un principio el ayuntamiento y la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía. Hay jóvenes procedentes de otras provincias que han rehecho su vida allí porque han encontrado trabajo y se han casado.

De los contratos en empresas del mármol, construcción, mecánica o peluquería pasaron a escuelas taller de la concesionaria y en los últimos años vienen desarrollando un proyecto denominado Inserta (en colaboración con la Oficina de la Cámara Agraria) para el cultivo de tierras en desuso de la zona de patatas, pimientos, tomates, olivos... Talleres agrícolas que han sido otro granito de arena contra la despoblación que se diluye, al igual que la consolidación de los servicios que propicia el centro y sus internos que pueden optar a una formación reglada fuera del centro en institutos como el de Macael, Albox y Tíjola, además de la Escuela de Hostelería y la Escuela del Mármol de Andalucía. Es más, el IES Alto Almanzora contemplaba a corto plazo llevar a cabo en el CIMI las prácticas de su programa de educación dual de técnico en atención sociosanitaria.

Los adolescentes se han convertido en vecinos de la comarca que aprovechan su tiempo libre para ir a la autoescuela, de compras, a la piscina o enrolarse en los equipos de fútbol de la comarca siempre en compañía de los educadores. Estos jóvenes, que se refieren al centro como “el colegio”, también se han mostrado preocupados en los últimos días por la incertidumbre que genera el cierre y algunos se han ofrecido incluso a cambiar su programa de libertad vigilada por internamiento para quedarse en Purchena. Los menores dejarán de tener un recurso de atención especializada, perdiendo a su referente adulto alejado de un entorno familiar que suele ser complicado y a veces contraproducente. La distancia contribuye a la hora de empezar una nueva vida lejos de casa. Los casi 270 kilómetros que separan Purchena de Málaga o 150 de Granada permiten sacarlos de un foco delictivo al que no quieren volver. Pero la Junta ha dictado ya sentencia de muerte y el cierre es inminente.