Los cacheos en la cárcel de la asesina de Gabriel no han hallado por ahora teléfonos móviles

Los registros y cacheos realizados hasta la fecha en la prisión de Brieva (Ávila), donde Ana Julia Quezada cumple condena por el asesinato del niño Gabriel Cruz, no han revelado la existencia de ningún teléfono móvil en su poder. Así lo ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha insistido en que “no ha aparecido ningún tipo de terminal” durante las actuaciones rutinarias llevadas a cabo en el centro penitenciario. No obstante, la investigación judicial sigue abierta y bajo secreto de sumario, en un caso que ha generado profunda alarma social y que ha vuelto a conmocionar a la familia del menor asesinado.

Según informa la Agencia EFE, las diligencias están siendo dirigidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila, que mantiene una investigación por un presunto delito de cohecho cometido por un funcionario de la prisión. Este habría facilitado supuestamente un teléfono móvil a Quezada a cambio de favores sexuales. La propia madre de Gabriel, Patricia Ramírez, denunció públicamente este miércoles que ha recibido amenazas desde el interior del centro penitenciario, lo que ha desatado una oleada de reacciones institucionales.

El Gobierno asegura apoyo a la madre de Gabriel

El delegado del Gobierno en Andalucía ha querido trasladar públicamente su “solidaridad, apoyo y cariño” a Patricia Ramírez, asegurando que las instituciones están “muy pendientes” de la situación. Fernández ha indicado que tanto el secretario de Estado de Seguridad como el secretario general de Instituciones Penitenciarias han mantenido reuniones con ella en los últimos días, para ofrecerle explicaciones y respaldo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se ha pronunciado desde Soria sobre este asunto, reafirmando que desde el primer momento han mostrado “una absoluta empatía” con la madre del menor asesinado. “Mi mayor solidaridad, como no podía ser de otra forma, con Patricia Ramírez. Evidentemente esa solidaridad la hemos mantenido desde el primer momento”, ha declarado el ministro, que ha reconocido haber mantenido él mismo alguna reunión previa con la afectada.

Grande-Marlaska ha subrayado que tanto él como los altos cargos de su ministerio han estado y siguen estando “a disposición de Patricia Ramírez para colmar cualquiera de sus preocupaciones y dar las explicaciones necesarias y precisas”. En ese sentido, ha recordado que el caso está judicializado y ha pedido “dejar que la investigación se desarrolle con normalidad y rigor”.

Investigaciones penales y administrativas abiertas

A pesar de que hasta el momento no se ha encontrado ningún dispositivo en poder de Ana Julia Quezada, el procedimiento judicial avanza con la hipótesis de que pudo haberse producido una “interconexión telefónica” desde el interior de la prisión hacia Patricia Ramírez, como consecuencia de una presunta conducta delictiva de uno o más funcionarios. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el funcionario principal investigado está acusado de cohecho, aunque el juzgado continúa practicando diligencias para determinar si existen más implicados.

De hecho, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha confirmado que son dos los trabajadores de la prisión que están bajo investigación por parte de la Guardia Civil. Ambos habrían prestado un “trato de favor” a la interna a cambio de favores sexuales, una circunstancia especialmente grave dada la naturaleza del delito por el que cumple condena Quezada —prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel, cometido en febrero de 2018 en la localidad de Las Hortichuelas (Níjar, Almería)—.

En paralelo a la vía judicial, se había iniciado también una investigación administrativa por parte de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, Pedro Fernández ha señalado que dicha investigación se encuentra en este momento “interrumpida, en suspenso”, precisamente para no interferir en el proceso judicial en curso.

Protección a la víctima y garantías judiciales

Respecto a la petición de mayor protección institucional formulada por Patricia Ramírez —quien denunció esta semana sentirse “desprotegida” y “amenazada” por la autora del crimen desde el interior de la prisión—, el delegado del Gobierno ha recordado que será el propio Juzgado de Ávila el que determine si existen indicios suficientes para adoptar medidas adicionales de seguridad o protección. “Será el juzgado quien tenga que determinar si finalmente hay o no algún tipo de hecho que ponga de manifiesto esa situación”, ha apuntado Fernández.

La denuncia de Patricia Ramírez, acompañada de una emotiva comparecencia ante los medios de comunicación, ha reavivado el dolor de un caso que marcó a la sociedad almeriense y española. Su hijo Gabriel, de ocho años, fue asesinado por Ana Julia Quezada, pareja del padre del menor, tras una desaparición que mantuvo en vilo al país durante trece días. El crimen, ejecutado con frialdad, culminó con el hallazgo del cuerpo del niño en el maletero del coche de la autora confesa, que trató de desviar la investigación y simular su implicación en la búsqueda.