Los abogados de los Prior ven a la Junta como responsable

Una vez estimado por el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de amparo interpuesto por los señores Prior, todas las actuaciones jurídicas practicadas hasta ahora son nulas lo que lleva a iniciar un nuevo proceso que de validez o invalidez a la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Vera para la construcción de la vivienda del matrimonio Prior, posteriormente derribada a instancias de la Junta .

En rueda de prensa celebrada en la tarde de ayer, el equipo de abogados encargado de la defensa de Leonard y Helen Prior, y según su portavoz, el letrado Paulo López Alcázar, "el fallo del Constitucional reconoce que el juez del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería no ha cumplido con la ley. Consideramos que fue una injusticia el trance por el que han pasado los señores Prior y que es el más desagradable que he tenido en mi carrera profesional". López Alcázar expuso que con la ejecución de la demolición de la vivienda de los Prior no se protegía ningún interés general, por lo que "nos dolió el empecinamiento de la Junta que, por claros motivos políticos al hallarse próximas las últimas elecciones cuando se llevó a cabo la demolición, así como la obstinación del Juzgado porque ambos sabían que el TC había admitido a trámite el recurso una vez que ya tenía recabadas las actuaciones y no hay que ser jurista experto para saber que no se puede juzgar a nadie sin ser oído". En este punto, los abogados no encuentran otra explicación al derribo más que haya "motivos políticos que enfrentan a dos Administraciones de distinto signo".

Los juristas del bufete ya han puesto en marcha un recurso de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Vera para que los señores Prior sean indemnizados lo más rápidamente posible. Por otra parte, han interpuesto querella criminal contra el juez del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo que no les ha sido admitido a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a pesar de que el auto reconoce que el juez erró. Entre otras posibilidades, los letrados estudian implicar en lo máximo que se pueda al juzgador "que de una manera empecinada se empeñó en tirar la vivienda de los señores Prior sin darles la mínima oportunidad de ser oídos. Ahora mismo la consecuencia principal de la sentencia del Constitucional es que se inicia de nuevo el procedimiento con la diferencia de que la vivienda está demolida, el daño material y moral ya está hecho".

De otro lado, los abogados del caso Prior hacen un llamamiento a las Administraciones implicadas y que al menos se disculpen por los daños y perjuicios que están sufriendo sus patrocinados.

Al bufete se les plantea el dilema de que si en el nuevo proceso se determina que la licencia urbanística es válida, la responsable es la Junta; sin embargo, si la licencia es invalidada, el responsable es el Ayuntamiento de Vera. Por lo tanto, es un problema determinar ahora la responsabilidad de cada Administración.

En este reparto de responsabilidades, el bufete establece el criterio de que el primer responsable "es el Ayuntamiento de Vera, después a la Junta y, por último, el juez del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Almería". Para López Alcázar, "la Junta podría haber utilizado las viviendas de los ciudadanos como arma arrojadiza entre unas Administraciones y otras. El Ayuntamiento de Vera ha incurrido en incuria, en dejadez, al no notificar a los señores Prior. Y el juez, pues dejémoslo en que se ha equivocado, pero el error judicial es fuente de daños y perjuicios".

A pesar de todo, los Prior afirman que "cuando recibamos la indemnización volveremos a construir la casa y viviremos en Vera".