Almería

El campo tiene sed, sin agua desalada y tirando la de la depuradora al mar

  • Ayuntamiento y regantes tratan en una reunión de limar asperezas en un clima tenso por los precios y por el cruce de acusaciones por vertidos en Costacabana de los que circula este vídeo en redes

Asamblea de regantes con asistencia de la concejal Margarita Cobos en la Casi

Asamblea de regantes con asistencia de la concejal Margarita Cobos en la Casi / Javier Alonso

3.200 hectáreas de cultivo que necesitan agua o, lo que es lo mismo, unas 2.000 familias titulares de explotaciones, y las correspondientes de los asalariados, esperan una solución de riego que no convierta en improductivas sus fincas en pleno mes ya de septiembre, clave para las cosechas. Reciben agua depurada gratuita, pero desde el pasado año aseguran que no les llega la suficiente, por lo que solicitan el auxilio temporal de la planta desaladora. Todo tiene su precio y el ofrecido por el Ayuntamiento de Almería es considerado “astronómico” y un “robo” y, entre tiras y afloja, se ha cruzado una denuncia que ha alejado aún más las posiciones: vertidos de aguas de la depuradora al mar, lo que podría constituir un delito medioambiental en el caso de no estuvieran debidamente tratadas.

Con estos mimbres, en la tarde de ayer las partes se reunían de nuevo para intentar acercar posturas que parten de la equidistante petición de agua desalada por parte de la Comunidad General de Usuarios de las Aguas Depuradas de la EDAR de Almería (CGUAL) y de la posición afirmativa del Ayuntamiento de colaborar con la agricultura almeriense, activando otro bastidor de la desaladora con el objetivo de cubrir el déficit hídrico del campo capitalino. Una de las trabas para firmar el acuerdo, en forma de convenio, es el precio del metro cúbico.

Es el mismo, según la concejal de Sostenibilidad Ambiental, que el aceptado en 2017, salvo que actualizado y con los costes de la electricidad encarecidos. Son 0,78 euros, si bien el coste real, a salida de desaladora y con las previsiones de consumo para 2021 superaría 1,92 euros, calcula el presidente de CGUAL, José Antonio Pérez. “Nos cuesta un riñón, nos parece sanguinario y las condiciones son inasumibles”, cuando, añade, el precio debería rebajarse al entrar en funcionamiento otro bastidor.

Los regantes de Níjar pagan el agua desalada a unos 0,54 euros con una cota de 300 metros, que dista del nivel del mar de la planta almeriense. “El precio no lo pone la concejala, lo ponen los técnicos sobre unos informes y parámetros que yo no me puedo saltar como si estuviéramos en un ayuntamiento del siglo pasado”, mantiene Margarita Cobos, quien agrega que la planta desaladora, al no estar al cien por cien activada se encuentra, además, en un punto donde la producción es la más cara, a diferencia de la nijareña.

Entre esta disputa numérica, ha saltado otra cuestión. El primero en lanzarla, haciendo alusión a vídeos en circulación en móviles y redes sociales, fue el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla. Son vertidos de agua de la depuradora al mar. En concreto, en Costacabana. La concejal del Ayuntamiento no niega que estos vertidos se estén produciendo. Es más, asegura que el aliviadero de Costacabana lo constata mediante un sistema de control, por lo que acusa a CGUAl de “haber estado vertiendo al mar más agua depurada de El Bobar que el Ayuntamiento les da a coste cero de la que pidieron de la desaladora” y exige explicaciones.

Las ha dado el presidente de CGUAL, así como Francisco Belmonte, representante de la Asociación de Pozos y Norias, presente también en la asamblea de ayer, convocada por la Asociación en Defensa de la Agricultura en las instalaciones de la Casi. Pérez mantiene que la Comunidad General no tiene ninguna conexión con el emisario, “por lo que es del todo imposible que CGUAL esté tirando agua al mar”, así como que los vertidos que se observan en los vídeos son de aguas residuales sin depurar. “No somos tontos, cómo vamos a tirar agua que no nos cuesta dinero para pedir desalada por la que nos piden un riñón”, plantea, advirtiendo que, “de confirmarse que el Ayuntamiento está tirando agua al mar, estaría incumpliendo lo establecido en la concesión de agua depuradas otorgada a CGUAL, en donde se dice taxativamente que la depuradora tiene la obligación de entregar a CGUAL la totalidad del agua depurada que produzca, por lo que la Jefatura del Dominio Público debería intervenir”.

Margarita Cobos, concejal de Sostenibilidad Ambiental, durante una de sus intervenciones en la asamblea de regantes Margarita Cobos, concejal de Sostenibilidad Ambiental, durante una de sus intervenciones en la asamblea de regantes

Margarita Cobos, concejal de Sostenibilidad Ambiental, durante una de sus intervenciones en la asamblea de regantes / Javier Alonso

Cobos ha ofrecido a los regantes un día de puertas abiertas para que comprueben las instalaciones, mientras que Belmonte, incluso, va más allá apuntando a un posible provecho de la situación de la concesionaria. “¿Qué intereses hay? ¿Lleva Aqualia la depuradora?, ¿lleva Aqualia la desaladora?” La postura, no obstante, de esta asociación de regantes difiere de la Comunidad General, entre las que subsisten diferencias de fondo. Belmonte acusa a CGUAL de “intentar quedarse con el monopolio del agua”.

Advierte esta asociación de que los pozos del Bajo Andarax están sobreexplotados, ya que la desaladora capta agua de los mismos y no en su totalidad del mar, por lo que abogan por acometer una obra de urgencia con un nuevo sondeo bajo el mar, que permita la puesta en marcha de más bastidores sin poner en riesgo el futuro de los cauces naturales.

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