El ‘caso Dryden’ escala a la vía diplomática: el Gobierno británico se reunirá con la familia tras los indicios de homicidio

La lucha de la familia de Brett Dryden para esclarecer la muerte del joven empresario en Mojácar ha traspasado la barrera judicial para instalarse en el corazón de la diplomacia británica. Tras más de un año y medio de reveses en los juzgados de Almería y de sostener una investigación paralela, Sandra Dryden, madre del fallecido, ha logrado un hito político: el Gobierno del Reino Unido ha accedido a revisar el caso al más alto nivel.

El próximo 2 de marzo, la familia será recibida en Londres por Stephen Doughty, ministro de Estado para Europa, América del Norte y Territorios de Ultramar. Esta cita marca un punto de inflexión en la actitud del ejecutivo británico, que hasta ahora había rechazado involucrarse en el proceso. Según ha explicado la madre a Diario de Almería, en un principio las autoridades de su país "dijeron que no" a cualquier intervención, ya que "estaban bajo la impresión de que Brett había muerto por causas naturales", basándose en los primeros informes remitidos desde España.

Sin embargo, la tenacidad de la familia y la intermediación de su diputado en la Cámara de los Comunes han forzado un cambio de postura. El detonante ha sido la evidencia científica que desmonta la versión oficial española. Brett Dryden, de 35 años, fue hallado muerto en su casa de la zona de Ventanicas-El Cantal el 21 de julio de 2024. Aunque la autopsia en Almería apuntó a una muerte accidental por reacción a estupefacientes, una segunda autopsia realizada en noviembre de 2025 en el Reino Unido —tras la repatriación del cadáver— concluyó que el joven presentaba lesiones de una agresión violenta.

El informe del doctor P.N. Cooper, patólogo del Ministerio del Interior británico, fue determinante: Brett sufrió un "traumatismo craneal contuso" y murió asfixiado por su propia sangre tras quedar inconsciente. Estas conclusiones, unidas al hecho de que el cadáver llegó a Inglaterra sin corazón ni riñón (retenidos en España), han sido claves para que el ministerio que dirige Doughty acepte ahora escuchar a la familia y, potencialmente, interceder ante las autoridades españolas para que se tome en serio la línea del homicidio.

La reunión diplomática llega en un momento crítico del proceso. En España, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera mantiene el archivo provisional de la causa. Pese a que la Guardia Civil reconstruyó los hechos como un robo con violencia —dos encapuchados entraron en la casa, estuvieron 15 minutos y huyeron con un iPhone 15 Pro y 8.000 euros—, el juez decretó el sobreseimiento al no poder identificar nominalmente a los autores. Ni el rastro del móvil hasta una vivienda de delincuentes en Vera ni las cámaras de seguridad fueron suficientes para imputar a nadie.

Ante este bloqueo, la familia ha desplegado una estrategia en varios frentes. En el ámbito de la investigación, han contratado detectives privados cuyos hallazgos han sido remitidos al juzgado español, aunque por el momento la respuesta ha sido el silencio. En el frente social, el pasado mes de diciembre lanzaron una oferta de recompensa de 20.000 euros para quien facilite información que conduzca a una condena.

Ahora, se abre también el frente mediático y social en el Reino Unido. La productora televisiva ‘Hello Mary’ ha iniciado los contactos con la familia para rodar un documental sobre el caso, atraída por las incógnitas de una muerte violenta en un destino turístico popular tratada burocráticamente como un accidente.

En este proceso, la familia cuenta con el respaldo de ‘Murdered Abroad’ (Asesinados en el Extranjero), una organización no gubernamental fundada por familiares de víctimas de crímenes violentos fuera del Reino Unido. Esta entidad, que lucha contra la indefensión que sufren las familias al enfrentarse a sistemas legales, idiomas y burocracias desconocidas, está asesorando a Sandra Dryden. El objetivo de la reunión del 2 de marzo con el ministro Doughty es claro: lograr que la presión política obligue a reabrir el expediente en España y que la muerte de Brett deje de ser, a ojos de la justicia, un simple accidente para ser investigada como lo que la ciencia británica dice que fue: un crimen.