El Defensor del Pueblo Andaluz investiga las demoras y recortes en la atención temprana infantil en Almería

El Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado a la Junta de Andalucía un informe detallado sobre la situación actual de la atención infantil temprana en la provincia de Almería, ante las demoras, recortes y carencias estructurales que vienen siendo denunciadas tanto por familias afectadas como por profesionales del sector. La petición se enmarca en una actuación de oficio formulada en el expediente 25/5335 y dirigida a la Secretaría General de Planificación Asistencial y Consumo, órgano competente en la ordenación y evaluación de este servicio.

En concreto, el Defensor reclama:

• Datos actualizados sobre los tiempos de espera reales para el inicio de las terapias en cada provincia andaluza.
• Información sobre las estrategias adoptadas en Almería para reducir las listas de espera, en particular aquellas que han implicado una reducción en la frecuencia, duración o número de sesiones asignadas, sin justificación clínica.
• El estado de reformulación de los pliegos anulados en diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
• Si está prevista la creación de una mesa técnica con participación de profesionales, familias y entidades del sector.
• La relación entre la oferta actual de sesiones y la demanda real, así como la previsión de aumento de sesiones en la próxima licitación.
• Si se contempla exigir formación especializada (máster) como requisito obligatorio, en línea con lo recogido en el artículo 20.2 de la Ley 1/2023, de 16 de febrero, por la que se regula la atención temprana en Andalucía.
• Una valoración del impacto que tienen sobre la calidad del servicio tanto la alta rotación de personal como la reducción de sesiones ya asignadas a menores en tratamiento.

Estas solicitudes se producen tras comprobar que, lejos de corregirse, las deficiencias ya detectadas en 2024 persisten durante 2025. El Defensor alerta especialmente de los casos en los que se ha reducido la atención a menores no por evolución clínica favorable, sino como estrategia para atender nuevas solicitudes.

A lo largo de 2024, la institución recibió varias quejas desde Almería por dilaciones excesivas en el acceso a los CAIT (Centros de Atención Infantil Temprana), en algunos casos superiores al año. La Delegación Territorial de Salud y Consumo atribuyó entonces la situación a factores como el aumento de diagnósticos, el crecimiento poblacional, la escasez de profesionales especializados y la complejidad de las evaluaciones individuales. En la última licitación del servicio, se concertaron 130.462 sesiones para toda la provincia de Almería, repartidas entre 19 centros.

No obstante, la oferta sigue siendo insuficiente y ha obligado a aplicar criterios técnicos de priorización para el acceso, sin que sea posible prever un tiempo de espera concreto para cada caso. El Defensor recuerda en este punto que la Ley 1/2023 fija un plazo máximo de tres meses para iniciar la intervención desde que se adopta la decisión favorable a la atención.

Además de las quejas de familias, en febrero de 2025 se recibió un escrito firmado por más de 480 profesionales de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, en el que se advierte de una situación crítica en el conjunto de la comunidad autónoma. El colectivo denuncia una precariedad estructural agravada por condiciones laborales y salariales que no se corresponden con la formación y responsabilidad exigidas a perfiles como psicólogos, logopedas y fisioterapeutas. La formación especializada en atención temprana no es obligatoria en los pliegos actuales, lo que permite clasificaciones profesionales inferiores y, por tanto, una menor retribución.

Los profesionales alertan también de que algunas entidades adjudicatarias no están pudiendo aplicar las subidas salariales recogidas en el convenio estatal, recurriendo al procedimiento de descuelgue, y que esta situación fomenta la rotación del personal y merma la calidad del servicio. El borrador del Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía reconoce expresamente estas debilidades.

En mayo de 2025, el Defensor recibió también una queja de la Plataforma de Afectados por la Atención Temprana de Almería, que afirma contar con más de 11.000 firmas y estar en proceso de constituirse como Asociación ATIENDA. Entre sus principales demandas figuran:

• Que se investigue en profundidad la reducción de sesiones sin justificación clínica.
• Que se garantice una atención sanitaria conforme a los estándares exigidos de calidad, duración y frecuencia.
• Que se agilice la aprobación del plan integral autonómico.
• Que se garantice la transparencia en los plazos de acceso.
• Y que se actualice el precio por sesión, para asegurar la viabilidad económica de los centros.

Con esta actuación, el Defensor del Pueblo Andaluz quiere recabar toda la información necesaria para evaluar si se están cumpliendo los plazos legales y los estándares de calidad recogidos en la normativa andaluza, tanto en términos de acceso como de continuidad y especialización del personal que atiende a la población infantil con necesidades de atención temprana.