Almería pierde suelo fértil: más de 30 municipios están ya en riesgo grave
Tienen más del 15 % de su superficie en niveles de pérdida de suelo alta o muy alta, lo que evidencia un deterioro físico del terreno que compromete su capacidad para sostener vegetación, cultivos o biodiversidad
La erosión no hace ruido. No se nota de un día para otro. Pero avanza. Y en la provincia de Almería, los datos de 2022 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía confirman una tendencia silenciosa: más de una treintena de municipios presentan ya niveles preocupantes de pérdida de suelo fértil, un fenómeno estrechamente vinculado con la desertificación.
Según las cifras oficiales, al menos 33 municipios almerienses tienen más del 15 % de su superficie en niveles de pérdida de suelo alta o muy alta, lo que evidencia un deterioro físico del terreno que compromete su capacidad para sostener vegetación, cultivos o biodiversidad.
Los municipios más perjudicados
Aunque la provincia no aparece entre las más extremas de Andalucía en los valores absolutos, la situación es seria. Sorbas, por ejemplo, encabeza el listado con un 20,6 % de su suelo en niveles críticos de degradación. Le siguen Lucainena de las Torres (16,3 %) e Íllar (15,2 %), pueblos que combinan un entorno natural frágil con laderas escarpadas y baja cobertura vegetal.
La pérdida de suelo fértil se produce cuando las capas superiores del terreno —las más ricas en nutrientes— son arrastradas por el viento o el agua. En zonas como las del interior almeriense, donde la pendiente supera el 30 % en muchas parcelas, este fenómeno se acelera, sobre todo tras episodios de lluvia torrencial.
Además, el clima semiárido de buena parte de la provincia actúa como un agravante. En ausencia de vegetación densa, el suelo queda desprotegido. Las raíces no lo fijan, la tierra se desprende, se pierde la humedad… y se inicia un círculo vicioso que conduce a la degradación ecológica y productiva.
El mapa elaborado a partir de los datos del IECA muestra una distribución bastante homogénea del problema. No se trata de casos aislados, sino de una tendencia amplia, que afecta desde el Levante almeriense hasta la Alpujarra y el Alto Andarax.
En estos municipios, el riesgo no solo es ambiental. La pérdida de suelo fértil puede traducirse, a medio plazo, en problemas agrícolas, descenso de rendimiento y un aumento en la necesidad de fertilizantes o sistemas artificiales de retención de agua.
Especialmente vulnerables son los municipios con suelos frágiles y pendientes acusadas. En algunos de ellos, como Uleila del Campo, Turrillas o Terque, la combinación de clima seco, presión agrícola y escasa vegetación acelera un proceso que ya está en marcha.
Abandono del medio rural
Además, el abandono del medio rural en ciertas zonas ha favorecido la pérdida de terrazas agrícolas tradicionales, que ayudaban a frenar la erosión. Hoy, muchas de esas laderas quedan expuestas al arrastre y al sol constante, sin protección frente al desgaste natural.
Por su parte, la Junta de Andalucía reconoce desde hace años a Almería como una de las provincias con mayor riesgo potencial de desertificación. De hecho, la comarca de Tabernas es un espacio piloto para estudios sobre degradación del suelo en Europa.
La erosión, sin embargo, no se combate con una única medida. Requiere una combinación de restauración vegetal, gestión sostenible del agua y reordenación del uso del suelo. Para muchos expertos, lo más urgente es “evitar seguir perdiendo lo que aún queda sano”.
A nivel técnico, los informes subrayan que el principal motor de degradación no es tanto el cultivo intensivo, sino el abandono del terreno tradicional, el sobrepastoreo y la pérdida de vegetación natural, sobre todo en zonas de pendiente fuerte.
En este contexto, programas de reforestación adaptada, recuperación de bancales y seguimiento satelital del uso del suelo podrían ser clave para frenar el deterioro en zonas sensibles.
Mientras tanto, la tierra sigue escapándose. No de golpe. Pero sin pausa. Y aunque Almería aún conserva importantes zonas productivas, el 15 o 20 % de superficie degradada en decenas de municipios debería ser una señal de alerta.
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