El Almanzora de Almería, bajo lupa: Fines y Tíjola, los otros dos vértices del triángulo judicial de la Diputación

La investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería no solo cerca a la Presidencia provincial. El auto del 17 de noviembre revela dos ramales clave en el interior de la provincia —Fines y Tíjola— donde, según los indicios judiciales, se habría articulado un sistema paralelo de adjudicaciones, testaferros y sociedades instrumentales destinado a absorber fondos públicos tanto de la Diputación como de ayuntamientos del Almanzora. La instrucción dibuja un escenario en el que la cúpula provincial, el 'clan de los Rodrigos' de Fines y el círculo empresarial de Tíjola conformarían una presunta estructura lista para direccionar contratos y mover dinero opaco alejado del circuito legal.

Fines: El “concierto” de los Rodrigos

Mientras la UCO registraba la planta noble de la Diputación, otra unidad se desplegaba en Fines, señalado en el Auto como segundo epicentro de la trama. Allí, el magistrado identifica a Rodrigo Sánchez Simón, alcalde del municipio, y a su hijo Rodrigo como los líderes de una red local que habría operado mediante “personas interpuestas” para dirigir contratos hacia empresas afines. El juez sostiene que ambos habrían impulsado una alianza empresarial y política para captar fondos públicos a través de un tejido de sociedades instrumentales.

La empresa OYC Servicios Urbanos, S.L. aparece como la herramienta central de esta operativa. El auto describe una evidencia de “concierto previo” para que esta sociedad resultara “adjudicataria de 17 contratos públicos”, tanto procedentes de la Diputación —a través del área de Fomento y Presidencia— como del propio Ayuntamiento de Fines. Lo que ha hecho saltar las alarmas de la UCO es que, según el Auto, OYC estaba presuntamente controlada por personas interpuestas por los Rodrigos, lo que apunta a un control oculto de la mercantil por parte de los dos investigados. El relato judicial sugiere que esta estructura operaba como un mecanismo estable para canalizar licitaciones hacia una empresa que actuaba, en realidad, como extensión de los intereses del clan.

La base física de la operativa también ha sido objeto de registro. El auto señala el negocio de automoción “CARS RODRIGO” como domicilio social de varias mercantiles vinculadas a Rodrigo hijo y probable centro neurálgico de la gestión de expedientes y soportes informáticos. Tras la fachada de un establecimiento de coches, la UCO sospecha que se ocultaba la oficina real de la trama, motivo por el cual el juez autorizó la entrada y registro para obtener documentación que pudiera acreditar el amaño de contratos o la existencia de sociedades pantalla.

El entramado societario se amplía con GESA Andalucía 2004, S.L., sociedad igualmente relacionada con la red de Fines. El juez ha dictado el bloqueo e inmovilización de varios vehículos de alta gama titularidad de esta empresa, identificados por sus matrículas, al considerar que podrían formar parte del patrimonio real a disposición de la estructura investigada. Esta medida se adopta para evitar una posible descapitalización mientras la investigación avanza.

El cerco se refuerza con un requerimiento a la Agencia Tributaria para obtener toda la información sobre los dos Rodrigos y sus mercantiles desde 2016 hasta la actualidad, así como el bloqueo de sus cuentas, depósitos y productos financieros. Para el magistrado, el objetivo es reconstruir cómo los fondos procedentes de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines habrían terminado nutriendo el patrimonio personal de los investigados mediante un entramado de empresas amigas y testaferros.

Tíjola: Las cajas fuertes bloqueadas de José Juan Martínez

La onda expansiva de la operación alcanza también a otro de los pesos pesados del gobierno provincial: José Juan Martínez Pérez, diputado delegado de Captación de Fondos Europeos y alcalde de Tíjola. Aunque el grueso del auto se centra en la Presidencia y en el eje de Fines, como demuestra que Martínez Pérez fuese sólo investigado pero no detenido, el magistrado dedica un apartado específico a las medidas cautelares de aseguramiento patrimonial sobre este regidor, señalándolo en una lista de personas a las que se les debe bloquear el acceso a las cajas de seguridad bancarias.

En el apartado J de la parte dispositiva, el juez ordena a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito que “se bloqueen y se impida el acceso” a las cajas de seguridad de una serie de investigados. Entre ellos figura expresamente José Juan Martínez Pérez, acompañado en el mismo listado por E. F. R., esposa del alcalde. La inclusión del diputado en esta medida indica que el juez considera indiciariamente relevante su posible participación en la gestión de dinero en efectivo no declarado o en operaciones patrimoniales susceptibles de investigación penal.

La parte dispositiva del auto también ordena una batería de requerimientos a la Diputación Provincial para obtener todos los expedientes adjudicados a Inversiones y Promociones Tagilis, S.L. y Constijola, S.L, dos empresas con actividad principal en el entorno de Tíjola. La investigación se centra en contratos otorgados entre febrero de 2019 y finales de 2020, un periodo en el que Tagilis acumuló numerosas adjudicaciones —con fechas destacadas en mayo, junio, julio y octubre de 2020— y en el que Constijola recibió obras adjudicadas en mayo, octubre y diciembre de ese mismo año. El juez trata de determinar si existió un patrón de favoritismo o direccionamiento en la contratación de obra pública en la comarca del Almanzora.

Entre los expedientes requeridos destaca uno por su singularidad: la obra de “adecuación de la Piscina Municipal de Chirivel”, adjudicada a Tagilis por “93.709,44 euros” y formalizada el 4 de agosto de 2020. La UCO solicita ahora toda la documentación relativa a este contrato para comprobar su trazabilidad, legalidad y condiciones de adjudicación.

El cerco financiero sobre el ramal de Tíjola se completa con la inclusión de Inversiones y Promociones Tagilis, S.L. y Constijola, S.L. en la lista de empresas sujetas al bloqueo de cajas de seguridad, lo que confirma que el juez ve indicios suficientes para extender las medidas cautelares más contundentes a estas dos sociedades.

Un triángulo provincial bajo investigación

Las piezas que emergen del sumario conforman un mapa en el que Presidencia, Fines y Tíjola actúan como los tres vértices de un triángulo judicial. Según los indicios recabados, este entramado habría servido para controlar obra pública, gestionar sociedades interpuestas y mover dinero opaco a través de vías ajenas al circuito legal. Los bloqueos de cajas fuertes, las entradas y registros, la petición masiva de expedientes y los indicios acumulados desde 2016 anticipan una segunda fase de la investigación en la que la UCO deberá reconstruir las conexiones internas de un caso que ya no afecta solo a la cúspide institucional, sino al propio corazón político y económico del Almanzora.