Comerciantes de Plaza de Pavía denuncian la "insostenible discriminación” del Ayuntamiento de Almería

La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía, ubicada en el corazón del barrio de Pescadería, vuelve a lanzar una dura crítica contra el Ayuntamiento de Almería por lo que consideran una política de inversiones que favorece sistemáticamente a las zonas más privilegiadas de la ciudad en detrimento de barrios históricamente marginados. Los comerciantes denuncian que mientras el Paseo de Almería —zona de las más altas rentas per cápita del municipio— ha recibido más de 210.000 euros en ayudas directas a través de campañas como “El Paseo, paso a paso”, la Plaza de Pavía no ha visto reflejado un solo euro en iniciativas similares. La campaña incluye bonos al consumo con una bonificación del 25% para compras entre 20 y 200 euros y 874.500 minutos gratuitos de aparcamiento. Además, se han destinado 130.185 euros adicionales a asociaciones comerciales de otros barrios, dejando fuera nuevamente a la Plaza de Pavía.

“Nos separan apenas 925 metros, pero la brecha de oportunidades es enorme”, ha señalado Valentín S. Rojas, portavoz de la asociación. “Es inadmisible que se concentren los esfuerzos institucionales en zonas ya favorecidas mientras se deja a barrios como el nuestro en la cuneta”. El impacto de esta exclusión se ve agravado por la reciente implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que afecta directamente a la Plaza de Pavía al restringir la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas. Aunque la medida busca reducir la contaminación, los comerciantes critican la falta de medidas compensatorias. En su manifiesto, la asociación lanza un llamamiento a la ciudadanía y a otros colectivos vecinales para unirse a esta causa: “No hay ciudad justa sin barrios fuertes. No puede haber cohesión sin equidad. Porque el desarrollo no se mide solo en euros invertidos en el centro, sino en oportunidades repartidas para todos.”

La Asociación pretende elevar su queja ante el Defensor del Pueblo Europeo basando su demanda, precisamente, en que la discriminación que se hace apoyada en la injusta aplicación de fondos europeos, es una práctica de mala administración por parte de las instituciones europeas. Así, entiende que si la calle no tiene fuerza para exigir equidad, que sea el financiador de esa discriminación, el responsable de esa distribución impropia o diferente de aquélla para la que se idearon esos fondos, el que imponga una rectificación de las políticas de distribución, una mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones y una estrategia urbana que no profundice las desigualdades, sino que promueva el desarrollo equilibrado de toda Almería.