La defensa de la pareja de la madre de Lucca pide anular el registro de la vivienda por hacerse "a sus espaldas"

La defensa de Juan David R.C., en prisión provisional por la muerte de Lucca, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Vera la nulidad radical de la diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de la pareja, alegando que se realizó sin la presencia del detenido a pesar de que este ya se encontraba bajo custodia policial.

En un escrito presentado este lunes, el abogado Manuel Martínez Amate exige que se declare nulo el registro efectuado el pasado 4 de diciembre a las 17:15 horas y que, en aplicación de la doctrina del "fruto del árbol envenenado", se expulsen de la causa todas las pruebas halladas en la vivienda (los 17 indicios listados en el acta policial), así como los informes periciales derivados de ellas.

El letrado argumenta que su cliente fue detenido horas antes de la práctica de dicha diligencia y que, estando "perfectamente localizado y privado de libertad", no fue trasladado al domicilio para estar presente durante el registro, ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a ese derecho, vulnerando así el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el derecho fundamental a la defensa y a la inviolabilidad del domicilio.

La solicitud de nulidad denuncia además una "evidente colisión de intereses", ya que el registro se llevó a cabo con la única presencia de la otra detenida, la madre del menor, Bárbara Ysmar Bravo. La defensa sostiene que ella no podía garantizar los derechos de Juan David, dado que el juzgado ha derivado parte de la causa a violencia de género, situándola a ella como supuesta víctima y a él como presunto agresor.

"La ejecución del registro sin el detenido, estando este a disposición policial, convierte la diligencia en un acto inquisitivo, incontrolado por la defensa de quien reside en la vivienda", reza el escrito.

Esta maniobra legal se suma a la reciente estrategia de la defensa, que ha aportado audios del menor y un informe toxicológico que confirma la ingesta de ibuprofeno y descarta agresiones sexuales, intentando demostrar que la muerte fue un homicidio imprudente por "praxis ritual fallida" y no un asesinato.